Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, decidió este miércoles romper por vez primera su silencio en sede judicial. A la tercera fue la vencida y Gómez contestó al menos a las preguntas de su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho. El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, informó de los dos nuevos cargos de apropiación indebida e intrusismo profesional de los que es acusada y ella respondió descargando responsabilidades en la gestión del software de la cátedra que impartía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Antes de la declaración de Gómez, el juez Peinado ya había dictado dos providencias. En una, dictada el 12 de diciembre pedía a la Guardia Civil que buscase más cuentas bancarias y que «dicha información será facilitada exclusivamente en soporte informático y según lo establecido en la NORMA 43 dictada por el Banco de España en los casos que corresponda», además de las 11 recibidas desde el Punto Neutro Judicial y en otra, firmada el 16 de diciembre, pedía al Instituto de Empresa (IE) la «indicación concreta de la entidad bancaria y número de cuenta, a las que se realizan los pagos respecto del contrato realizado por Instituto de Empresa SL» mientras Begoña Gómez estuvo trabajando para el África Center.
La acusación del delito de apropiación indebida es algo que preocupa mucho a la defensa de Gómez, tanto que su abogado, Antonio Camacho, se paró después ante los medios de comunicación para decir que su representada «ha explicado que el término transformación social competitiva lo creó ella, que no existía antes. Si uno se mete en internet y pone ese término, solo aparecen cuestiones relativas a la cátedra. Ha dicho que lo propuso a la Universidad Complutense y que fue aceptado. También ha afirmado que, si inscribió las marcas, fue a efectos figurativos. Es decir, a efectos de utilizar el logo en la documentación, como así se hizo. Y ha explicado que la UCM tuvo perfecto conocimiento de la inscripción de esas marcas, que no han sido utilizadas nunca fuera del ámbito de la Universidad Complutense y que lo que se pretendía era que nadie las utilizara fuera del ámbito de la Complutense».
Sin embargo, el informe de la UCO es claro al afirmar que el software fue inscrito por la propia Begoña Gómez en la Oficina de Patentes y administra en solitario una empresa llamada con un nombre similar a la cátedra que ofrece el software. Así lo acreditó también la UCM en un informe que pidió a una empresa especializada en analizar la propiedad de dominios en internet.
Gómez negó en todo momento cualquier irregularidad en el desarrollo de ese software para la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). El programa fue creado por Indra, Telefónica y Google a coste cero puesto que eran colaboraciones sin ánimo de lucro, a pesar de que se gastaron unos 150.000 euros y luego las tres empresas se negaron a seguir aportando trabajo y fondos económicos por lo que para terminar el software la UCM tuvo que licitar a Deloitte por 60.000 euros.
Ante el juez Begoña Gómez declaró ante el juez que «simplemente pretendía darle una imagen y una identidad» y usó el logo del máster, aunque justificó que «está registrado con anterioridad a la aprobación del máster y mucho antes que la cátedra» y que lo puso «al servicio de la Universidad». Según su declaración, «los logos de un título propio se utilizan principalmente como elemento de comunicación, algo que es una práctica habitual».
PARA BEGOÑA GÓMEZ «LOS LOGOS SE USAN COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN, ALGO QUE ES PRÁCTICA HABITUAL»
Begoña Gómez defendió que estos movimientos eran conocidos por todos y que nunca pretendió apropiarse de la marca Transformación Social Competitiva (TSC) y explicó que inscribió el dominio de internet, transforma.org. con el conocimiento de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) dentro del marco del proyecto de la plataforma tecnológica gratuita y presentó como prueba un correo enviado a la OTRI en el que informaron de que «nunca se había inscrito un dominio en la UCM» y le informaban de dónde y cómo podía inscribirlo.
El primer año, la coordinadora de la cátedra dio de alta el dominio y el segundo año lo hizo ella, ya que se pagaba con recursos personales, siempre según su versión. El tercer año ya no se renovó por parte de la UCM. Gómez relató que esta herramienta era uno de los objetivos cuando se diseñó la cátedra universitaria, que incluía un proyecto tecnológico de medición de impacto gratuito para las pymes.
En septiembre de 2024, finalizaba la inscripción del dominio. El abogado de Begoña Gómez lo puso en conocimiento de la UCM, a fin de que ellos renovaran la inscripción si lo consideraban conveniente, pero no lo hicieron.
EL CONTRATO A DELOITTE
Después de que las tres empresas dejaran sin terminar el desarrollo del software la licitación pública para terminarlo siguió los cauces legales y normales en la administración pública y el contrato fue adjudicado a Deloitte, pero al juez le llamó la atención que el pliego de prescripciones técnicas estuviese firmado por la propia Begoña Gómez. En la UCM esos pliegos los firman los jefes de las diferentes unidades administrativas, que son los que proponen el gasto a la UCM. Begoña Gómez aseguró que lo firmó por petición de la UCM al ser codirectora de la cátedra que iba a gastar el dinero.
Además argumentó que la plataforma «nunca llegó a estar operativa», ya que la UCM decidió suprimir la cátedra extraordinaria y todas sus actividades, así como los dos másteres, tras judicializarse el caso. «La plataforma siempre se diseñó e ideó para ser gratuita, por lo que nunca se pretendió cobrar a las empresas que pudieran ser potenciales usuarias de la misma», justificó Gómez ante el juez, a pesar de publicitarse en la página de su empresa.
LAS ACUSACIONES CUESTIONAN LA DECLARACIÓN DE BEGOÑA GÓMEZ
En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, una de las acusaciones populares, ha criticado la estrategia de defensa de la esposa del presidente Sánchez: «Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido a preguntas también de la acusación y, por lo menos, a las preguntas del juez o del fiscal», ha apuntado.
El abogado de la asociación, que interpuso la denunciante por apropiación indebida del software y por intrusismo profesional, aseguró que las respuestas de la esposa de Pedro Sánchez «no han entrado en el fondo de la cuestión».
Pérez-Roldán también ha criticado que Gómez haya dicho que ha actuado sin ánimo de lucro. «No ha explicado, entonces, por qué constituye una sociedad mercantil que, por esencia, por definición, tiene ánimo de lucro», ha explicado.
Para Luis María Pardo, letrado de Iustitia Europa, la esposa de Sánchez ha descargado en la Complutense «cualquier tipo de responsabilidad». A su juicio, «ha sido importante que declarase, pero si hubiera declarado a las preguntas del instructor, del magistrado peinado, del fiscal y de las acusaciones, se hubieran dilucidado ciertos aspectos de la declaración».
Marta Castro, letrada de Vox, también se ha mostrado inconforme con las declaraciones de Gómez: «Es la tercera declaración y la realidad es que seguimos con preguntas que no se han contestado. No tenemos las respuestas», ha asegurado y añadió que «ha declarado solo a su abogado. Pero no ha declarado nada sobre las visitas a Moncloa del rector (de la UCM). No ha declarado nada sobre las llamadas a todas las empresas que han patrocinado la Catedral Extraordinaria. No ha declarado nada sobre las llamadas que su esposo haya podido hacer para impulsar su negocio».
