Desde hace unas semanas diversas asociaciones y voces autorizadas dentro del la Guardia Civil están señalando que desde el Ministerio del Interior, dirigido por el polémico ministro Manuel Grande-Marlaska, están desmontando a la Benemérita en Cataluña. Esas mismas voces apuntan a motivos políticos de ese desguace en el territorio catalán.
Estas mismas fuentes señalan que los acuerdos del Gobierno con el separatismo catalán de Junts y ERC están detrás de estas últimas y polémicas acciones. Además, también hay que incluir en esta ecuación a los socialistas catalanes del PSC, si bien en un principio, la marca catalana del PSOE mayoritariamente no tenía una opinión definida en este tema, ha visto un botón más que pulsar para rascar votos en la s cada vez más diezmadas fuerzas nacionalistas catalanas.
DESCOORDINACIÓN Y PELIGRO YIHADISTA
Por otro lado, estas mismas fuentes de la Benemérita están preocupadas por la coordinación entre las diferentes fuerzas policiales que actúan en Cataluña. En este sentido, la Guardia Civil muestra cierto grado de preocupación por su trabajo conjunto con los Mossos d’Esquadra, que en teoría serán los que vayan asumiendo las competencias que la Guardia Civil se ve forzada a abandonar.
Pero el gran problema de esa posible descoordinación tiene un nombre propio. No es otro que el terrorismo yihadista. Desde el Instituto Armado avisan que estas injerencias políticas políticas pueden suponer «una distorsión» en el intercambio de información sensible entre ambas fuerzas de seguridad del estado.
Recordando los hechos de 2017 en Barcelona y Cambrils que acabaron con 16 muertos y 152 heridos de diversa consideración entre ambas ciudades catalanas. Los ocho terroristas que participaron en los actos terroristas fueron eliminados por los Mossos mientras repelían las diferentes acciones de los asesinos.
Desde ese atentado las relaciones a nivel político, en la operatividad es otra realidad, entre la Policía Autonómica Catalana y las fuerzas del resto del estado (Policía Nacional y Guardia Civil) no es buena y al parecer es poco fluida.
Desde la propia Generalitat desde el primer momento se acuso al Gobierno de España, por aquel entonces encabezado por Mariano Rajoy (PP), de haber ocultado de forma deliberada información antiterrorista a los Mossos. Una información que provenía principalmente de la CIA y Europol. Un Gobierno catalán que entonces dirigía el actual prófugo de la justicia Carles Puigdemont fue el que señaló esta supuesta circunstancia.
El ex president de la Generalitat señaló, más concretamente, al ministro del Interior de la época, Jorge Fernández, de ocultar esa información para boicotear el trabajo de los policías autonómicos catalanes. El caso es que desde ambas instituciones policiales se afirma ‘off the record’ que la información y la colaboración, en bastantes ocasiones, no fluye correctamente. Algo que en temas sensibles como este es un auténtico peligro social.
Hay recordar que desde 2007 varios informes de los servicios de inteligencia, como el FBI o Europol, mencionan a Cataluña como un centro de actividad de grupos extremistas yihadistas en la zona del Mediterráneo. Además, algunas partes de esos informes fueron filtrados por WikiLeaks, y en ellos, se relacionaba la actividad de estos grupos radicalizados con la fuerte inmigración musulmana que vive aquella comunidad autónoma de España.
LA AUGC PROTESTA
Por otro lado, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) señalan que la reciente Junta de Seguridad de Cataluña pone de manifiesto una peligrosa connivencia entre el Gobierno de España y la Generalitat, que se traduce en una cesión constante de competencias a los Mossos.
Unas acciones que contradicen las ultimas declaraciones del ministro Marlaska que asegura que «el SEPRONA y otras unidades de la Guardia Civil seguirán operando en Cataluña», aunque desde la asociación policial remarcan que los hechos del ministro desmienten sus palabras.
En este mismo sentido, la AUGC asegura que estas decisiones tomadas evidencian que los delitos supracomunitarios serán, en la práctica, gestionados por los Mossos, arrinconando aún más a las competencias de la Guardia Civil.
«Es especialmente preocupante que mientras se propone una ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra a 25.000 efectivos para 2030, la Guardia Civil siga viendo mermadas sus capacidades operativas y competencias clave en puertos, aeropuertos y otras áreas de responsabilidad tradicional», informa la AUGC en un comunicado.
Además, desde la AUGC reiteran que «la Guardia Civil no es solo una institución histórica, sino una pieza esencial en el engranaje de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado en todo el territorio nacional, incluyendo Cataluña. Reducir su presencia y competencias supone no solo un desprecio hacia los agentes que trabajan diariamente en condiciones difíciles, sino también un grave riesgo para la seguridad y la cohesión del país«.
Por estos motivos, des la propia asociación «exigen al Ministerio del Interior que frene de inmediato cualquier plan o negociación que implique la expulsión progresiva de la Guardia Civil de Cataluña, garantice el respeto y la defensa de las competencias exclusivas de la Guardia Civil, especialmente en áreas como el SEPRONA, servicio marítimo así como en puertos y aeropuertos».
