La asociación Liberum denunció el pasado 28 de noviembre al Gobierno español ante la Unión Europea (UE) por no haber ejecutado un presupuesto de 52 millones de euros de fondos europeos para limpiar los cauces valencianos de «arundo donax», las clásicas cañas que crecen en los ríos, y que habrían evitado gran parte del desbordamiento de esos cauces, anegados por la DANA de Valencia cuando las cañas provocaron un efecto tapón, tras ser arrastradas por el agua. La DANA dejó más de 200 muertos el pasado 29 de octubre. El Gobierno español tenía asignados 52 millones de euros de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), pero sólo gastó 1,2 millones en ese cometido. Liberum está también personada como acusación popular en el Caso Koldo y el Caso David Sánchez, entre otros.
Liberum denuncia ante la Comisión Europea (CE) que «el incumplimiento reiterado por parte del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y Vicepresidencia Tercera del Gobierno, de la Confederación Hidrográfica y de otras Administraciones Públicas de la Directiva 2007/60/CE, ha contribuido y agravado significativamente la tragedia sufrida desde el pasado 29 de octubre de 2024, en múltiples municipios valencianos y de otras Comunidades Autónomas, por las inundaciones relacionadas por la gota fría (DANA)».
Este incumplimiento del derecho europeo por parte de los máximos responsables del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del resto de entidades y organismos públicos involucrados es un hecho para esta asociación. «Tanto es así, que el pasado 7 de febrero de 2024, la Comisión Europea anunció en un comunicado de prensa la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir sus obligaciones en relación con los planes hidrológicos de cuenca, y de gestión del riesgo de inundación (Directivas 2000/60/CE y 2007/60/CE)», recoge un comunicado de Liberum.
NORMATIVA PARA PREVENIR INUNDACIONES POR LA DANA
La Comisión Europea (CE) reconoce que: «el cumplimiento de la Directiva sobre inundaciones es fundamental para la preparación ante las inundaciones y la gestión de estas. En virtud de la Directiva marco sobre el agua, los Estados miembros deben actualizar y notificar cada seis años sus planes hidrológicos de cuenca. Estos planes incluyen un programa de medidas que son fundamentales para garantizar el buen estado o el potencial de todas las masas de agua, tal y como dispone la Directiva. En virtud de la Directiva marco sobre el agua, los Estados miembros también deben actualizar y notificar cada seis años sus planes de gestión del riesgo de inundación. Estos planes son igualmente fundamentales para cumplir los objetivos de la Directiva sobre inundaciones, esto es, reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones
suponen para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad
económica».
La misma Comisión Europea envió en febrero de 2023 cartas de emplazamiento a los países que no habían actualizado ni revisado estos planes, fundamentales en caso de sufrir una DANA, entre ellos el Reino de España, a las que siguieron dictámenes motivados en septiembre de 2023, para que, «finalmente, ante el incumplimiento continúo se tomara la decisión de elevar la infracción al TJUE», explicaron.
En relación a España, la Comisión Europea considera que los esfuerzos que han realizado las autoridades han sido insuficientes y denunciaba que «todavía no han notificado por completo sus terceros planes hidrológicos de cuenca ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación».
LA CE CONSIDERÓ QUE «LOS ESFUERZOS DE LAS AUTORIDADES HAN SIDO INSUFICIENTES»
También considera la CE que «los esfuerzos que han realizado las autoridades han sido insuficientes». La Directiva sobre inundaciones prevé ciclos semestrales destinados a reducir el riesgo de daños por inundaciones en la UE. «El tercer ciclo abarca el período entre 2022 y 2027. La gestión del riesgo de inundación forma parte integrante de la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, la Directiva sobre inundaciones está estrechamente coordinada con la Directiva marco sobre el agua, especialmente en lo que se refiere a la coordinación de los planes de gestión del riesgo de inundación, los planes hidrológicos de cuenca y los procedimientos de participación pública», añade un comunicado de Liberum.
Según el artículo 7 de la Directiva 2007/60/CE, el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como del resto de entidades y organismos públicos involucrados por el paso de la DANA «debieron establecer planes de gestión del riesgo de inundación coordinados por demarcación hidrográfica, estableciendo objetivos adecuados de gestión del riesgo de inundación para cada zona, centrando su atención en la reducción de las consecuencias adversas potenciales de inundación para la salud humana y la actividad económica. Los planes de gestión del riesgo de inundación comprenderán medidas para conseguir los objetivos, la extensión de la inundación y las vías de evacuación, así como las zonas con potencial de retención de las inundaciones», según la asociación.
Es más, según el artículo 7 de la Directiva 2007/60/CE, los planes de gestión de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana.
Dentro de las medidas preventivas y de reducción de las consecuencias adversas potenciales de
inundación, se incluye la limpieza y eliminación de las plantaciones de «arundo donax», muy
especialmente en la Comunidad Autónoma de Valencia. A tal fin, se concedieron subvenciones de
fondos europeos Feder por 52.000.000 de euros, de los cuales solo se han invertido 1.200.000 euros», recoge la denuncia de Liberum presentada el 28 de noviembre. Desde la misma asociación se preguntan el destino del resto de dinero recibido.
En consecuencia, Liberum denuncia en primer lugar, «el incumplimiento por parte del el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como del resto de entidades y organismos públicos involucrados de la Directiva 2007/60/CE, al no haber notificado por completo sus terceros planes hidrológicos de cuenca ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación siendo insuficientes los esfuerzos que han realizado las autoridades».
Estos incumplimientos de su deber y obligación de prevenir las inundaciones y realizar los planes
exigidos por el Derecho de la Unión «ha supuesto un agravamiento del riesgo de inundación y por ende, de los gravísimos daños producidos, contribuyendo de forma directa e indirecta por inacción a la tragedia humana y económica padecida», explican en una nota.
En segundo lugar, la asociación denuncia que «las Administraciones competentes en la limpieza y retirada de las conocidas como “cañas” (arundo donax), «no ha destinado las subvenciones y/o ayudadas europeas recibidas (Feder) a tal empresa, usando una cantidad mínima, desconociendo el destino de más de 50 millones de euros. Y, lo más grave, es evidente e incuestionable, que esta inacción de no retirar “las cañas” ha contribuido a agravar (si no producir) las riadas o inundaciones devastadoras por el efecto “tapón” que, de haberse limpiado y retirado este material como la Directiva obliga al Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, los daños hubieran sido considerablemente menos lesivos». añaden en su denuncia por el asunto de la DANA.
QUE LA CE ABRA UNA INVESTIGACIÓN
Más allá, de la DANA ocurrida el pasado 29 de octubre de 2024 (en comparación con otras inundaciones del pasado), de las variaciones del clima, y de la planes urbanísticos, lo cierto es que, el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Confederación Hidrográfica del Júcar «no han cumplido con el Derecho Europeo sobre inundaciones y su obligación de elaborar los planes hidrológicos de cuenca, ni sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación, así como de limpiar y retirar “las cañas” (arundo donax), lo que, conlleva inexorablemente a ser responsables de los daños sufridos en la población valenciana, indefensa y desprotegida por quienes tienen la obligación de velar por la prevención, la reducción de las consecuencias adversas potenciales de inundación para la salud humana y la actividad económica, las vías de evacuación, así como la vigilancia de las zonas con potencial de retención de las inundaciones, y la protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana. Y, todo ello, por incumplir la Directiva 2007/60/CE», añaden.
En definitiva, por todo lo expuesto, la asociación Liberum pide a la Comisión Europea que abra una investigación de todo lo sucedido tras la DANA, y la implicación de los incumplimientos del Derecho Europeo del Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y demás Administraciones Públicas, con los daños producidos durante las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024, en relación con los artículos 4, 6, 7 y 12 de la Directiva 2007/60/CE; como de los artículos 2 (derecho a la vida); 3 (derecho a la integridad física); 37 (protección del medio ambiente); y 41.3 (Derecho a una Buena Administración) de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.
