El Bufete Durán & Durán Abogados ha iniciado los trámites para reclamar al Ministerio de Interior la equiparación real salarial efectiva por la vía administrativa en nombre de varios agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Se trata de un trámite preceptivo antes de iniciar una reclamación judicial.
En esta reclamación se exige el cobro de un salario similar al percibido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad autonómicos, como Mossos y la Ertzaintza, entre otras corporaciones, «a la vista de la flagrante discriminación salarial que, de forma totalmente ilegal e injustificada, se viene produciendo desde hace ya muchísimos años y que el Gobierno de España viene perpetrando contra los más de ciento cincuenta mil agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil».
El documento es una solicitud formal de equiparación salarial presentada por una agente de la Guardia Civil y otra de la Policía Nacional, extrapolable en sus pedimentos al resto de compañeros y compañeras, bajo el argumento de una presunta «discriminación retributiva frente a otros cuerpos de policía autonómicos, como los Mossos d’Esquadra, La Ertzaintza, la policía Foral navarra o la Policía de Canarias», apunta el bufete Durán & Durán Abogados.
Las agentes reclaman que, pese a realizar funciones equivalentes (seguridad pública, orden público, lucha contra el crimen) bajo la competencia exclusiva del Estado, existen diferencias salariales significativas que carecen de justificación objetiva.
LA CONSTITUCIÓN AVALA LA EQUIPARACIÓN REAL DE LA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL
La Reclamación interpuesta este miércoles se fundamenta en principios constitucionales y legales, como la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el Convenio 100 de la OIT, que establecen el derecho a igual salario por trabajo de igual valor.
También se mencionan precedentes y directivas europeas contra la discriminación por género, ya que la agente destaca cómo esta situación afecta de forma desproporcionada a las mujeres en la Guardia Civil y en la Policía nacional, pero no se plantea sólo ni esencialmente como una discriminación de género, sino como una clara injusticia contra todos los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Se destaca, además, cómo es el Gobierno de España, representado por los distintos partidos que lo han desempeñado, «el que ha traicionado sistemáticamente el principio de confianza que policías y guardias civiles, incluso, depositaron en el Ministerio cuando suscribieron el acuerdo de marzo de 2018», afirma.
UN LARGO CAMINO LEGAL PARA LA EQUIPARACIÓN
«Nuestra Reclamación, por tanto, incluye referencias a acuerdos pasados entre el Gobierno y los cuerpos de seguridad (como el de 2018 sobre equiparación salarial) y criticamos su incumplimiento», indica el bufete Durán & Durán. Se solicita así que se corrija la desigualdad mediante la homologación de salarios con efectos retroactivos, incluyendo medidas que garanticen la igualdad en el futuro. Finalmente, apelamos a un enfoque global del problema y al cumplimiento de las normativas europeas para erradicar la brecha salarial y la discriminación en los cuerpos de seguridad del Estado.
«Sabemos que el camino legal puede ser largo y complicado; pero si hubiera un mínimo de sentido de La Justicia en el conjunto de los dirigentes políticos españoles, todos esos obstáculos podrían ser eliminados con suma facilidad», concluye.
