viernes, 29 noviembre 2024

Yolanda Díaz, convencida de que habrá presupuestos y acuerdo para subir el SMI

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha manifestado su plena confianza en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, así como en alcanzar un acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), al menos con el respaldo sindical.

En sus declaraciones en el Congreso, Díaz ha enfatizado que «el Gobierno de España va a dialogar, como hace siempre«, reafirmando su compromiso con el diálogo social y la negociación colectiva. Este posicionamiento refleja la línea continuista de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo.

Reducción de jornada laboral y negociaciones con los agentes sociales

Un punto crucial en la agenda ministerial es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que se espera acordar próximamente con CCOO y UGT. La ministra ha lamentado la postura de la patronal, señalando que «parece que en esta ocasión la patronal hace partidismo«, en lugar de mantener una posición institucional dialogante.

La vicepresidenta ha destacado los logros en materia de empleo, con una cifra récord de 21,8 millones de ocupados, desmontando las predicciones negativas sobre los efectos de las subidas del SMI. «Oponerse hoy a subir el salario mínimo es ir en contra del sentido común«, ha manifestado, rechazando los «estándares neoliberales» que auguraban consecuencias negativas.

Desafíos en materia de vivienda y política autonómica

En el ámbito de la vivienda, considerada por Díaz como «la principal tarea pendiente de España«, ha criticado duramente la postura de las once comunidades autónomas gobernadas por el PP que se han opuesto a la Ley de Vivienda. Esta situación, según la ministra, perjudica directamente a los ciudadanos que se enfrentan a precios de alquiler «absolutamente imposibles».

La ministra ha expresado su intención de agilizar las negociaciones sobre el SMI para evitar inconvenientes administrativos en las empresas, a diferencia del año anterior cuando el acuerdo se alcanzó en febrero con efectos retroactivos desde enero.