El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha puesto en marcha el proceso para determinar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025. La vicepresidenta segunda ha confirmado que trasladará la propuesta del Comité de Expertos a la mesa de diálogo social, donde se debatirá con patronal y sindicatos.
La ministra ha dejado clara su postura: «Vamos a garantizar que no exista pérdida de poder adquisitivo en los salarios de la vida de la gente trabajadora». Esta declaración establece un suelo mínimo para la negociación, asegurando que cualquier incremento deberá, al menos, compensar la inflación del período.
Los sindicatos presionan por una subida significativa
Los representantes sindicales han mostrado ya su posicionamiento ante la futura negociación. CCOO y UGT coinciden en solicitar un incremento de entre el 5% y el 6%, una cifra que superaría considerablemente la previsión de inflación para 2025.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha solicitado que las negociaciones comiencen «de inmediato», sugiriendo el puente de diciembre como fecha idónea para iniciar las conversaciones, independientemente de las conclusiones del comité de expertos.
Criterios y variables para determinar el incremento
La determinación del nuevo SMI se basará en varios factores clave:
- Cumplimiento de la Carta Social Europea: El SMI debe equivaler al 60% del salario medio español.
- Evolución del IPC: Se tendrá en cuenta para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo.
- Análisis del comité de expertos: Compuesto por académicos, profesores y catedráticos.
- Negociación con agentes sociales: Las propuestas de sindicatos y patronal serán consideradas.
El proceso de determinación del nuevo SMI refleja la complejidad de equilibrar las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad económica. La decisión final deberá contemplar tanto el contexto macroeconómico como las demandas sociales, asegurando que el salario mínimo continúe siendo una herramienta efectiva para la protección de los trabajadores con menores ingresos.
El Ministerio de Trabajo ha establecido un procedimiento estructurado que incluye la participación de expertos y agentes sociales, garantizando la transparencia y el rigor técnico en la toma de decisiones.
