El imputado y en libertad con cargos Víctor de Aldama señaló una serie de contratos públicos en su declaración voluntaria sobre el caso Koldo ante Ismael Moreno, juez del Tribunal Supremo. Según el comisionista y considerado el «nexo corruptor» del caso Koldo afirmó tener pruebas de todas sus afirmaciones, pero no especificó el formato en las que se sostenían. Fotos, escritos, conversaciones grabadas o vídeos son algunas de las posibilidades.
Otras afirmaciones apuntan a la presunta entrega de dinero introducido en bolsas y abonada en mano en la sede de Ferraz, como afirmó la empresaria Carmen Cano, o 15.000 euros para Santos Cerdán, que los habría recibido en un restaurante cercano a Ferraz. El PSOE se querelló por las declaraciones de la empresaria y contra uno de los principales beneficiados de los contratos públicos de las mascarillas en lo más duro de la pandemia. Los señalados por Aldama negaron cualquier tipo de cobro de comisiones ilegales y se querellaron contra él, llegando a pedir la personación en el caso saltándose la decisión de las bases.
Aldama presentó como documento una relación de adjudicaciones públicas reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado. En total, eran 19 obras licitadas por Transportes, algunas de ellas no llegaron a anunciarse oficialmente, pero el comisionista del caso Koldo indicó que ya estarían preadjudicadas, un hecho que de comprobarse en sede judicial y con sentencia firme, pondría a todos los implicados contra las cuerdas.
ÓSCAR PUENTE NO INFORMÓ DE LAS MODIFICACIONES
No obstante, el supuesto «nexo corruptor» no facilitó prueba alguna más allá de lo públicamente informado. Es decir, las adjudicaciones que sí aparecen muestran cambios de calado, como el concurso de Cantabria al que hizo también referencia el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien omitió los sobrecostes a pesar de conocer bien el contrato, tal y como él mismo aseguró en la red social.
«Estos son los documentos que han trascendido a través de los medios, de lo que Víctor de Aldama ha presentado en el Juzgado como acreditativos de contrataciones que se otorgaban arbitrariamente en la dirección general de carreteras a empresas que luego pagaban comisiones a cambio de esas adjudicaciones. Son 7 obras. Vamos a analizar una por una para ver qué visos de veracidad tiene esta información», apuntó Puente, quien desgranó las fechas de la licitación, las empresas adjudicatarias e incluso el código de algunos expedientes.
El contrato al que hizo referencia era la ampliación de capacidad y ramal de continuidad en la A-67 entre Sierrapando y Barreda, una licitación que se inició el 14 de noviembre de 2017, con Íñigo de la Serna (PP) en el Ministerio de Fomento. El adjudicatario fue la UTE conformada entre Vías y Construcciones SA junto con Siecsa Construcción y Servicios SA. La formalización del contrato, según los datos de Puente, se rubricó el 18 de mayo de 2018. No obstante, no se formalizó oficialmente hasta el 30 de junio de 2018, cuando Ábalos llevaba apenas tres semanas al frente del Ministerio.
EL PRIMER SOBRECOSTE DEL CONTRATO, SUBIDO EL 7 DE ABRIL DE 2022 A PESAR DE APROBARSE EL 9 DE JUNIO DE 2021
Las obras, una vez publicada la formalización, se iniciaron en julio de 2018 y están actualmente en ejecución. Puente no advirtió que ese mismo contrato no solo se modificó una vez, sino dos. La primera fue el 7 de abril de 2022, con Raquel Sánchez (PSC) al frente del Ministerio de Transportes.
En concreto, estos cambios conllevaron un sobrecoste de 7,657 millones de euros sobre el importe inicialmente adjudicado, hasta los 97,78 millones de euros sin contabilizar los impuestos, o bien los 118,314 millones de euros sumando los tributos correspondientes, con un aumento de los costes de 9,266 millones de euros. En total, una subida del 7%. La modificación se subió a la plataforma pública a las 12.31 horas del 7 de abril de 2022. Apenas 40 minutos después, a las 13.11 horas, se anuló dicha subida.
Asimismo, este mismo contrato tuvo una segunda modificación. Fue el 13 de marzo de 2024, con Óscar Puente al frente del Ministerio y con la auditoría en marcha sobre los contratos de las mascarillas adjudicados por Adif y Puertos del Estado a la presunta «trama criminal», tal y como la tilda la UCO de la Guardia Civil. El escándalo ya estaba en pleno apogeo, con los registros a propiedades de los presuntos implicados en la red de comisiones, pero también en pleno cambio en el Ministerio de Transportes.
LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, EN PLENA REORGANIZACIÓN EN TRANSPORTES
Un día antes de la modificación del contrato, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de la «estructura del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para acelerar la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura y que sea una realidad lo antes posible», ubicando al frente de la nueva Secretaría General a Álvaro Fernández Heredia, mientras que el nuevo director general fue José Alfonso Gálvez.
la licitación ascendió en 1,62 millones, hasta un total de 125,53 millones de euros. Estos montantes superan en un 14% a los registrados en la adjudicación inicial.
Según la fecha de publicación de la modificación, subida a la plataforma pública, el importe total de la modificación sin impuestos ascendía en 1,346 millones de euros, situando el importe total de la modificación en 103,748 millones de euros sin contabilizar los impuestos. En el caso de sumar los tributos, la licitación ascendió en 1,62 millones, hasta un total de 125,53 millones de euros. Estos montantes superan en un 14% a los registrados en la adjudicación inicial.
La justificación de esta modificación se enfocó en la directiva europea sobre los contratos públicos y debían cumplirse las siguientes condiciones, todas ellas y al mismo tiempo. En concreto que «la necesidad de modificación se derive de circunstancias que un poder o entidad adjudicador diligente no podía prever», sin que se altere el carácter global de la concesión y que el posible aumento de valor no superase el 50% del valor de la concesión original.
«En caso de que se apliquen varias modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará al valor de cada una de ellas. Estas modificaciones consecutivas no podrán tener por objetivo el de eludir lo dispuesto en la presente Directiva», indica la normativa europea. En la modificación se detalla que el plazo de ejecución pasa a ser de 82 meses frente a los 40 iniciales.
