El Gobierno ha perdido la mayoría en el Congreso en el campo económico pese a que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han presentado una reforma fiscal forzada por Europa que, en muchos de sus puntos, no saldrá adelante por decisión de Junts per Catalunya (que se está granjeando algunas sorprendentes y amnésicas simpatías en el campo mediático madrileño).
Una de las intenciones de PSOE y Sumar gravar a las socimis, que según las intenciones de ambos partidos iban a pasar tributar prácticamente como una sociedad al uso. «Malas noticias para el sector inmobiliario. Si se aprueba esta medida, las socimis perderían la exención fiscal y pasarían a tributar por el impuesto de sociedades (25% vs. 0% actual), lo que reduciría en esa misma proporción su generación de caja y capacidad de pago de dividendos», dice Bankinter.
Socialistas y ‘yolandistas’ han presentado una batería de medidas sin siquiera negociarlas con socios habituales como el PNV y Junts per Catalunya. Los postconvergentes van a ser claves para acabar con el impuesto extraordinario a las energéticas en 2025, quieren serlo para atenuar los impuestos que paga CaixaBank por el impuesto extraordinario a la banca, y probablemente lo sean para tumbar la intentona de gravar las socimis.
«Además, el sector perdería atractivo para el inversor extranjero, con opción de invertir en una gran mayoría de países europeos en los que sí cuentan con este régimen fiscal», dicen los expertos de Bankinter.
«Aunque damos poca probabilidad a que se alcancen los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso de los Diputados, y existe la posibilidad de que esta medida se matice, aplicando el impuesto de sociedades tan solo a la parte del beneficio no repartido vía dividendos, como ya se intentó en 2020, bajamos de forma táctica la recomendación al sector inmobiliario a vender desde comprar», añaden.
EL PNV DENUNCIA LA «FRIVOLIDAD» DE SUMAR
Aitor Esteban ha elevado el tono contra el Gobierno desde el Congreso. El portavoz del PNV, icono del sentido común por la mayoría de periodistas parlamentarios, ha recordado que ellos tumbarán la intentona gubernamental de mantener el impuesto a las energéticas. Repsol maniobró con éxito ante PNV y Junts per Catalunya.
Los nacionalistas catalanes marcaron distancias con el Gobierno tras advertir que el presidente de la energética Josu Jon Imaz amenazaba con llevarse una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona a Portugal.
Esteban también ha metido el dedo en el ojo en el ‘yolandismo’, que ha presentado enmiendas a su socio de Ejecutivo. «Lo que no entiendo es lo de Sumar. Forman parte del Gobierno, si se presenta un proyecto a la hora de presentar enmiendas se supone que las han tenido que hablar antes, ¿Qué espectáculo es este?».
«Estoy absolutamente sorprendido de con qué frivolidad se hace política, si a eso se le puede llamar hacer política en esta Cámara», añadió. El PNV tampoco eliminará la exención fiscal del Impuesto a las Primas de Seguros en el caso de los seguros sanitarios, muy extendidos en Euskadi.
JOSU JON IMAZ ABRIÓ CAMINO
El impuesto energético extraordinario aprobado en 2022 enfadó a Repsol, que se divorció de forma definitiva con La Moncloa cuando la vicepresidenta Teresa Ribera pareció posicionarse junto a Ibedrola cuando la eléctrica denunció a la petrolera por ‘greenwashing’.
Josu Jon Imaz, expresidente del PNV y presidente de Repsol, jugó sus cartas y puso contra las cuerdas a Junts per Catalunya. Los de Carles Puigdemont se desmarcaron de La Moncloa, haciendo pinza con PP y Vox, e Imaz tardó unas pocas horas en confirmar el desbloqueo de la inversión en Tarragona.
ENFADO
Imaz también abrió fuego hace unos días contra el Gobierno central desde las páginas de La Vanguardia. «Los partidos que conforman el Gobierno han presentado una propuesta para hacer permanente un nuevo impuesto al sector energético más allá del que, como cualquier otra empresa, pagan por sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades. No hay debate. No hay un análisis riguroso de las consecuencias. No hay siquiera interlocución franca con las empresas industriales. Simplemente el populismo y la demagogia al grito de ‘que paguen las empresas para favorecer a los que lo pasan mal», escribió.
«Aquellos políticos que incluso en privado reconocen que esa doble imposición es un dislate, no se atreven a alzar la voz por temor a ser considerados defensores de los ‘ricos y de las empresas’, exponiéndose a que lancen a las masas contra ellos por ‘antisociales’», añadió.
Decía Imaz que «ser rentables compitiendo con esos países con bajos costes y llevar adelante grandes inversiones exige visión, tecnología y compromiso, además de elevados recursos. Muchas empresas europeas han optado por no hacerlo. En su lugar, cierran las refinerías, se pierde el empleo industrial y se importa ese producto por los puertos europeos».
Y finalizaba con dardo a La Moncloa: «No les oculto que el reto financiero y tecnológico es elevado, pero la apuesta por la industria y su empleo merece la pena. Ahora, el populismo fiscal va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio que imposibilita que esa inversión pueda llevarse a cabo. Si ya era difícil competir con la inversión energética en Estados Unidos, este golpe lo hace imposible».
