Hoy se somete a votación la nueva ley orgánica de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que introduce importantes cambios en la gestión de excedentes alimentarios en España. Una de las medidas más destacadas es la exención para establecimientos hosteleros de menos de 1.300 metros cuadrados de la obligación de donar sus excedentes de comida.
Esta normativa también contempla excepciones para microempresas y pequeñas explotaciones agrarias, reconociendo las particularidades y limitaciones de estos negocios. La ley busca establecer un equilibrio entre la necesidad de reducir el desperdicio alimentario y la viabilidad operativa de los pequeños establecimientos.
Incentivos fiscales y medidas para el sector agrario
Un aspecto fundamental de esta posible nueva legislación es la aplicación del IVA 0% a las donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad realizadas a entidades sin ánimo de lucro. Esta medida pretende fomentar la donación de excedentes alimentarios y facilitar la labor de organizaciones benéficas.
En el ámbito agrario, la ley introduciría importantes modificaciones:
- Contratos especiales por circunstancias de producción para campañas agrícolas
- Flexibilización en los contratos de energía para explotaciones agrarias
- Regulación del espigueo como actividad complementaria
- Sistema de doble potencia eléctrica para instalaciones agrarias con estacionalidad
La nueva legislación también incluye cambios significativos en el sector comercial, eliminando la obligación de destinar el 20% del espacio de venta a productos sin embalaje en comercios de más de 400 metros cuadrados. Esta modificación mantiene el compromiso con la reducción de envases, pero ofrece mayor flexibilidad a los establecimientos.
Se han incorporado medidas adicionales como:
- Mejoras en la representatividad del sector agrario
- Simplificación de trámites administrativos para cambios de potencia eléctrica
- Establecimiento de líneas telefónicas gratuitas para gestiones con suministradoras
La ley, que pasará al Senado para continuar su tramitación, podría representa un avance en la lucha contra el desperdicio alimentario, aunque con un enfoque más flexible que el inicialmente propuesto por el Gobierno.
