David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno imputado en una causa por malversación y delitos contra la Administración Pública en el juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, argumenta ante la juez que dirige la investigación para pedir el archivo de su causa que «no se ha acreditado que nuestro representado (David Sánchez) tuviera vínculo alguno con la Comunidad Autónoma de Extremadura que sostenga el carácter a la carta de ese puesto de trabajo, su hermano D. Pedro, el día de la convocatoria oficial, si se permite el giro coloquial, había tocado fondo en el partido político en el que milita, sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante».
Con este argumento la defensa de David Sánchez quiere hacer entender que cuando se convocó la plaza que ahora ocupa en la Diputación de Badajoz, en el año 2017, Pedro Sánchez había «tocado fondo» en su partido, el PSOE.
Esto es una verdad a medias, pues en el año 2014 un desconocido Pedro Sánchez había ganado las primarias de su partido y se había convertido en secretario general del mismo, aunque en las elecciones de 2016 logró que el PSOE obtuviese los peores resultados electorales de su historia. Aquel año se gestó una corriente en su contra que desembocó en que el 28 de septiembre de aquel mismo año 17 miembros de la Ejecutiva Federal presentaron su dimisión. El 1 de octubre de 2016 Pedro Sánchez presentaba su dimisión. A eses momento en concreto se refiere la defensa de David Sánchez ya que la plaza para el puesto de su hermano salió en octubre del mismo año.
En realidad el último informe de la UCO de Guardia Civil que cita varias veces el abogado de Sánchez confirma que la Diputación de Badajoz inició en octubre de 2016 los trámites para fabricar una plaza de alta dirección que terminó en poder del familiar del presidente solo tres días después de que el propio presidente de la Diputación pacense la considerase excesiva. Los agentes de la UCO todavía no han logrado aclarar quien dio el visto bueno a ese puesto de trabajo.
En junio de 2017 Sánchez volvió a hacerse con las riendas del PSOE y en mayo de 2018 Sánchez anunciaba una moción de censura contra Mariano Rajoy y en junio de 2018 accedía a la presidencia del Gobierno.
ALEGACIONES DE DAVID SÁNCHEZ
Entre las alegaciones presentadas por David Sánchez también figura que «ese perfil (el de su candidatura) ya existía con anterioridad, tratándose de un nuevo llamamiento público para su adscripción al candidato adecuado, por lo que los comentarios divulgados acerca de la creación de esa plaza ad hoc, como una impostación forzada, son inciertas».
La defensa de Sánchez pretende adherirse así a la última calificación fiscal que pedía el archivo de la causa y añade que «existe una notoria falta de conexión entre los hechos objeto de la instrucción y sus presuntos autores, como dos líneas que no se encuentran».
El abogado de David Azagra, apellido artístico de Sánchez, aprovecha su escrito ante la juez para quejarse de que «esta derivada es una de las tantas que se han amplificado por los medios de comunicación, previa inducción, con ánimo no disimulado de presentarle ante la opinión pública como un trabajador no ejemplar, buscando per saltum el mal de otros». En derecho administrativo el término «per saltum» se utiliza en jurisprudencia en referencia a un recurso administrativo que se interpone con la intención de que el recurso lo resuelva el órgano que tiene competencias para anular la disposición general que se considera nula.
El abogado de Sánchez, el penalista Emilio Cortés, también alega que «estamos convencidos de que determinados actores de este proceso no están interesados tanto en su depuración técnica, cuanto en dibujar un perfil de los inicialmente investigados con fines que, objetiva y tozudamente trascienden de lo que debería ser la administración de justicia criminal en un Estado de Derecho. La colección de «noticias» inspiradas en las continuas filtraciones a medios de comunicación afines es elocuente por demás -constituyendo ya un auténtico catálogo-, de suerte que lo que sería indiciariamente relevante en un debate estrictamente técnico y centrado en el espacio judicial se transforma en un juicio ético sobre las decisiones legítimas de un ciudadano para regocijo de sus comentaristas».
CRÍTICA A LAS ACUSACIONES POPULARES
El abogado no deja pasar la oportunidad para criticar a las acusaciones populares a quienes reprocha porque «lo que finge desconocerse es un acontecimiento de la envergadura de la llegada a la causa del Atestado de la Guardia Civil en fecha reciente, que, en lógica temporal, incita el dictado de la resolución controvertida y la formalización del recurso contra ella. Ese escrito de los acusadores populares, como dijimos, se retrotrae a la resolución de treinta de mayo, esto es, hace más de seis meses, como si fuese algo estático e inamovible. No aborda ni contradice lo que los agentes de ese cuerpo denominan en distintas ocasiones errores de la parte denunciante, optando por un silencio contemplativo que ha de interpretarse razonablemente como un gesto de asentimiento, cuando no de afán por no mover más esa valoración que, objetivamente, les deja en muy mal lugar».
David Sánchez está citado a declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz el próximo 9 de enero. Su abogado intenta evitarlo y por eso se adhiere a la petición del archivo de la causa. Pero la juez Beatriz Biedma quiere averiguar primero cómo se gestó la creación de un puesto de trabajo que no existía antes y sobre los delitos contra la Administración Pública como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento ilícito de los que está acusado.
