Begoña Gómez ha dado un soberano traspiés ante el juez Juan Carlos Peinado al incluir en una entrega de pruebas de cargo los correos electrónicos de María Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia. En los documentos se revela la actividad de la funcionaria como asistente personal de la esposa del presidente del Gobierno, tal y como apuntó la UCO en su último informe.
Begoña Gómez muestra así que se aprovechó de recursos públicos para sus beneficios privados, como era la cátedra extraordinaria de Transformación Digital Competitiva (TSC) y que aceptó y promocionó el rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, antes de su creación oficial.
Con los mails entregados por Begoña Gómez, María Cristina Álvarez ha trabajado para la mujer de Pedro Sánchez en estos estudios. Fue la propia funcionaria la que señaló a Reale Seguros el interés de Begoña Gómez para participar en gestiones de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) mientras Gómez codirigía el máster.
En uno de los ‘emails’, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, trabajadoras de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI), se dirigen a Álvarez para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez en un correo fechado el 6 de octubre de 2022. Las destinatarias del correo fueron Begoña Gómez y Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva.
BEGOÑA GÓMEZ USÓ RECURSOS PÚBLICOS PARA FINES PRIVADOS
En ese mismo correo se reenvió otra comunicación, fechada el 7 de septiembre, en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. De esta forma, no fue directamente la Complutense quien le entregó la documentación para registrar la web, sino que se utilizó a una funcionaria para realizar la labor de intermediaria.
Álvarez aparece en copia con un ‘email’ con una cuenta personal de Gmail, pero también se utilizó su propia cuenta oficial de Presidencia del Gobierno, con la firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
Álvarez aparece en copia con un ‘email’ con una cuenta personal de Gmail, pero también se utilizó su propia cuenta oficial de Presidencia del Gobierno, con la firma de directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
Así, se refleja que Álvarez no solo trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía, sino que participó en gestiones con la propia UCM.
Entre los correos electrónicos aportados ahora por la defensa consta también uno enviado por María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM a la propia Gómez, a Álvarez, a Juan de Castro y a Juan Manuel Ruano, codirector del Máster.
EL INTRUSISMO LABORAL TOMA FUERZA
En dicho ‘email’, fechado a 24 de abril de 2023, Sánchez Rosales asegura que «el pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña», en referencia al pliego por el que se investiga a Gómez por un presunto delito de intrusismo.
También se ha aportado otro correo al juzgado enviado por Sánchez Rosales el 11 de mayo de 2023 a Gómez y Álvarez con la propuesta de pliego de cláusulas administrativas particulares. La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, ha aportado estos tres correos electrónicos para pedir al juez que cite a declarar como testigos a las dos miembros de la OTRI y a Sánchez Rosales.
En el escrito presentado este lunes pasado sostiene que dichos correos electrónicos que ponen de manifiesto que Begoña Gómez, «si firmó el pliego de prescripciones técnicas, fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente». E insiste en que las dos miembros de la OTRI le señalaron cómo debía registrar el dominio de internet.
