El ex ministro José Luis Ábalos, imputado por delitos de corrupción en el Caso Koldo, presentó ayer dos archivadores en el Tribunal Supremo con documentos que acreditarían la declaración que presentó el pasado día 12 de diciembre ante el Tribunal Supremo. El escrito que acompaña a la documentación explica que «en el que consta en el primer archivador la documentación esencial acreditativa de la declaración formulada, en el segundo archivador se recogerán los anexos correspondientes».
José Luis Ábalos presentó en el primer archivador «documentación correspondiente al Tribunal de Cuentas» con el informe de fiscalización de contratos de emergencia del año 2020. Respecto a la auditoría encargada por el ministro de Transportes Óscar Puente, Ábalos aporta un «informe pericial de evaluación y Compliance con fecha 6/0/2024, al objeto de desvirtuar el informe que se solicitó por el actual ministro».
Sobre la casa de La Alcaidesa (Cádiz), Ábalos aporta «el contrato de arrendamiento y una opción de compra, recibos de pago con fechas 5 de julio y 6 de julio de 2021, un requerimiento de pago de 12 de octubre de 2021, un acuerdo de resolución de contrato y devolución de 9 de enero de 2022, la comunicación de aceptación de resolución del contrato y condonación de deuda con fecha de 1 de febrero de 2022, un requerimiento de la Agencia Tributaria y la respuesta de 7 de julio de 2022, una diligencia de la AEAT de Embargos de Créditos y respuesta de 8 de febrero de 2023 y una aclaración sobre una conversación de whatsapp recogida en el informe de la UCO entre Koldo García y Manu Vilarino.
En su escrito Ábalos explica que «al objeto de desvirtuar la información que ha aportado la representación procesal del Sr. Aldama, adjuntamos los Informes de las constructoras de obra civil y de ADIF realizado por el gabinete del ministro de Transportes y Movilidad sostenible».
HIJO DE ÁBALOS
El ex ministro también responde a las acusaciones contra su hijo Victor Manuel Ábalos por la adquisición de su vivienda. En este sentido, Ábalos ha depositado en el Supremo la «escritura acreditativa de la compraventa realizada por el hijo de José Luis Ábalos con fecha muy anterior a los hechos objeto de la investigación, tal y como consta en la escritura con subrogación y modificación, ampliación de préstamos hipotecario y afianzamiento (…)».
En el archivador número 2 el exministro añade la documentación presentada ante la Fiscalía General del Estado y el Juzgado de Instrucción 33 fe Madrid en su denuncia «como consecuencia de las revelaciones a las que se vio sometido.
José Luis Ábalos también incluye en este mismo archivador la documentación relativa a una pregunta parlamentaria al gobierno sobre las revelaciones y la «investigación extrajudicial a la que ha sido sometido siendo aforado». También recoge un compendio de las «contradicciones a la declaración del Sr. Aldama ante el Juzgado Central de Instrucción 2 de la AN el pasado 21 de noviembre de 2024, asi como la presentada ante esta Excma. Sala (Supremo)», varios articulos de prensa sobre el paso del caso a la Fiscalía Europea. Una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre la Auditoría del ministro Puente y otra de Vox sobre el contrato de Jéssica Rodriguez, la amiga de Ábalos.
El Caso Delcy también es aclarado en forma de resoluciones judiciales que archivaban el conocido como Delcygate con la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela.
Ábalos también entrega al Supremo varias intervenciones recogidas en el diario de sesiones del Congreso y el Senado. En este último caso sobre las declaraciones efectuadas en el seno de la comisión de investigación de las personas que el Senado llamó a declarar sobre el Caso Koldo.
La entrega de esta documentación llega después de que el instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, haya acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos al apreciar «indicios bastantes» de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
El magistrado entiende que «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente».
En un auto, el magistrado Leopoldo Puente explica que da este paso tras tomar declaración tanto a Ábalos, como al que fuera su asesor ministerial y al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, además de al ex asesor del ministro, Koldo García, así como en base a la documentación aportada por todos ellos y al resultado de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios que acordó la Audiencia Nacional (AN).
A su juicio, «existen elementos bastantes» para considerar que Ábalos, «prevaliéndose de su condición de ministro de transportes, movilidad y agenda urbana (MITMA)», «y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».
Puente precisa que, de lo investigado hasta ahora, se deduce igualmente que De Aldama, «aprovechando la relación personal que le unía» con Ábalos y Koldo «habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión, así como que podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la administración pública y/o institucional».
En concreto, indica que Koldo García «intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización y en las Ábalos también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado».
