«¿Qué coño es eso de la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal-?» fue la mítica frase que espetó el ex president de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, en el programa de televisión “Espejo Público” de Antena 3 en 2013, donde atribuyó las acusaciones de corrupción contra su familia a una “campaña de desprestigio”.
Una frase que marca la obsesión del nacionalismo catalán por hacer que los Mossos d’Esquadra acaparen todas las competencias policiales posibles. Con un objetivo que preocupan tanto a Policía Nacional, como a la Guardia Civil: conseguir las competencias de investigar los delitos económicos y fiscales. Curiosamente los que más han perseguido a los nacionalistas catalanes.
Delitos que van desde las tramas de corrupción vinculadas a la familia de Jordi Pujol, a las tramas de corrupción urbanística vinculadas la extinta Convergencia i Unió y los procesos derivados por malversación de fondos y fraude derivados de los hechos y condenas vinculadas al ‘Procés’ independentista que comenzó en 2017 y acabó con las modificaciones legales y la amnistía de 2024 dada por el PSOE. Una amnistía que incluyó con calzador los delitos fiscales para salvar a Puigdemont.
ILLA ASUME SU ACUERDO CON ERC EN LA GENERALITAT COMO UN ACUERDO ENTRE CATALUÑA Y ESPAÑA
Pero lo primero de todo ha sido que el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, pasará por el arco del nacionalismo, esta vez con ERC a la cabeza, y meter las demandas de las competencias policiales, especialmente en lo referente a la Guardia Civil, todo tamizado con la supuesta «concordia» que de momento esta creando el acuerdo de izquierda del PSC con ERC y los Comuns.
Para todo esto, el president presentó el viernes 20 de diciembre una batería de propuesta ante su ejecutivo con 260 medidas. Con una estructura muy clara e influenciada por sus acuerdos con ERC, los Comuns tienen menos peso en los mismos. Esos acuerdos están a la espera de ser aprobados el lunes 23 de diciembre.
Las claves de estas propuestas tienen un epicentro: La financiación singular, un elemento que para el PSC es esencial, sin creer del todo en el proyecto, que da estabilidad al actual gobierno. Habrá que ver cómo Pedro Sánchez casa eso con el rechazo exhibido por la mayoría de presidentes autonómicos. Pero también tienen otros puntos como son: vivienda, trabajo, techo y servicios públicos, por un lado. Y por otro, la seguridad. Esencial para la supuesta tranquilidad de los independentistas y alguna de sus causas pendientes relacionadas con temas económicos.
Todo para que el president pueda seguir presumiendo de haber tirado abajo la agenda independentista y hacer de su legislatura, según presumen desde el PSC avalado por sus números electorales, en Cataluña ahora se habla de política real e importante para el ciudadano y se han olvidado de fantasías independentistas, referéndums y la confrontación de la sociedad.
PELIGROSO PARA LA GUARDIA CIVIL
Estas demandas y acuerdos entre el PSC y ERC en Cataluña y con Junts en España está preocupando a las asociaciones de guardias civiles, que en primer lugar ven como entran en un compas peligros el futuro de las carreras y situaciones familiares de los miembros de la benemérita que allí realizan su trabajo.
Las diversas asociaciones de la Guardia Civil consideran que estos actos pueden suponen un grave perjuicio para la Benemérita, que es en la actualidad la encargada de garantizar la Seguridad Ciudadana y de las competencias en materia de puertos y aeropuertos en todo el territorio nacional.
Por otro lado, a nivel técnico, y según fuentes de las unidades de información del Instituto Armado, este cambio de competencias puede significar un retroceso en la persecución de los delitos fiscales. Algo que va a entorpecer principalmente los acuerdos políticos a los que se lleguen en materia de seguridad y de quien controle el Departamento de Interior y Seguridad Pública.
En este sentido hay que destacar que desde la Guardia Civil no se critica el trabajo de los Mossos, si no todo lo contrario. Desde la Benemérita se pone en valor la buena labor realizada de forma conjunta entre ambos cuerpos y las buenas relaciones laborales que existen en la multitud de operaciones en las que se trabaja conjuntamente.
Además, estas asociaciones quieren poner el foco que el inicio de camino ya ha comenzado con el anuncio este pasado miércoles en el que Illa convocará una Junta de Seguridad a principios de 2025 para pedir que Mossos d’Esquadra «asuman competencias en materia de puertos y aeropuertos«. Un lugar de gran tráfico de dinero y que puede ser el inicio de controlar los delitos de carácter fiscal. La excusa dada por el ejecutivo catalán a esta medida es lograr «el objetivo de dar una respuesta más ágil y mejor a los ciudadanos«.
Estas situaciones se suman una larga lista de desprecios hacia los agentes, que siguen discriminados frente a otros Cuerpos policiales en materia de jornada laboral, retributiva y de medios materiales reclaman estas mismas asociaciones. Una petición que va para largo, veremos la situación profesional y familiar en la que quedan los Guardias Civiles de Cataluña.
