Víctor de Aldama prosigue con su estrategia y cumplimiento del pacto alcanzado con el fiscal Luis Pastor, un acuerdo que está cumpliendo a rajatabla. En su declaración ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el denominado «nexo corruptor» por la UCO de la Guardia Civil e imputado por delitos como tráfico de influencias, organización criminal y cohecho apuntó directamente a varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, como Reyes Maroto, exministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023 y que salió del Ministerio para ser la candidata a la Alcaldía de Madrid de cara a las municipales del 28-M.
Ante el juez, Aldama ha asegurado que tiene «conversaciones» con Reyes Maroto, pero ha sido interrumpido por el juez Leopoldo Puente al considerar que la ahora concejal en el Ayuntamiento de Madrid y líder del PSOE en la capital «no está en la causa», según apuntan fuentes judiciales consultadas por este medio.
No obstante, el magistrado no ha tenido reparo en que se hable de los supuestos pisos alquilados por Aldama a través de Airbnb para Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y que tampoco se encuentra bajo investigación judicial al ser aforado, por un lado, mientras sí que existen acusaciones contra él, por el otro.
En la declaración ante el juez Puente en el Tribunal Supremo, Aldama apunta que «es un tráfico de influencias porque si le dice Ábalos a Reyes o (Teresa) Ribera que le atienda que por eso está pidiendo el terminal, porque hay un tráfico influencias».
Asimismo, a la pregunta de su abogado, José Antonio Choclán, sobre los otros conceptos por los que pagaba las comisiones era para poner en contacto a Aldama con otros organismos públicos, el imputado y en libertad con cargos indica: «Que entre los conceptos de los pagos de comisiones eran para poner en contacto a Aldama con las Administraciones Públicas y que era Ábalos quien le abría la puerta y les ponía en contacto, incluyendo a Reyes Maroto y Teresa Ribera». En este sentido manifestó que «era un claro tráfico de influencias».
REYES MAROTO Y LA SOMBRA DE UN POSIBLE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
A juicio de Aldama, sus conversaciones con Reyes Maroto estarían englobadas en un supuesto delito de tráfico de influencias. En este sentido, ha indicado que sería Ábalos quien daba las órdenes precisas a Reyes Maroto como a Teresa Ribera para que atendieran al empresario y comisionista del caso Koldo, un movimiento que pudiera estar englobado en un supuesto «tráfico de influencias», según ha relatado ante el juez Puente. En este sentido, ni Teresa Ribera ni Reyes Maroto están bajo investigación judicial.
Según su declaración, Ábalos era el encargado de abrir la puerta y poner en contacto a Aldama con los organismos públicos, con personas muy cercanas a Pedro Sánchez, como la propia Reyes Maroto. A cambio, Aldama realizaba el pago de comisiones también para que pudieran atenderle las ahora exministras. En este sentido, destacó que había «un claro tráfico de influencias».
Las acusaciones jurídicas estudian ahora toda la documentación aportada por Aldama y no se descarta ningún tipo de acción judicial contra Maroto y el entonces su mano derecha, Juan Antonio Díaz Vidart, quien supuestamente abrió la puerta a la trama de los Hidrocarburos, que obtuvieron licencias rápidamente para operar en un mercado tan regulado como el del combustible.
ALDAMA, MUY BIEN RELACIONADO EN TRANSPORTES CON ÁBALOS
Aldama, según su versión, tenía una estrecha «relación» con Javier Herrero, entonces director de Carreteras, y cesado a finales de octubre de 2022 sin que se dieran a conocer los motivos. Al frente del Ministerio estaba la dirigente del PSC, Raquel Sánchez, en el momento del cese del directivo de la empresa pública. La vinculación entre Aldama y Herrero llegó al punto de tratar licitaciones y adjudicaciones. En este sentido, llegó a introducir a la empresa del hermano del alto cargo público en contratos del Ministerio.
Asimismo, consideró que había que revisar los contratos con Adif debido a las presiones de Koldo a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de la empresa pública, con numerosas adjudicaciones, hasta el punto de ponerlo de manifiesto en algunas ocasiones. Aldama declaró ante el juez Ismael Moreno que tenía una «relación muy importante» con Pardo de Vera, ahora apunta que salía a comer o cenar. En esas citas le puso de manifiesto las presiones de Koldo y todo lo que hablaba con Ábalos. Entre ambos hay numerosas conversaciones, todas ellas guardadas.
No es la primera vez que el nombre de Reyes Maroto aparece en los casos de corrupción que asolan al PSOE y al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este mismo verano trascendió la adjudicación del expediente 54/17, un contrato concedido de «urgencia» a Globalia para la centralización de viajes de distintos Ministerios, según publicó MONCLOA.COM.
LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INDUSTRIA
En contratos señalados por Aldama, independientemente de la etapa en el que se adjudicaron, se produce siempre el mismo ‘modus operandi’: licitación, adjudicación y modificación o modificaciones posteriores. En el caso del expediente 54/17, hubo una división en cinco lotes, dos de los cuales fueron adjudicados a Globalia.
Los adjudicatarios del mismo fueron el Ministerio de Defensa, Interior, Agricultura, Empleo y Seguridad Social, Fomento, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El lote tres se adjudicó a Asuntos Exteriores, Presidencia, Administración Territorial, Educación y Justicia; mientras el lote dos fue a parar a Economía, Industria y Competitividad, Energía y Turismo y Hacienda.
La adjudicación a Globalia se realizó a través de Viajes Halcón, que se llevó un total de 106 millones de euros, divididos entre los 62,4 y 43,6 millones de euros del lote dos y lote tres, respectivamente. El contrato fue después prorrogado y vuelto a modificar en 2022. Para HazteOír, estos cambios que tuvieron lugar desde 2018 «presentan serios indicios de poder ser irregulares». Según la acusación, la cifra total con las modificaciones y prórrogas, habría llegado a casi 215 millones de euros.
Todo ello tras 21 modificaciones y rectificaciones en el expediente 54/17. Dicho contrato se licitó el 6 de octubre de 2017, con el PP aún en el Gobierno, pero no se llegó a adjudicar hasta el 8 de marzo de 2018. No obstante, en ese período se registraron esas 21 modificaciones, dos rectificaciones de modificación de contrato y otras dos en los pliegos del contrato. Lo chocante del asunto son las fechas de las modificaciones. Por ejemplo, el 1 de febrero de 2019 se llevaron a cabo hasta seis modificaciones con tan solo veinte minutos de diferencia, tal y como señaló este medio este pasado verano.
La primera de ellas se selló a las 08.50 horas de la mañana, la última a las 09.10 horas, según el registro público. El 6 de septiembre de ese mismo año, volvió a utilizarse el mismo mecanismo para modificar hasta en cuatro ocasiones dicho contrato con una diferencia de apenas seis minutos, entre las 11.42 y las 11.48 horas. El 21 de marzo de 2022, otras tres modificaciones en solo diez minutos, entre las 10.30 y las 10.40 horas.
Incluso el mismo día del anuncio previo de la licitación se realizó una modificación más, tan solo tres horas y media de su publicación, y se volvió a rectificar doce días después, según el registro.´Este contrato se presentó en el caso Begoña Gómez y no se descarta tampoco utilizarlo en el caso Koldo.
