La declaración de Víctor de Aldama por escrito y el torrente de pruebas entregadas el pasado 4 de diciembre en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la nueva causa que se sigue contra el ex ministro José Luis Ábalos ha desatado un terremoto político. En uno de los apartados del escrito presentado ante el Alto Tribunal titulado «Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios».
Según Aldama, «obra en autos un informe de la Agencia Tributaria remitido para análisis a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la investigación de 128 contratos públicos adjudicados a determinadas constructoras (…). Según el listado incluido en el sumario, la suma total de estas adjudicaciones realizadas entre 2018 y 2021 asciende a un total de 54 millones de euros».
Según el escrito de defensa de Aldama, la mayor parte de esos contratos se adjudicaron a «tres empresas relacionadas con don Koldo García Izaguirre» y ofrecía al Supremo los nombres de Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC).
ALDAMA Y LAS CONSTRUCTORAS
Respecto a la primera y «según se afirma por la UCO, don Daniel y don Toño (directores y gerente respectivamente de esta empresa) solicitaron de don Koldo García, que ejerciera su influencia sobre el presidente de Adif, don Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia para el tramo Monforte de Lemos-Lugo».
Como prueba añade Aldama que «consta en la agenda electrónica de don Koldo García Izaguirre el contacto «Toño Fernández» así como varias citas agendadas en el calendario, la primera el día 8 de junio de 2021 «cita Toño», la segunda el día 14 de julio de 2021 con la referencia «cena delegado Gobierno + Toño. Adicionalmente, obra en la cuenta de correo electrónico de don Koldo García un email en virtud del cual se le remite, con fecha 24 de junio de 2021, el CV de doña S.F.M.».
La segunda empresa que nombra Aldama es Áridos Anfersa, «que contrató a un familiar directo de don Koldo para la empresa». Se refiere el empresario sin nombrarla a la esposa de Koldo García, Patricia Uriz, que también prestó servicio en el Ministerio de Fomento mientras Koldo era asesor del ministro Ábalos.
La tercera empresa nombrada por Aldama en su escrito es Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC) de quien Aldama dice que «esta empresa (…) obtuvo habitualmente de la Dirección General de Carreteras, la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de gestión de don José Ábalos, que ascendieron a un importe de 128 millones de euros (tres adjudicaciones, una de 80 millones de euros, otra de 8 millones y una última de 20 millones)».
VIAJE A GEORGIA DE ALDAMA
También asegura que José Ruz Martínez, directivo de la empresa, formó parte de la delegación del ministerio de Fomento que viajó a Georgia para el encuentro de la OMT. Levantina obtuvo un contrato del Gobierno canario con Ángel Víctor Torres de presidente de esa comunidad. «Según el citado informe de la UCO, don Koldo García y don José Ruz se desplazaron hasta Gran Canaria el 9 de febrero de 2022. La empresa obtuvo al menos un contrato de 6.545.000 euros para acondicionar el interior de la delegación de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas», según el escrito presentado al Supremo.
Los investigadores de Hacienda descubrieron un pago de 77.500 euros a la empresa Deluxe de Víctor Aldama por parte de José Ruz, que en ese momento la UCO aseguró «desconocer en el momento actual de la investigación a qué se deben las mismas». En su escrito el propio Aldama reconoce que era el pago de una comisión.
También cita Aldama, en menor medida, a la empresa Azvi, presidida por Manuel Contreras Caro. Y explica que «el grupo Azvi contrató a través de la empresa Erikapat Consultoría Internacional SA, a don Koldo García en 2023 como asesor y consultor para abrir nuevos negoios en Latinoamérica. La relación, sin embargo, se había fraguado con anterioridad. La compañía fue adjudicataria de varios contratos de obra pública licitada por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que dirigió don José Luis Ábalos entre 2018 y 2021».
De hecho, en la agenda de Koldo figuran «varias citas con Azvi referenciadas como AZBI. Así el 28 de mayo de 2021 obra una cita con «Juan Carlos y Sevilla/AZBI». Adicionalmente, el 15 de junio de 2021 también obra una cita denominada AZBI».
Y añade Aldama que «el día 9 de febrero de 2021, consta agendada una cita con el siguiente nombre «reunión amigo marido María (Manuel Contreras y Director General». Grupo Azvi participó en la obra del tren maya del ferrocarril en México, que se fraguó en la visita de la delegación española a Ciudad de México, organizada por don Víctor de Aldama».
En este caso, el propio Aldama reconoce que «esta constructora, a cargo de su presidente don Manuel Contreras Caro realizó un pago de 18.000 euros el 9 de octubre de 2019, a la empresa Pilot Club Natación de Sevilla (…) se trató de un pago realizado a don Víctor de Aldama, que había adquirido en 2016 el Club de Natación a través de la sociedad Pilot Real Estate, como compensación por la obra pública adjudicada con su mediación».
El empresario también nombra a las empresas ASCH y Civis Global. La primera habría accedido a contratos públicos en UTE con la empresa OPR. Respecto a la segunda, dice en su escrito que en la agenda de Koldo García constan al menos 3 citas con el presidente de esta empresa, a la que considera responsable «del desencuentro con Santos Cerdán, y que concluyó con el abono a éste de la suma de 15.000 euros, que refirió don Víctor de Aldama en su declaración judicial».
El próximo 12 de diciembre declarará el ex ministro Ábalos a petición propia en el Tribunal Supremo donde está investigado por tráfico de influencias, malversación, cohecho y organización criminal en la trama de las comisiones de las mascarillas. Después de él lo harán Koldo García y el propio Víctor de Aldama. Obviamente todas las constructoras implicadas han negado el pago de estas comisiones a Aldama o a nadie del ministerio de Ábalos y han amenazado con ejercer acciones legales contra el empresario.
