La juez de Instrucción número 3 de Badajoz ha llamado a declarar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno el próximo 9 de enero a las 9.30 de la mañana, en calidad de investigado en la causa que se sigue contra él por varios delitos contra la Administración Pública, en concreto como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.
Junto a él ha citado a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Elisa Morian ex directora del Área de Cultura, Cristina Nuñez, diputada delegada del área de Cultura hasta julio de 2018, Juana Cintas, directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación, Manuel Candalija, jefe de Servicio de Áreas Sociales y actualmente Director del Área de Cultura, Deporte y Juventud, Félix González Màrquez, jefe de sección de Gestión Administrativa, Emilia Parejo, actualmente coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad y Francisco Martos, diputado delegado del área de Cultura y Deportes.
También cita a tres testigos, trabajadores o ex trabajadores de la Diputación Provincial, Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Música hasta 2020, María del Rosario Mayoral, directora del mismo organismo desde 2020 hasta ahora y Yolanda Sánchez, Directora del Conservatorio Profesional de Música.
Asimismo, como testigos-peritos cita a la Inspectora regional de la AEAT de Extremadura, al jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura y a la Delegada especial de la AEAT de Extremadura.
Con respecto a Antonio Garrote Ledesma, que es aforado por ser nombrado diputado de la Asamblea de Extremadura en marzo de 2024, la jueza ha librado un oficio a la Asamblea para que acredite esta condición. Y razona la juez en el auto que sigue un criterio de «nivel de indicios cualificados, se opta por un criterio restrictivo a la hora de aceptar la competencia por implicación de un aforado, especialmente cuando se trata de causas seguidas también contra no aforados» y añade que en caso de que esos indicios fueran sólidos se elevaría la correspondiente exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La juez Beatriz Biedma explica que «dadas las características del presente procedimiento, y teniendo en cuenta las continuas filtraciones a la prensa, con la finalidad de que los investigados tengan conocimiento de la presente resolución por via oficial procédase, en primer lugar, a la notificación de la misma a los investigados personados a través de su representación procesal, David Sánchez Pérez-Castejón, Miguel Ángel Gallardo Miranda y Francisco Martos Ortiz».
El resto fue notificado por la nueva oficina judicial y en caso de Elisa Moriano Morales que actualmente no trabaja en la Diputación se le notificó mediante correo electrónico a una dirección particular.
SÁNCHEZ PIDIÓ DESTRUIR LOS CORREOS
El abogado de David Azagra pidió a primeros de mes a la juez que destruyese los correos de su cliente incautados por los investigadores de la Guardia Civil, pero la juez lo rechazó por haberlo presentado fuera de plazo, y luego volvió a rechazar otro recurso de reforma por el mismo asunto. Así que al abogado de Sánchez sólo le quedaba el recurso de súplica que interpuso el pasado día 30, pero que tiene aspecto de seguir el mismo camino de los anteriores. Lo curioso del asunto es que en el último escrito el abogado alega su «derecho al ocio y descanso» y por tanto, no había presentado su recurso en agosto por ese motivo.
La juez que instruye la causa contra David Sánchez, el único hermano del presidente Pedro Sánchez, rechazó el penúltimo recurso del abogado Emilio Cortés por considerarlo extemporáneo o haber sido presentado fuera de plazo, al entender la instructora que el mes de agosto es considerado hábil para la práctica de diligencias mientras que el abogado de Sánchez alegaba que se encontraba de vacaciones. En este nuevo recurso de súplica Cortés justifica que «se entiende que el mes de agosto como un periodo inhábil para la interposición de recursos». Por este motivo, no presentó su recurso hasta la vuelta de las vacaciones de verano.
Hay que recordar, como ya contó MONCLOA, que la juez Beatriz Biedma trabajó la primera quincena del mes de agosto para impulsar procesalmente la causa y no dilatar la misma sin necesidad. De hecho, la juez ya explicó en otro auto de 19 de septiembre que era «lo más beneficioso para la correcta instrucción de la causa» y por eso se tramitó todo «con mayor agilidad desde su incoación, incluido el mes de agosto, proveyéndose todos los escritos y recursos presentados por las diversas partes». La juez no quiere agotar el plazo de doce meses de instrucción antes de llegar a sus conclusiones. Por eso ya llama a declarar a todos los investigados.
Los agentes de la Guardia Civil ya han intervenido los ordenadores de la Diputación provincial en tres ocasiones y nada les asegura el éxito en encontrar comunicaciones que arrojen luz sobre la causa. El objetivo siempre ha sido el mismo, conocer el intercambio de correos entre los diferentes actores de esta trama, desde el presidente de la Diputación hasta David Sánchez Pérez-Castejón y obtener los documentos legales necesarios que acreditasen la contratación del músico en la Diputación.
El primer registro de la UCO en la Diputación apuntó a Elisa Moriano, directora del área de Cultura. Según se desprende del informe presentado por la Guardia Civil ante la juez fue ella quien habría propuesto la modificación en la Diputación para otorgar el puesto a David Sánchez. A la postre, Moriano fue también parte de la comisión asesora encargada de escoger a la persona para el puesto. La UCO, además, nombra al jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González; y a Manuel Candalija, jefe de Servicio de Actividades Culturales, además de al presidente de la Diputación pacense, el socialista Miguel Ángel Gallardo.
En la contratación también habrían participado tres diputados socialistas, Francisco Martos, diputado Delgado del área de Cultura y Deportes; Cristina Núñez Fernández, que tenía el cargo de diputada de Cultura; Emilia Parejo Gala, Coordinadora de la Delegación de Área de Igualdad de la Diputación, Félix González Márquez, Jefe de la Sección Gestión Administrativa y Asuntos Generales y Antonio Garrote, diputado delegado de Recursos Humanos. Este último rubricó las bases de la licitación y el contrato de alta dirección para el hermano del presidente del Gobierno. Además, del correo corporativo del propio David Sánchez.
El problema es que la documentación sobre todo lo relativo a la contratación de David Sánchez, no termina de llegar al juzgado. La Diputación Provincial dilata el proceso de entrega y la juez se impacienta, por eso envió a los agentes de la UCO el pasado 24 de septiembre, para intervenir en esta ocasión el ordenador de José Ramón Suárez Arias, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación. Si entre los documentos incautados aparecen los contratos o las actas de la mesa de contratación significará que al menos, existen, algo de lo que dudan los investigadores.
La UCO ha indagado en todos los correos enviados desde sus cuentas corporativas a partir del año 2016, aunque fue el 19 de mayo de 2017 cuando la convocatoria de empleo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, recogiendo las bases para «la provisión de puesto de trabajo de coordinador/a actividades conservatorios de música del área de cultura, juventud y bienestar social en régimen laboral de alta dirección».
La primera de las funciones recogidas en estas bases hacen referencia a la «coordinación de las actividades de los Conservatorios pertenecientes a la Diputación Provincial de Badajoz, Superior de Música «Bonifacio Gil» y profesional de música «Juan Vázquez»». Así hasta un total de 9 funciones especificadas en la contratación de David Sánchez. La UCO ya se ha dirigido a los responsables de estos centros para que aporten copias de sus comunicaciones con David Sánchez, si es que tienen alguna.
