La asociación Hazte Oír, el partido Iustitia Europa (IE) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejercen algunas de las acusaciones populares en el Caso Koldo denunciaban este jueves en rueda de prensa que de continuar «de facto» expulsados del proceso por el Tribunal Supremo una reclamación podría provocar la nulidad de la causa y por tanto, que todo el proceso quedase archivado. También anunciaron que además de los recursos ya presentados se dirigirán en queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en amparo al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), como ya ha hecho la asociación Liberum, otra de las acusaciones populares de la causa.
Un ICAM que por cierto argumentó la imposibilidad de albergar la rueda de Prensa, sin explicaciones demasiado convincentes a los abogados que representan tres acusaciones populares. No estuvieron presentes los representantes de Liberum, de Vox, del PP ni, por supuesto, del PSOE cuya personación se ha aprobado hace apenas un par de días.
Las acusaciones denunciaron no poder estar presentes en el interrogatorio del ex ministro Ábalos, el empresario Víctor de Aldama ni el ex asesor Koldo García en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, rechazó su presencia diciendo que «eran público», según han denunciado hoy, después de que dejase reunidas todas la acusaciones populares en el representante del Partido Popular (PP) por ser los primeros en presentar la querella en la Audiencia Nacional.
CASO KOLDO PODRÍA SER NULO
El abogado Francisco Montiel, de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), aseguró que esta actuación del juez instructor podría conllevar a la nulidad del procedimiento, aunque ha explicado que dicha nulidad tendrían que pedirla las propias acusaciones populares y, de momento, no van a tomar esa medida. De producirse habría una extraña consecuencia, es decir, las acusaciones populares harían decaer la causa en la que ellos mismos son acusadores. Por eso Montiel ha añadido que solo se justifica la medida para tener «un mayor control del procedimiento» y «evitar las filtraciones».
Luis Pardo, abogado de Iustitia Europa, ha coincido con Montiel y ha criticado la actuación del magistrado. «Se nos pretende expulsar o anular de los procedimientos judiciales», ha declarado. Pardo ha puesto en valor el papel de las acusaciones populares en España, una figura inédita en el resto de Europa, ya que «en Europa las fiscalías acusan y en España asistimos a la inacción de los fiscales en numerosas causas por una cuestión de politización de la Justicia, los fiscales no están contaminados por los partidos políticos».
A Pardo le llama la atención que «en el caso Koldo la unificación de las acusaciones no la pidió ninguna de las partes, sino que la adoptó el juez de oficio» y añadió que «las acusaciones populares son la manera en que la sociedad civil participa de la Justicia y nos encontramos con que se limita ese derecho. Nosotros vamos a acudir a la corte de Estrasburgo si es necesario para defender este derecho».
Sobre la actuación del juez Puente, Javier María Pérez Roldán, letrado de la asociación Hazte Oír, ha insistido en que «hay una interpretación muy asentada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto a la unificación de acusaciones», aunque solo en referencia a casos en los que hay «una pluralidad de víctimas» y ha puesto el ejemplo de los afectados por el aceite de colza, donde hubo miles de víctimas.
Javier María Pérez-Roldán ha explicado que esa unificación respondía hace años a una cuestión de economía procesal, cuando los legajos eran miles de folios y no había llegado la «época telemática» a los juzgados. «Ahora no hay riesgo de dilaciones y si las hay no se van a evitar porque se junten todas las acusaciones», ha añadido.
Además, Pérez-Roldan ha defendido que las acusaciones populares no son una cuestión de derechas o de izquierdas y que su unificación supone un «atentado grave» contra su figura.
Además, todas las acusaciones se encuentran con el problema añadido «de que cada vez nos exigen fianzas mayores, de 5.000 euros nos han pasado a pedir hasta 15.000 en un procedimiento nuevo admitido en un juzgado de Barcelona y esto supone muchas veces una traba para asociaciones con recursos limitados», añadió Pérez Roldan.
