La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha presentado una reclamación formal solicitando que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca personalmente en el próximo Pleno del Consejo de la Guardia Civil. El objetivo es que explique las implicaciones del traspaso de competencias de Tráfico a la Policía Foral en Navarra.
Esta solicitud surge tras la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 6/2024, que oficializa la transferencia de las competencias de tráfico en la Comunidad Foral. La medida está generando una gran preocupación entre los agentes que actualmente prestan servicio en la región, así como entre quienes aspiraban a ocupar futuras vacantes en la zona.
Principales demandas del cuerpo
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha señalado varios puntos críticos que requieren aclaración inmediata:
- Calendario detallado de la transferencia de competencias
- Impacto en las plantillas actuales
- Situación de los destinos existentes
- Información sobre posibles supresiones de puestos de trabajo
- Medidas de reubicación para los agentes afectados
- Compensaciones y garantías laborales
La asociación insiste en que estas explicaciones deben ser proporcionadas directamente por el ministro, sin delegar en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La situación afecta a más de 200 familias que necesitan certidumbre sobre su futuro laboral y personal.
El traspaso de competencias tendrá importantes implicaciones:
- Reorganización territorial de la Guardia Civil en Navarra
- Impacto en la movilidad de los agentes a nivel nacional
- Efectos en la carrera profesional de los guardias civiles afectados
- Consecuencias en la coordinación entre cuerpos policiales
- Adaptación de protocolos y procedimientos operativos
Aseguran que esta situación no solo afecta a los agentes actualmente destinados en Navarra, sino que también tiene implicaciones para todo el cuerpo de la Guardia Civil. La transferencia de competencias podría sentar un precedente para futuras reorganizaciones territoriales en otras comunidades autónomas.
Los sindicatos y asociaciones profesionales están preocupados por la falta de información detallada sobre el proceso de transición y las garantías laborales para los agentes afectados. La incertidumbre generada está afectando tanto al ámbito profesional como al personal de los guardias civiles y sus familias.
