Apenas una decena de mails acorralan a la ayudante personal de Begoña Gómez, María Cristina Álvarez, en la causa que se instruye contra la esposa del presidente Sánchez por un presunto tráfico de influencias corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. La cuestión es que Álvarez es directora de programas adscrita a Presidencia del Gobierno en el complejo gubernamental de Moncloa y, en sus propias palabras, asignada al servicio de Gómez desde su llegada a La Moncloa.
De hecho, el papel de Álvarez era el de asistente de la esposa del presidente del Gobierno en actos institucionales. Sin embargo, según se deduce de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Álvarez se encargaba de los asuntos privados de Begoña Gómez, relacionados con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), como concertar citas con posibles patrocinadores como responsables de Endesa, Indra, Telefónica o Google.
La primera vez que alguien citó el nombre de Cristina Álvarez fue el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio el 21 de julio de 2024, como la persona que acudía a las reuniones en la Universidad junto a Begoña Gómez.
Luego el empresario Juan Carlos Barrabés también reconoció en su declaración a Cristina Álvarez como una de las personas presentes cuando se entrevistó con Begoña Gómez en su residencia de La Moncloa. El rector Íñigo Goyache también se acordaba de Álvarez junto a Begoña Gómez en varias reuniones.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha escuchado a Álvarez este pasado viernes después de que tomar declaración en calidad de investigados a la propia Begoña Gómez y al directivo del IE y ex consejero madrileño Juan José Güemes. Esta segunda imputación no es compartida por las acusaciones populares que todavía no conocen la causa
Al comparecer como testigo, la trabajadora de Moncloa tiene obligación de contestar con la verdad al juez, al fiscal, a las defensas y a las acusaciones populares –Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa— que estarán representadas por Hazte Oír. Fueron estas últimas las que reclamaron su citación como imputada después de que apareciera en varios de los correos aportados al sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press.
El instructor llamó a declarar a Álvarez como testigo tras ampliar la causa para asumir la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho ‘software’.
REGISTRO DE LA WEB
Otro de los correos electrónicos en los que se menciona a Cristina Álvarez, es uno en el que María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero -miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM- se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense el 6 de octubre de 2022: «Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación».
Ese mismo correo también fue enviado a Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. Ese correo lleva adjuntado un mensaje previo, de 7 de septiembre, con un que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
En este caso Álvarez aparece en copia con un ‘email’ de una cuenta personal, no de la de Presidencia en Moncloa, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
La cuestión es que finalmente el software no fue registrado a nombre de la Complutense y las explicaciones de Begoña Gómez apuntaban a que nadie lo había hecho, a pesar de que el nombre de la cátedra sí fue registrado por la propia Gómez en el registro general de dominios web.
En otro correo recogido en el sumario, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía. En enero de 2023 los correos de Reale a Álvarez recogen la disponibilidad para firmar una adenda que se incorporó a la cátedra que dirigía Gómez. Al mismo tiempo también la empresa Deloitte también se interesaba por formar parte de esa cátedra. Álvarez también organizaba los ponentes de conferencias en Ifema, como los de «Vida Silver», en la que participaron Endesa, la Fundación La Caixa y Reale Seguros.
De hecho, una de las acusaciones populares ya presentes en la causa, la del partido político VOX ha denunciado a Álvarez, a su superior jerárquico, Francisco Martín, secretario general de Presidencia de Gobierno; y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno por malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Los querellantes consideran que se pueden imputar delitos de malversación, de los artículos 432, 432 BIS, y 433 del Código Penal (CP); tráfico de influencias, del artículo 429 del CP; y prevaricación administrativa, artículo 404 del CP. En el escrito de acusación, Vox se centra en la utilización «abusiva, espuria y arbitraria» por parte de Álvarez y Gómez de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno y del Gabinete de Presidencia de Gobierno».
Para los denunciantes, Álvarez incurriría en «una clara inobservancia de los deberes inherentes a la condición de funcionario público», al haber desempeñado sus labores profesionales como asistente personal de Begoña Gómez. Y ello sin ser remunerada, porque su sueldo procedía del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes».
Gómez está incluida en la querella porque «se habría valido de una persona que ostenta una relación laboral o funcionarial con la Administración General del Estado, y cuyo puesto de trabajo es sufragado con recursos públicos, de manera que las funciones reales que desarrollaba eran las propias de los negocios privados de Gómez, y no las funciones para las que estaba designada Álvarez», explican desde VOX.
En cuanto a Francisco Martín, VOX señala que si Álvarez estaba realizando su actuación profesional en un ámbito ajeno a sus competencias, «es del todo imposible que esta lo hiciera sin el conocimiento y beneplácito de sus responsables directos».
CORREOS CON LOS PATROCINADORES
De hecho, esta formación política ya ha pedido las testificales de Pilar Suárez, directora de Comunicación Institucional de Reale Seguros, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos enviados desde su dirección profesional dependiente de Presidencía a Sylvia Moyano, adscrita al área comercial de la Dirección de Ferias de Público y Evento de Ifema, con quien Álvarez cruzó correos electrónicos también para un evento en 2021, organizado por la mujer del presidente.
Respecto a los intervinientes en los mails VOX, solicita también la declaración como testigo del director de Personas y Transformación de Reale Seguros, Renzo Liaj; el administrador de Sanza Correduría de Seguros, David Sanza; la trabajadora de Ifema Arantza Zeberio; el CEO de Indra, Marx Murtra; el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; la directora general de Sostenibilidad de Endesa, María Malaxechevarría; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la coodinadora de la cátedra extraordinaria TSC de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Blanca María de Juan; y el vicerrector de relaciones institucionales de la UCM; Juan Carlos Doadrio, a quien solicita VOX que se le pida que aporte los whatsapp y correos que hubiera intercambiado con Álvarez.
Por otro lado, la formación solicita en su escrito que se libre oficio al Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes a los efectos de que certifique los cargos que ha ocupado Álvarez en el ámbito competencial de su Ministerio y, en concreto, en alguno de los órganos/departamentos que componen la estructura de Presidencia de Gobierno. Y que se especifique cuándo se inició su relación funcionarial y cuándo concluyó, así como la documental que acredite todo ello.
Entre las diligencias, se solicita que se oficie a la Seguridad Social para que remita certificado sobre la vida laboral de Cristina Álvarez y a la AEAT para que remita las declaraciones de la renta de Álvarez correspondientes a los ejercicios 2018 hasta 2024.
Además, VOX ha pedido que se libre oficio al Juzgado de Instrucción 41 de los Madrid para que remita testimonio de la correlación de correos electrónicos invocados en el marco de la querella presentada.
