Las controvertidas Zonas de Bajas Emisiones gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid (ZBE) asumen en este 2025 un tiempo clave para su supervivencia. Tras una nueva moratoria del consistorio de la capital de un año para los residentes que se encuentren dentro de estas zonas y una serie de excepciones que buscan mitigar fallos judiciales en su contra.
Pero para evitar líos vamos a contar como quedan las ZBE madrileñas para todos los posibles usuarios de las mismas en este año recién estrenado. Un periodo en el que la capital endurecerá significativamente la normativa al respecto. Este endurecimiento marcará el inicio de un nuevo tipo de movilidad dentro de Madrid, que tiene como fin, según el Ayuntamiento, mantener la calidad del aire y la salud de los madrileños.
Los vehículos que peor lo tienen y que van a ser los más afectados por esta medida son los que tienen la etiqueta A. Son los modelos de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006. Estos no podrán circular por el termino municipal incluido la M.-30, unos 15.000 vehículos van a verse afectados por esta medida.
PERIODO DE AVISO Y DERROTA JUDICIAL
Pero estas normas no serán de efecto inmediato. El consistorio ha considerado justo un año de transición para los residentes de las zonas afectadas que sean usuarios de los vehículos. Para ello, utilizará la figura aséptica del aviso a los conductores que circulen e infrinjan estas normas. Es decir, no serán sancionados con los 200 euros correspondientes a este tipo de multas hasta 2026.
En su lugar recibirán una notificación informativa con el fin de facilitar la adaptación de los afectados por esta restricción. Una moratoria que para algunos ha llegado tarde, pues ya se deshicieron de sus coches.
Un hecho que para algunos ciudadanos ha sido un duro golpe a la economía familiar puesto que sus vehículos antiguos eran en muchas veces su forma para ir a trabajar, a consultas médicas y situaciones similares. Sus bajas rentas no habían permitido mejorar esos vehículos privados y en muchos el transporte público no cubre del todo esas necesidades. En cualquier caso, el 1 de enero de 2026 la moratoria llegará a su fin y las sanciones económicas serán efectivas.
Todo esto a la espera del recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid al Tribunal Superior de Justicia e Madrid. El mismo tribunal dio la razón a Vox, que fue quien denunció la ordenanza municipal que regulaba las ZBE. Y en primera instancia el partido ultra liberal ganó esa demanda. La sentencia, no firme todavía, da la razón a Vox señalando que la actual normativa discrimina a las personas con menos poder adquisitivos, incapaces de renovar sus vehículos privados.
Por el momento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se resiste presentando un recurso con el fin de parar el tema de momento. Ganar tiempo y aplicar moratorias es el objetivo. Aunque el motivo dado por el edil es que los servicios jurídicos del consistorio se lo recomendaron. Pero es que la realidad de una sanción pende sobre las arcas del Ayuntamiento.
Por un lado existe la posibilidad de tener que devolver los 330 millones en los que se ha cifrado lo recaudado hasta el momento en multas por estas medidas que ya fueron rechazadas por el TSJM. Por otro lado, está la posibilidad real de la anulación total de las ZBE, algo que puede volver a complicar la calidad del aire de la ciudad de Madrid, que puede sufrir multas millonarias desde el seno de la Unión Europea (UE) por este motivo.
Sea como fuese, fuentes cercanas al consistorio madrileño comentan que es casi imposible e inviable que se retorne a la situación anterior a este normativa. Debido principalmente a las demandas y advertencias que vienen desde la UE en temática medio ambiental y descarbonización.
Una normativa esta que se implanta en el plan Madrid 360, que desde 2022 ha promovido la reducción de óxidos de nitrógeno en la capital. Con la eliminación progresiva de los vehículos más contaminantes, Madrid espera cumplir los nuevos límites de dióxido de nitrógeno fijados por la Unión Europea para 2030, según lleva indicando el Ayuntamiento de Almeida desde hace cuatro años.
EXCEPCIONES ESPECIALES
Mientras todo se decide en los tribunales el consistorio quiere guardarse las espaldas y ha previsto ciertas excepciones para casos especiales y sortear así la norma. A esas excepciones se puede agarrar los vehículos históricos, las personas con movilidad reducida y los de emergencia. Aunque desde el gobierno municipal señalan que de momento estas excepciones será temporales, no permanentes, hasta que se ajuste de todo el asunto.
Dentro de estos grupos también se permitirá el acceso a los autónomos de más de 59 años que tengan en su poder una flota de automóviles que cumplan los requisitos. También pueden acceder las personas que hayan comprado un vehículo de bajas emisiones, pero que no lo hayan recibido aún debido a retrasos en la fabricación.
Por supuesto, desde el Ayuntamiento también han contemplado facilitar el acceso a las ZBE a las personas que tengan que desplazarse por motivos médicos. Estas solicitudes serán presentadas según proceso oficial instaurado por el Ayuntamiento de Madrid.
Todas están mediadas buscan paliar el impacto entre la gente más vulnerable, algo a lo que se agarró el TSJM para dar la razón en su sentencia a Vox, el principal escollo para Almeida y su ejecutivo a la hora de mantener la normativa.
