Víctor de Aldama, conocido como el «nexo corruptor» por la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo, apuntó un total de 39 contratos solo con el Ministerio de Transportes, de los que 17 no llegaron a licitarse, según señaló el informe de Óscar Puente remitido al Supremo de forma voluntaria al no estar personado en esta causa especial y al que ha tenido acceso este medio.
Aldama aseguró en ambas instancias judiciales el pago de mordidas, entre 3,5 y 4 millones de euros para el PSOE, y como muestra del presunto amaño de los contratos presentó fotografías reenviadas por Koldo García, el exasesor «para todo» en el Ministerio, en las cuales había anotaciones manuscritas e impresas de algunas de las ahora polémicas licitaciones. Algunas de las licitaciones señaladas apuntan a cambios con aumentos del presupuesto inicial del 14%, como ocurre en el acceso de la M-14 y M-21 a la M-40 para dar servicio al Wanda Metropolitano y en el contrato de Cantabria.
Puente ha actuado en esta causa en dos etapas bien distintas. La primera de ellas realizó una exhaustiva auditoría señalando al exministro y aforado José Luis Ábalos, que ha pedido la nulidad de su causa contra él por el seguimiento realizado por los agentes de la UCO, con fotografías y la incautación de correspondencia privada en la puerta de su casa.
Tras estas acusaciones de Aldama, testigo de cargo en el proceso judicial, el Ministerio de Transportes se ha puesto a investigar todos los contratos sin advertir irregularidad alguna durante el proceso de la licitación.
En sí mismo, no hay prueba alguna ni para Aldama ni para Transportes en el señalamiento de estos contratos al no detectarse a simple vista datos anómalos, pero todos los contratos presentan importantes modificaciones, como ha corroborado este medio con los datos publicados por el Ministerio de Transportes.
LOS CONTRATOS CON RAQUEL SÁNCHEZ, BAJO LA LUPA
Cabe destacar que los contratos auditados ahora por Puente son 373 con Adif y la Dirección General de Carreteras, pero sin entrar en las polémicas adjudicaciones realizadas en otras Comunidades Autónomas, como Canarias y Baleares, ni en otros Ministerios, también señalados por Aldama, que afirmó haber entregado 15.000 euros a Santos Cerdán y que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y expresidente canario le pidió otros 50.000. Sorprende, además, que el propio Torres negó haber tenido contacto alguno con Aldama, pese a los mensajes de WhatsApp con Koldo para poder «dormir tranquilo».
Uno de estos contratos fue licitado por Íñigo de la Serna, exministro del PP. En un inicio, la adjudicación se anunció el 12 de agosto de 2017 y apenas dos meses y medio después se modificó en hasta dos ocasiones sin ser estas transcendentes. La adjudicación se realizó por un importe de 23,959 millones de euros y pasó a costar 25,5 millones, un 16% más. Se trata de la ampliación a tres carriles del tramo entre la población de Carraixet y Valencia en la autovía V-21.
Desde la licitación a la formalización del contrato no hubo cambios en el montante de este contrato señalado por Aldama y estudiado en el informe de Puente.
El contrato que en un inicio iba a ser de 23,9 millones de euros acabó en los 25,5 millones de euros
No obstante, con Raquel Sánchez se realizaron hasta tres modificaciones, la primera dejó constancia de un aumento del contrato en 2.654.189,79 euros sin impuestos o lo que es lo mismo en 3.211.569,65 euros con impuestos; mientras que en la segunda la subida fue de 554.587,31 euros sin impuestos o bien 671.050,64 contando los tributos.
UN AUMENTO DEL 16,23% TRAS TRES MODIFICACIONES CON RAQUEL SÁNCHEZ
Con estas dos modificaciones, la adjudicación ascendió en un 16,23%. El contrato que en un inicio iba a ser de 23,9 millones de euros acabó en los 25,5 millones de euros. En el informe de Puente, al que ha tenido acceso íntegramente este medio, se deja constancia de estos cambios.
«Modificado 1: aprobado técnicamente 26/02/2019 (Ministro José Luis Abalos); aprobado económicamente 18/10/2019 (Ministro José Luis Abalos); adicional líquido 0,00 M€», apunta el informe de Puente.
En cuanto a las otras modificaciones, apunta que el 3 de agosto de 2021, con Raquel Sánchez al frente, el líquido adicional fue de 0,67 millones de euros y un tercer cambio de esos 3,21 millones adicionales. Los cambios de Raquel Sánchez se hicieron casi nada más llegar al Ministerio, el 3 de agosto de 2021, mientras que el segundo cambio se aprobó el 3 de junio de 2022 para ser aprobado el 5 de septiembre de ese mismo año.
MÁS DE LA MITAD DE LOS CONTRATOS SEÑALADOS POR ALDAMA SON DE RAQUEL SÁNCHEZ
El informe de Puente, remitido de forma voluntaria al Supremo en el caso Koldo, apunta a un total de 39 contratos «preadjudicados», de los que 21 obtuvieron la luz verde. De estos últimos, 11 se realizaron durante la etapa de Raquel Sánchez, uno de la época de Ana Pastor, otros tres con Íñigo de la Serna, como es el caso del tercer carril en la V-21, al frente del Ministerio y seis con Ábalos.
Es decir, la exalcadelsa de Gavá y una de las personas de la máxima confianza de Salvador Illa sumó más contratos bajo sospecha que todos los de sus antecesores juntos. En el propio informe de Puente se nombra un total de 83 veces a Raquel Sánchez, 30 más que a Ábalos.
«Con estos datos no podría concluirse si los contratos están o no amañados», señalan fuentes jurídicas, que ven necesario de más pruebas para poder llegar a conectar el pago de comisiones ilegales con las adjudicaciones, elementos que se verían reflejados de alguna manera, como apuntes contables, conversaciones de whatsapp, transferencias o evidencias de entrega de dinero en efectivo, como así lo afirmó Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber dejado 90.000 euros en una planta de Ferraz, un montante que el PSOE niega haber recibido y por el que se ha querellado contra ella.
