Los contratos señalados por Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dentro del marco del caso Koldo rondan los 54 millones de euros. De todos los proyectos señalados, un total de 373 solo en Adif, sin contar con las polémicas adjudicaciones realizadas en Baleares y Canarias con la presidencia de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, respectivamente.
Torres llegó a negar que conociera a Aldama, pero los mensajes los tuvo con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos durante su etapa en el Ministerio, chófer de Ferraz traído de la mano de Santos Cerdán y el custodio de los avales de Pedro Sánchez para las primarias que ganó en el PSOE, demuestran que tenía contacto directo con la presunta trama. «Yo lo que tengo que decir con claridad es que no tengo ningún tipo de relación con el señor Aldama (sic)», afirmó Torres en sede parlamentaria. «Si tienen alguna prueba de que he encubierto a un comisionista, dimito», apostilló.
Los mensajes muestran una gran sintonía con la supuesta trama. «Hoy dormiré mejor», escribió a Koldo tras acelerar el pago del contrato de las mascarillas debido a que la adjudicación indicó que se abonaría la mitad por adelantado a la empresa de Aldama, pero no se realizó el pago en tiempo, según ha señalado el ministro.
MÁS DE LA MITAD DE LOS CONTRATOS SEÑALADOS POR ALDAMA SON DE RAQUEL SÁNCHEZ
«Muy buenas perdona que te moleste pero me llamaron diciéndome que no tienen nada todavía me dicen que el sistema sigue igual aparte me comentan que eso es un minuto ya que el sistema es darle y lo hace automáticamente. Lo puedes mirar por favor (sic)», le señaló Koldo, según recogió El Mundo.
«Estoy con el consejero de sanidad. Está RESUELTO», respondió el ministro tan solo un minuto después. «OK gracias. Por favor no podrías informarte de cuando reciben el dinero», indicó su interlocutor, a lo que Torres indicó: «Esta en el Tesoro del gobierno de Canarias ese dato: intento Saverio hoy. Pero es inminente». Al día siguiente, Torres señaló a Koldo: «Asunto resuelto». «Jjjjjj. Yo ya sé que tú lo deseas casi más que yo. Pero la mujer dijo que sí», apuntó Koldo.
39 CONTRATOS SUBRAYADOS, PERO 17 SIN LICITACIÓN
«Se ha dado orden de pago el consejero ya está. Hoy dormiré mejor», finalizó Torres, a lo que Koldo apostilló: «Y yo y yo. En serio me gustaría verte». Las conversaciones son transcripciones literales y ponen de manifiesto las prisas a la hora de escribir cuando no se preocupan ni de poner comas ni tampoco corregir las faltas de ortografía.
El informe de Puente, remitido de forma voluntaria al Supremo en el caso Koldo, apunta a un total de 39 contratos «preadjudicados», de los que 21 obtuvieron la luz verde. De estos últimos, 11 se realizaron durante la etapa de Raquel Sánchez, uno de la época de Ana Pastor, otros tres con Íñigo de la Serna al frente del Ministerio y seis con Ábalos. Es decir, la exalcadelsa de Gavá y una de las personas de la máxima confianza de Salvador Illa sumó más contratos bajo sospecha que todos los de sus antecesores juntos. En el propio informe de Puente se nombra un total de 83 veces a Raquel Sánchez, 30 más que a Ábalos.
Aldama presentó los contratos preadjudicados ante el Supremo el pasado 4 de diciembre, como parte del pacto suscrito con la Fiscalía para poder salir de la cárcel. El Gobierno salió en tromba entonces al considerar que no se había presentado prueba alguna, pero el «nexo corruptor», como califica la UCO de la Guardia Civil al expresidente del Zamora y comisionista, entregó dos pantallazos de whatsapp de una conversación con Koldo García, así como una relación de contratos establecidos en los Presupuestos Generales de 2021, entre otros.
Con estos datos no podría concluirse si los contratos están o no amañados
«Con estos datos no podría concluirse si los contratos están o no amañados», señalan fuentes jurídicas, que ven necesario de más pruebas para poder llegar a conectar el pago de comisiones ilegales con las adjudicaciones, elementos que se verían reflejados de alguna manera, como apuntes contables, conversaciones de whatsapp, transferencias o evidencias de entrega de dinero en efectivo, como así lo afirmó Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber dejado 90.000 euros en una planta de Ferraz, un montante que el PSOE niega haber recibido y por el que se ha querellado contra ella.
En las fotografías aportadas por Aldama aparece una mano soportando un papel manuscrito y otro impreso y redactado en ordenador, tal y como aparece en las imágenes a las que ha tenido acceso MONCLOA.
PUENTE NO DETECTA IRREGULARIDADES
En la acción voluntaria de Transportes ante el Supremo, Puente señala que hay personación en la causa, pero es necesaria esta ayuda en «aras de colaborar con la Justicia y ayudará a esclarecer los hechos objeto de esta instrucción», a pesar de que toda la información de la misma solo tienen acceso las partes y el juez del caso. De hecho, el informe solo se refiere únicamente a los contratos que han aparecido en los medios, sin tener conocimiento qué pruebas dispone el juez Leopoldo Puente.
En el escrito, el ministro Puente entregó los dos informes de la Dirección General de Carreteras y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que «desmontan radicalmente las afirmaciones de Aldama sobre dichas supuestas contrataciones».
Aldama señaló los contratos por los que se pagaron supuestamente mordidas y comisiones ilegales que iban a parar presuntamente tanto al PSOE, como al exministro Ábalos, como a Koldo y a altos cargos, como al exministro Torres y el número dos del PSOE, Santos Cerdán, a los que acusó de haberle pedido 50.000 y haberle entregado 15.000 euros, respectivamente. Asimismo, uno de los contratos entregados pone de manifiesto diversas modificaciones que aumentaron el contrato en un 14% respecto a la adjudicación inicial, según pudo corroborar MONCLOA.com. Se trata de la adjudicación de una carretera en Sierrapando, pero en sus explicaciones públicas obvió las modificaciones.
Las dos primeras empresas en esta licitación obtuvieron «la misma puntuación técnica», mientras que un tercero se quedó muy cerca. «La mejor oferta económica fue la de Dragados», destaca el informe, pero el adjudicatario fue para la UTE conformada por Vias y Siecsa, mientras Sacyr entró en «baja temeraria». El contrato se realizó con De la Serna al frente del Ministerio, pero fue modificado primero por Ábalos, con un coste adicional de 9,26 millones y otra más con Puente en el Ministerio, con un sobrecoste de 1,63 millones. Es decir, 10,89 millones extras respecto a la licitación inicial.
ALDAMA NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS COMO PRUEBAS: «SOLO LOS SEÑALÓ»
No obstante, Aldama solo presentó los contratos bajo sospecha, pero no son pruebas, como quiere hacer creer el Ministerio del pago de comisiones irregulares, que supuestamente se encuentran en otros documentos, especialmente en el Terabyte que investiga ahora la UCO y en el móvil encriptado del presunto «nexo corruptor».
Puente trata así de desmontar que estas adjudicaciones se realizaron de forma fraudulenta, pero las acusaciones populares del caso no ponen el foco en la licitación inicial, sino en las modificaciones. «Es el nexo en común de todos los contratos investigados hasta ahora», destacan. De hecho, una de las premisas del informe de Puente es asegurar que Aldama aporta como prueba «fehaciente de irregularidades» en los procesos de licitación y adjudicación varias «páginas de documentos del anexo de inversiones que recoge la planificación presupuestaria de las distintas obras en ejecución o planificadas a futuro en el ámbito de competencias de la Dirección General de Carreteras incluidas en el Borrador/Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 2021».
No obstante, Aldama apuntó a 17 adjudicaciones que no se han llegado a realizar ni se han acometido obras. Según el informe de Puente, se refiere a unas partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de kilómetros o conceptos muy amplios que incluyen en el mismo ejercicio presupuestario multitud de contratos de todo tipo, desde la propia ingeniería de proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, suministros, servicios auxiliares…
«Del cruce de datos entre las 11 empresas señaladas y el período de tiempo a que se refieren
las supuestas actividades de intermediación de Aldama solo se encuentran siete contratos», destaca el documento. Por todo ello, concluye que «no se ha encontrado en ellas ningún trato de favor o actuación irregular, adjudicándose a los licitadores que realizaron la oferta mejor valorada técnica y económicamente». Todo queda ahora en manos del juez y del cotejo de la documentación de Aldama con estas contrataciones.
