miércoles, 11 diciembre 2024

La Policía Nacional detiene en Cartagena (Murcia) a 23 personas por empadronamientos fraudulentos de inmigrantes

La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación que ha culminado con la detención de 23 personas implicadas en una red dedicada al empadronamiento irregular de inmigrantes en Cartagena. La investigación, iniciada en junio, ha destapado un elaborado sistema fraudulento liderado por un gestor inmobiliario que utilizaba sin autorización las viviendas de sus clientes para realizar estos trámites ilegales.

Los detenidos, de diferentes nacionalidades, habrían establecido una red criminal organizada que operaba mediante un sistema jerárquico bien estructurado. El líder de la organización aprovechaba su posición como gestor inmobiliario para acceder a las viviendas que sus clientes le confiaban para alquiler, utilizándolas posteriormente para empadronar de manera fraudulenta a inmigrantes que buscaban regularizar su situación en España.

Falsificación documental y métodos de operación

La organización operaba mediante un sofisticado sistema de falsificación que incluía:

  • Contratos de alquiler falsos
  • Recibos falsificados
  • Documentos de identidad manipulados
  • Firmas falsificadas de propietarios

Los intermediarios de la red captaban a inmigrantes que necesitaban gestionar trámites administrativos en España, cobrándoles entre 300 y 3.000 euros por cada empadronamiento fraudulento. Los propietarios legítimos de las viviendas desconocían por completo estas actividades ilegales realizadas con sus propiedades.

La investigación ha revelado que más de 50 personas fueron empadronadas de manera irregular en una veintena de pisos diferentes. El Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Cartagena ha colaborado activamente en la investigación, facilitando la detección de estas irregularidades.

Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos de falsedad documental y asociación ilícita, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Este tipo de actividades delictivas no solo suponen un fraude administrativo, sino que también pueden comprometer la seguridad nacional y dificultar el control migratorio efectivo.