El ataque terrorista ocurrido en enero de 2024 en Algeciras conmocionó a toda España cuando Yassine Kanjaa protagonizó una serie de agresiones que culminaron con el asesinato del sacristán Diego Valencia y varios heridos. Los hechos, que comenzaron en la iglesia de San Isidro y terminaron en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, evidenciaron un claro componente religioso y terrorista.
El atacante, armado con un machete de grandes dimensiones, inició su recorrido profiriendo insultos contra símbolos cristianos y amenazando a los feligreses. La brutalidad de los hechos se manifestó especialmente cuando persiguió y atacó al sacerdote de San Isidro, para posteriormente dirigirse a la Plaza Alta, donde acabaría con la vida del sacristán Valencia de forma violenta.
El Tribunal Supremo ha ratificado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar este caso por terrorismo, desestimando el recurso presentado por la defensa. Los magistrados han sido contundentes al señalar que «solo la Audiencia Nacional puede condenar o absolver por delito de terrorismo«, estableciendo un precedente importante en casos similares.
La decisión se fundamenta en varios aspectos clave:
- La competencia se determina por las pretensiones de las acusaciones, no por la realidad de los hechos hasta la sentencia definitiva
- La apertura del juicio oral por delito de terrorismo vincula la competencia a la Audiencia Nacional
- Las circunstancias psíquicas alegadas por la defensa no son determinantes para cambiar la competencia
Consecuencias penales y proceso judicial
La Fiscalía solicita un total de 50 años de prisión, distribuidos de la siguiente manera:
- 25 años por asesinato terrorista
- 15 años por asesinato terrorista en grado de tentativa
- 10 años por lesiones terroristas
El caso ha generado un importante debate sobre la seguridad en lugares de culto y la necesidad de prevenir ataques de naturaleza terrorista. La investigación ha revelado que el atacante actuó de forma premeditada, apagando su teléfono móvil antes de los hechos y portando un arma que guardaba específicamente para este propósito.
La decisión del Supremo garantiza que el caso será tratado con la máxima seriedad y especialización que requiere un delito de terrorismo, asegurando que todas las circunstancias, incluidas las posibles motivaciones ideológicas y religiosas, sean debidamente consideradas durante el proceso judicial.
