Hay una generación de españoles perdidos en el desierto del Sahara que alguna vez tuvieron DNI y nacionalidad española. Una generación que desapareció de nuestro mapa físico y mental allá por el lejano 1976. Cuando España decidió dejarlos a su suerte y en manos del rey Hassan II, que incluso llegó a bombardearlos con fósforo blanco.
Unos acabaron atrapados en su Sáhara, pero bajo el dominio de los reyes marroquíes, otros fueron al exilio a terceros países, incluidos España. Y por supuesto, los que organizan directamente la resistencia y la guerra contra la monarquía alauí, que fueron a parar a los áridos territorios de la hamada dominada por el Frente Polisario, o en su defecto, a los campos de refugiados de Tinduf, en la vecina Argelia.
Unos campos donde conviven ya casi cuatro generaciones de saharauis huidos de su tierra y esperando una solución que la comunidad internacional y la propia España no sabe, o no quiere dar. Allí muchos de sus habitantes, sin contar a sus descendientes, recibieron sus DNI. Un hecho que confirmaba su relación y conexión con España durante la posesión que tuvimos de esas tierras durante cerca de 90 años.
Una conexión que no sirvió de nada ya que su identidad, legalmente reconocida por España, no fue suficiente para proteger sus derechos y asegurar su autonomía. Una lucha que quedó en la memoria de muchos y que desde hace unos meses se ha intensificado por parte de varios colectivos y particulares.
EN BUSCA DE LOS DERECHOS PERDIDOS
El objetivo de varios de estos saharauis, según recogía el diario El Mundo es recuperar la nacionalidad española por 2 vías: la judicial y la legislativa. Un objetivo que busca la Asociación colectivo de saharauis nacidos bajo bandera y administración española y descendientes.
Esta entidad lo que busca es recuperar la nacionalidad española para todos los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, cuando el territorio del Sáhara Occidental estaba bajo la administración española. Que incluso, para salvar las presiones internacionales sobre la descolonización, llegó a considerar el territorio como una provincia más de España. La conocida como Provincia 53.
Esto último, es a lo que se agarran estos saharauis que reivindican la nacionalidad bajo la que nacieron. Algo que también utilizan para refrescar la conciencia de la sociedad española recordando como la España posterior a Franco los abandonó y entrego al régimen marroquí y a una guerra que duró dieciséis años (1975-1991). Y que desde el 2020 se ha reactivado desde lo que se conoce como conflicto de baja intensidad.
Y es que aquí está el truco. Ya saben el dicho tan español de «hecha la Ley, hecha la trampa», algo que se aplica bastante bien a la historia de los saharauis. Seis meses después de la salida oficial de los españoles del territorio se promulgó el Real Decreto 2258/1976. Una ordenanza que estipulaba la posibilidad de optar por la nacionalidad española a los naturales del Sáhara que dispusieran una documentación oficial identificativa.
Para obtener este beneficio tenían que reclamar ese derecho al año siguiente de la promulgación de ese derecho, pasado ese tiempo se anularían los todos los documentos de entonces. La trampa era clara, con la población huyendo a campos de refugiados entre las bombas marroquíes y el resto en el campo de batalla, pocos pudieron juntar esos documentos para hacer esa reclamación.
Los políticos españoles de la primera legislatura democrática se quitaban un problema de en medio. Y los gobiernos socialistas posteriores abandonaban a los saharauis definitivamente a cambio de acuerdos políticos y económicos con Marruecos, muchas veces con más beneficio particular que general para los españoles.
El remate final fue en 2020. Cuando el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que negaba la nacionalidad a los saharauis. Para esto se esgrimió como argumento principal que «el Sáhara nunca ha formado parte del Estado español». Además, también se alegó que «los nacidos en el territorio del Sáhara cuando este era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad».
Todo encaminado a no tener que defender a los saharauis ante Marruecos. Concederles la nacionalidad sería un problema a la hora de esquivar el problema. Y más con los intereses nacionales y particulares que desde el gobierno socialista y ciertos sectores empresariales indican. Parece que el camino para las nacionalidades no ha acabado y veremos algún capítulo más. También veremos episodios de como España deberá afrontar las consecuencias y responsabilidades de ese abandono histórico que se hizo de la población saharaui.
