Solo Asisa se sitúa como la última esperanza para los funcionarios en Muface tras las renuncias de Adeslas y DKV, que no están dispuestas a soportar las pérdidas de ofrecer un servicio de salud, mientras se encarecen las cuotas para quienes prefieren cubrir su salud con las aseguradoras médicas privadas.
Hasta este año 2024, más de 1,5 millones de funcionarios y sus familias podían elegir por un módico precio a alguna de las aseguradoras que ofrecía Muface. El Gobierno, «con un afán desmedido de desmontar este sistema con el fin de saturar la sanidad de las autonomías», según afirman fuentes de los funcionarios y de la oposición a PSOE y Sumar, se ha propuesto eliminar este sistema ofreciendo una irrisoria subida en las cuotas.
En un inicio, la propuesta del Ejecutivo fue del 17%, aprobada el pasado mes de octubre, mientras que antes de Navidad casi la duplicó, hasta el 33,5%, pero ninguna de las dos ofertas convenció. Ni Adeslas ni DKV han optado por acudir a la licitación al considerar un aumento mínimo del 40% para cubrir los costes.
MUFACE Y EL AFÁN DEL GOBIERNO PARA QUE DESAPAREZCA
Muface, la mutualidad a la que solo tienen acceso los funcionarios, está sufragada en un 18,5% por las cuotas de los clientes privados, mientras que el 80% restante está subvencionado por el Estado. Esta colaboración público-privada, pagada con los impuestos del sector privado y de los trabajadores, no se ha hecho extensible a la población, cuyas cuotas y beneficios sanitarios están a años luz de lo ofrecido a los funcionarios.
Ni Adeslas ni DKV han contemplado la posibilidad de volver a perder dinero con un sistema que beneficia a unos pocos, mientras el grueso de los clientes incrementará los pagos prácticamente con los mismos servicios.
Si Asisa decide romper la baraja por completo y dejar a Muface sin opción, se abre un nuevo escenario que saturará las urgencias y citas médicas en la Seguridad Social al entrar en el sistema 1,5 millones con el mismo personal sanitario. Las Comunidades más castigadas en este sentido serían Madrid, Cataluña y Andalucía, que tendrían que reorganizar sus Presupuestos para dar cabida a los funcionarios y sus familiares en el sistema público. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preparado todas las medidas de contención para que el sitema pueda absorber a los funcionarios y sus familias.
DKV y Adelas cubren el 67% de la totalidad de los mutualistas de Muface, prácticamente un millón de personas, que significa directamente un millón de clientes menos. Los movimientos en las aseguradoras podrían repercutir en los actuales clientes que pagan religiosamente las cuotas, mientras las empresas privadas tendrán que realizar un reajuste en centros por la pérdida de clientes.
ASISA AÚN NO HA TOMADO LA DECISIÓN
Por el momento, en Barcelona se están viendo traspasos de clínicas privadas entre las propias aseguradoras afectadas por Muface, aunque fuentes del sector apuntan que «entran dentro de la normalidad» al encontrar nuevas oportunidades o bien una reagrupación de clínicas en un único centro para cubrir una zona.
Las aseguradoras han rechazado los dos presupuestos aprobados por el Gobierno al considerarlos «insuficientes», mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha dado alternativa alguna a Óscar López, ministro de la Función Pública, para respaldar a los empleados públicos.
Las tres aseguradoras soportan pérdidas por este sistema y pidieron un incremento mínimo del 40% para poder avanzar en la negociación del nuevo convenio que cubriría los próximos tres años, entre 2025 y 2027, pero no hay alternativa por parte del Estado.
Aún hay un estrecho margen de dos semanas, donde Óscar López tendrá que presionar a Montero para arrancarle el Presupuesto tras registrar una recaudación histórica, sin embargo, el Gobierno no ha conseguido desbloquear los Presupuestos y está lejos de conseguirlo tras el ultimátum de Junts y Podemos, que se opone abiertamente a Muface.
MUFACE, OBLIGADA A DAR COBERTURA HASTA SEPTIEMBRE
Asisa mira con lupa las condiciones del nuevo convenio, pero la respuesta es clara. Si Adeslas y DKV, cuyo rechazado ha sido adelantado por El Mundo, se han bajado de este Muface es más que probable que tampoco acuda ante las pérdidas que supone, más cuando asumiría no solo los 500.000 funcionarios y sus familias sino también el millón del resto, una presión adicional a las cuentas.
Si finalmente no hay licitación por quedar desierta, Óscar López tendrá que dar numerosas explicaciones a los funcionarios, así como María Jesús Montero, que guarda silencio sobre este asunto. En Sumar y en privado, celebran que no haya licitación puesto que se cumpliría una parte troncal de su programa electoral, donde abogan por dar por concluida esta colaboración y obligar a los funcionarios y sus familias a pasar al sistema público, donde las listas de espera están presionadas.
Eso sí, incluso si la licitación quedara sin adjudicación, Muface tendría que dar cobertura durante gran parte de 2025, hasta mediados de septiembre, un tiempo en el que el Gobierno puede tener listo un nuevo convenio. Los interrogantes entonces se abrirían sobre si se conserva o no la antigüedad de los funcionarios y sus familias.
LOS FUNCIONARIOS, EN ALERTA ANTE EL FIN DE MUFACE
Los sindicatos de funcionarios mayoritarios están poniendo en marcha «diversas actuaciones» para tratar de desencallar la crisis en Muface. En este sentido, no descartan ningún tipo de medida, como acudir al Defensor del Pueblo para que actúe como mediador en el conflicto.
Por el momento, tanto CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública, como Jupol, con la mayor representación en la Policía Nacional, insisten en trabajar para una menor afección a los mutualistas. En este sentido, instan a todos los Ministerios involucrados en la negociación del convenio que desbloqueen la situación, más cuando afectan de forma directa a 75.000 policías nacionales y sus familiares.
A su juicio, «el Sistema Público de Salud no podrá asumir a los millones de funcionarios que actualmente reciben su prestación sanitaria a través de Muface, por lo que su desaparición, supondría una grave irresponsabilidad por parte del Ejecutivo, que derivaría en una merma en la calidad asistencial no solo de los funcionarios, sino de todos los españoles y en un incremento en el gasto sanitario del Estado, al pasar millones de personas a depender de la Seguridad social».
