El juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles dictó el pasado 11 de noviembre una sentencia por falsedad documental y estafa contra un empresario, Rosme Cruz Hernández, por un delito de estafa y otro de falsedad documental. La condena no es muy alta, en total nueve meses, al acordarse de conformidad entre la partes si el condenado devuelve el dinero y no vuelve a delinquir, pero sienta un precedente importante porque este mismo empresario acumula decenas de denuncia en su contra y ésta es la primera de otras sentencias futuras, además es el primer empresario que se dedica a gestionar licencias VTC condenado por estafa.
Los hechos probados recogen que «el acusado, como representante legal de la mercantil Cartera Benmitsu SL, con anterioridad al 12 de diciembre de 2019, pactó con (…) representante legal de la mercantil (…) la adquisición de la citada mercantil, con todos su activos, pagando con anterioridad a la firma del contrato 10.000 euros en concepto de arras». La empresa que compraba Rosme Cruz poseía tres licencias VTC de la comunidad de Madrid, con sus correspondientes vehículos, que era lo sustancioso del negocio. El precio total convenido era de 147.000 euros en cuatro transferencias. El denunciante entregó los vehículos a la empresa de Cruz Hernández incluso un mes antes de la firma ante notario de la transacción.
Lo cierto es que la empresa de Cruz Hernández no poseía saldo suficiente para hacer frente a esos pagos, pero ante diferentes requerimientos y amenazas con denunciar del vendedor el empresario Cruz realizó varias entregas monetarias hasta completar 102.500 euros. Pero como dejó de pagar 35.000 euros finalmente fue denunciado ante el juzgado en septiembre de 2023.
En el acto de juicio el denunciado aceptó los cargos y una condena mínima de 9 meses más una indemnización de 35.000 euros por las cantidades defraudadas. El perjudicado aceptó el «pago fraccionado en el plazo de seis mensualidades, debiendo hacerse el primer ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado entre los días 1 y 5 de diciembre de 2024, debiendo hacerse las cinco restantes en los cinco primeros días de los meses de enero a mayo de 2025», según reza la sentencia.
Pero lo interesante es que el juez dictó, de acuerdo con el fiscal y la defensa del acusado, «la suspensión de la pena de prisión por un periodo de tres años, condicionada a que el reo no delinca durante ese plazo, al pago de la responsabilidad civil en los plazos indicados, a comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio, a estar a disposición del juzgado en cualquier requerimiento».
El juez le condenó por un delito de falsedad en documento mercantil, por las órdenes de pago falsas que presentó ante el notario, a seis meses de cárcel. Y también lo condenó por el delito de estafa a otros tres meses de prisión. En total 9 meses, que teniendo en cuenta las causas pendientes de Rosme Cruz será difícil que no se acumulen en el futuro y que logre evadir la prisión en los próximos años, aunque si llega a acuerdos como ha hecho esta vez podrá ir eludiendo la prisión.
Ignacio Palomar, director de Servilegal, que representa a la víctima explica a MONCLOA que «hemos aceptado de conformidad la pena mínima porque le hemos dejado sin salida y ha tenido que negociar la devolución del dinero estafado, que lo tendrá que hacer en seis meses. Si no cumple pues pediremos su ingreso en prisión, pero creemos que va a pagar en el plazo que le han prescrito».
El modus operandi de Cruz ya lo explicó la UDEF de Policía Nacional en uno de sus informes cuando fue denunciado y publicado por el diario ABC: «Para tratar de evitar que la acción de la justicia se dirija contra él, devuelve parte o la totalidad del dinero presuntamente estafado a algunos de los denunciantes, utilizando para ello el dinero recibido de otros presuntos estafados».
De esa manera, Cruz siempre protagoniza huidas hacia delante, pues «construye un entramado de engaños que se entremezclan entre sí, donde resulta difícil discernir dónde comienzan unos y acaban otros». Y lo haría, de acuerdo a los agentes, «dando de alta y de baja sociedades y cuentas bancarias a medida que las mismas resultan comprometidas». La UDEF calculó el dinero recaudado por Cruz hasta septiembre de 2023 en unos 3 millones de euros.
MÁS DE 30 VÍCTIMAS DE ESTA VTC
La siguiente prueba que tendrá que pasar Rosme Cruz está en el juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, donde se investiga una presunta estafa en la venta de licencias de explotación de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) con más de 30 víctimas.
En sus declaraciones policiales en esta causa, el empresario Rosme Cruz reconocía los errores en la gestión de estas licencias de VTC a algunos de los afectados que lo abordaron en la calle y lo grabaron o lo llamaron por teléfono y también lo grabaron. Estas grabaciones están puestas a disposición del Juzgado. En una de ellas el investigado llega a decir que «no sé si estoy enfermo o qué (…) No sé mi cabeza tío, yo no sé en qué estaba pensando» y que espera «no acabar en la cárcel y llegar a acuerdos».
Pero el juzgado no solo investiga a Rosme Cruz Hernández y a su empresa, que se llama Cartera Benmitsu S.L., con sede en Madrid, de la que es administrador único según el Registro Mercantil, sino que estudia hacerlo con personas de su entorno, ya que podrían haber recibido parte de los beneficios acumulados por el empresario.
Ante la complejidad de las operaciones económicas realizadas los afectados por este empresario de VTC han pedido que «se dé traslado a la UDEF (…) para que realicen una investigación del paradero de los importes estafados y un informe al efecto, del destino que ha tenido el dinero estafado, así como del posible alzamiento de bienes y las sociedades y personas interpuestas que han colaborado en la ocultación de fondos».
En las grabaciones que constan aportadas a todas las denuncias los afectados por las presuntas estafas de VTC se muestran angustiados por saber qué ha ocurrido con sus inversiones. En uno de los audios se escucha a un trabajador preguntar por los 80.000 euros que había invertido. En su caso adquirió una licencia a un tercero el 13 de marzo de 2020, pero según la denuncia presentada por el abogado Ignacio Palomar, «el investigado consigue convencer el 1/08/2021 a D. (…) que la mejor alternativa para su licencia VTC es que se la gestione Cartera Benmitsu, procediendo así a firmar un contrato de gestión».
En mayo de 2022 el afectado descubrió que «la licencia ya no estaba a su nombre, sino a nombre de un tercero (…) y cuando D. (…) le recrimina lo ocurrido al investigado el mismo acaba reconociendo que ha vendido las licencias sin consentimiento, refiriendo que cree que está enfermo y aludiendo a que se está gastando en Bolsa (mediante un broker) el dinero de los afectados», según la misma denuncia contra esta empresa de VTC.
