España está en el foco de los británicos por una nueva normativa que afecta al turismo del Reino Unido y todo el mundo. A partir del 2 de diciembre comenzó a regir en España el Real Decreto 933/2021 que modificaron de manera sustancial el registro documental e información de las personas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos. Con esta medida, los establecimientos hoteleros y de renta de coches deben solicitar a los turistas una serie de 42 datos con información personal de lo más detallada.
La reglamentación generó una fuerte crítica entre los trabajadores del sector hotelero y de turismo, porque aseguran que el aumento de los trámites burocráticos perjudican la operatividad y hasta violaría el principio de privacidad de los huéspedes y turistas. Sin embargo, las autoridades insisten en que esta es la mejor manera de controlar la actividad terrorista y el crimen organizado. En esta medida quedan incluidos hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas.
4Qué pasa si los hoteles y turistas no cumplen con la regla en España

La medida tiene un fuerte alcance y, según los retractores, hace que el sistema sea más engorroso al momento de una reserva. Completar esta serie de datos implica también un paso más burocrático para el dueño del hotel o del hospedaje porque, una vez que el turista realiza una reserva, el que la recibe debe mandar la información completa al Ministerio en la que se avise el número de viajeros, donde fue efectuada la reserva y el día de llegada. En caso de cancelaciones, esto también se debe informar.
La preocupación de los empleados del turismo es el momento en el que deben preguntar a los huéspedes todas los datos privados que, según algunos, son innecesarios. Sin embargo, la ley es dura en estos casos y quien no cumpla con esta normativa deberá pagar una multa de 3.000 euros por no hacerlo. Además, se estipula que, en caso de equivocarse con un dato, esto también puede recibir una sanción de 600 euros.