El show de la aparición y huida del ex presidente huido de la Generalitat de Catalunya sigue dando de hablar. Esta vez ha sido un nuevo clavo en el ataúd que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a clavar en el trabajo que realiza la Guardia Civil. Y como casi siempre ha vuelto a ser por motivos políticos. En esta ocasión tapar el ridículo del Gobierno con la entrada y salida de Puigdemont del país.
Por este motivo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresó su profunda preocupación y malestar ante la decisión del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, de abrir un expediente disciplinario por falta muy grave contra un agente destinado en la comandancia de Badajoz.
Dicho agente, que además es representante de AUGC en la provincia, está siendo investigado supuestamente por haber consultado la matrícula del vehículo en el que el prófugo Carles Puigdemont abandonó España tras su breve aparición en Barcelona el pasado mes de agosto.
RELACIÓN DE HECHOS SEGÚN LA BENEMÉRITA
El 8 de agosto de 2024, Carles Puigdemont realizó un fugaz mitin en Barcelona antes de huir en un vehículo blanco, un episodio ampliamente difundido por los medios de comunicación. Según las informaciones publicadas, el citado vehículo estaría a nombre de la esposa de un agente de la policía catalana, lo que habría motivado la activación de la operación «Jaula» para identificar a sus ocupantes.
En respuesta, el Ministerio del Interior decidió iniciar un expediente disciplinario contra el agente al que acusan presuntamente de haber accedido a la base de datos de la Guardia Civil para consultar la matrícula del vehículo. Desde AUGC subrayan que esta medida resulta desproporcionada, especialmente al tratarse de un representante de la asociación policial citada a quien pretenden sancionar con la mayor de las sanciones, según comentan desde la misma, incluso podría costarle la expulsión de la Guardia Civil, como estas propias fuentes remarcan.
Por estos hechos, la AUGC condena enérgicamente que el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Marlaska, pueda estar cediendo a las demandas del independentismo catalán, utilizando la institución de la Guardia Civil como herramienta para satisfacer intereses políticos. La calificación de los hechos como falta muy grave es desmesurada para asociación que vela por los intereses de los guardias civiles y es difícil de justificar bajo criterios objetivos, según la propia AUGC ha explicado en una nota informativa.
«busca contentar a los socios parlamentarios del Gobierno en Cataluña, perjudicando gravemente los derechos y la integridad profesional del guardia civil afectado».
Desde AUGC consideran que esta acción «busca contentar a los socios parlamentarios del Gobierno en Cataluña, perjudicando gravemente los derechos y la integridad profesional del guardia civil afectado».
En relación a estas sospechas, fuentes consultadas por MONCLOA.COM remarcan la importancia de saber si en el caso supuesto que el guardia civil acusado hubiera tomado dicha matrícula sería interesante saber si se hizo en horario laboral o respondía a algún interés fuera de las órdenes de actuación. En ningún caso, hasta el momento nadie se ha posicionado en relación a este supuesto al seguir abierto el expediente.
EXIGENCIA DE GARANTÍAS Y PROPORCIONALIDAD
Por otro lado, la AUGC reitera su compromiso con la defensa de los derechos de todos los agentes de la Guardia Civil y exige al Gobierno y a la Dirección General del Cuerpo que actúen con justicia y proporcionalidad.
Esa misma entidad ha remarcado que «no toleraremos el uso político de la institución ni que nuestros representantes sean objeto de represalias o medidas disciplinarias infundadas». Para ellos, este nuevo caso evidencia, una vez más, la urgente necesidad de revisar el uso de la Ley Disciplinaria y garantizar que su aplicación sea justa, objetiva y acorde con los principios de un estado de derecho.
Además, la propia AUGC muestra su extrañeza porque no parece que el Ministerio del Interior se aplique con el mismo celo a conseguir la puesta a disposición de la Justicia de personas a las que se las acuse de la comisión de hecho merecedores de reproche penal y sí lo tengan para perseguir presuntos hechos, con una relevancia objetiva infinitamente inferior. Un nuevo suceso que vuelve a poner el foco en el trato de Marlaska con los miembros de la Benemérita, una de los puntos oscuros del mandato del ministro de Interior.
