El año 2025 ha comenzado con problemas no nuevos, pero sí cuando menos molestos para el gobierno de Pedro Sánchez. Los protagonistas en esta ocasión vuelven a ser el ex ministro José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García; el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama; la esposa del presidente, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como protagonistas del escenario judicial.
Los próximos 8 y 9 de enero declaran en el juzgado Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe del Gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y dos periodistas que publicaron los famosos correos entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta. Todos declaran como testigos en la causa que se instruye sobre la filtración de los correos del abogado de González Amador, mientras éste era inspeccionado por Hacienda. El Supremo también tomará declaración en calidad de testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos Julián Salto, además de a los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado.
DAVID SÁNCHEZ, HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ
También el día 8 de enero, pero en esta ocasión en Badajoz, la juez que instruye la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tomará declaración como testigos a Evaristo Valentí, anterior director del conservatorio Bonifacio Gil, María del Rosario Mayoral, actual directora del mismo centro y a Yolanda Sánchez Baltasar, directora del conservatorio profesional Juan Vázquez. Tras ellos la juez preguntará a tres peritos que elaboraron el informe de Hacienda sobre David Sánchez: María Encarnación Cabezas, inspectora regional de Extremadura, Emilio Hurtado, jefe de la dependencia regional de Gestión tributaria de Extremadura y a la delegada especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos.
El 9 de enero la misma juez pacense tomará declaraciones, pero esta vez como investigados, al propio David Sánchez, jefe de la Oficina de Artes Escénicas, luego a Miguel Ángel Gallardo, presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano, anterior responsable de Cultura, Cristina Nuñez, diputada provincial cuando se produjo la contratación y Juana Cintas, Directora de Recursos Humanos de la Diputación. Los otros cuatro funcionarios llamados a declarar el día 10 lo harán el día 17 de enero por la imposibilidad del abogado de Sánchez de estar presente en los interrogatorios.
BEGOÑA GÓMEZ, ESPOSA DE PEDRO SÁNCHEZ
Por su parte, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid seguirá su investigación contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo y ha citado para el 22 de enero a los responsables de Google, Telefonica e Indra como testigos para que expliquen el desarrollo del software para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez.
Ese mismo día comparecerán también quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal, que ya declararon en 2024 por la contratación de Gómez.
Al margen, está pendiente que la UCO verifique si Gómez figura en más cuentas bancarias, además de las 11 en las que consta con un saldo total de 40,25 euros recogidas en una lista del Punto Neutro Judicial, aunque la defensa de Gómez ya se ha dirigido al Juzgado de Juan Carlos Peinado para advertir que existen otras cuentas con saldos mayores.
El instructor también está a la espera de que el Instituto de Empresa entregue las transferencias que realizó a Gómez por el pago de sus servicios como directora del África Center, otra de las ramas derivadas de esta causa.
PEDRO SÁNCHEZ ESTÁ CITADO POR EL NOVIO DE AYUSO A UN ACTO DE CONCILIACIÓN
Además, el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid tiene pendiente un acto de conciliación en el que está citado Pedro Sánchez, -que no tiene obligación de acudir personalmente- el 12 de febrero, como paso previo a la presentación de una querella por parte de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, por llamarle «delincuente confeso».
SUPLICATORIO DE ÁBALOS
Ese mismo 12 de febrero es la fecha límite que tiene el Congreso para decidir sobre el suplicatorio pedido por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para poder instruir la causa contra el ex ministro y ahora diputado José Luis Ábalos, ya que la única declaración que ha presentado Ábalos lo hizo de manera voluntaria ante el Supremo.
El juez instructor acudió al Congreso tras tomar declaración a Ábalos, a Koldo y a De Aldama. A su juicio, hay «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos por parte del ex ministro, que serían «integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación».
Puente considera que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro», y a cambio de determinados beneficios económicos», pudo haber «determinado la adjudicación de varios contratos» públicos. Koldo y De Aldama habrían intervenido en dichas gestiones, según el magistrado.
La política seguirá mandando en los juzgados durante el mes de enero, ya que en el Juzgado de instrucción 47 está prevista la declaración como denunciado del ex diputado y portavoz de Más País, Íñigo Errejón, por la denuncia de agresión sexual que presentó la actriz Elisa Mouliaá. Ambos prestarán declaración el mismo día, el 16 de enero.
EL TELÉFONO DEL FISCAL GENERAL
En el Supremo es posible que tome alguna decisión tras el informe aclaratorio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las diligencias ordenadas por el magistrado Ángel Hurtado sobre el teléfono móvil del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, después de que se hallaran «cero mensajes» en sus dispositivos en los días clave para la filtración sobre la investigación contra González Amador.
El pasado viernes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluía que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo (TS) le encausara por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El instructor deberá resolver si cita como investigado a García Ortiz, como ha pedido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y si acuerda las diligencias solicitadas por González Amador, incluida la imputación de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, y el análisis de posibles conversaciones del fiscal general con varios cargos del Gobierno.
En concreto, el Supremo deberá decidir si convoca a la asesora de Presidencia Pilar Sánchez Acera; al ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; a su sucesor y ex director de comunicación del PSOE, Ion Antolín; o la directora de comunicación de Vivienda, Laura Sánchez Espada. Según el informe de la UCO, todos habrían tenido acceso al correo que acabó en manos del ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, antes de que se publicara en la Prensa.
En paralelo, el Tribunal Supremo debe resolver el recurso que presentó la APIF contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como fiscal general del Estado.
GESTIÓN DE LA DANA
El Tribunal Supremo también deberá pronunciarse sobre la denuncia que presentó la asociación Liberum contra el Gobierno central por su supuesta «inacción» ante la DANA que arrasó Valencia. La Abogacía del Estado ya se ha pronunciado en contra de que se investigue al Ejecutivo al considerar que «no concurre la inactividad denunciada» y defiende las ayudas económicas y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas afectadas.
Al Supremo se le acumulan las causas y también deberá resolver sobre la demanda civil, admitida a trámite en octubre de 2024, que el magistrado jubilado Manuel García Castellón interpuso contra la líder y diputada de Podemos Ione Belarra por intromisión en su derecho al honor. Le reclama 240.000 euros por llamarle «corrupto y prevaricador».
Por otro lado, está la demanda civil, también admitida a trámite en diciembre de 2024, en la que la pareja de Díaz Ayuso reclama 40.000 euros a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor por unas declaraciones realizadas en el Senado.
