La Agencia Estatal de Administración Tributaria de España (AEAT) intenta encontrar los fondos repatriados por la trama Koldo desde fuera de España. Las cuentas españolas de particulares y empresas ya están fiscalizadas en nuestro país, pero si ahora Aldama decide tirar de la manta a lo grande tendrá que confesar cuales son sus intereses empresariales en el extranjero. La UCO ya ha llegado a Portugal, pero ahora busca en República Dominicana el rastro de Aldama y sus socios del grupo «4 mosqueteros». Este lunes comienza en la Audiencia Nacional las testificales de los socios de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno. Todos están imputados en el Caso Koldo.
Durante su declaración Aldama reconoció a preguntas de su abogado que el hermano de Koldo García Izaguirre, «Joseba, fue a República Dominicana al menos en tres ocasiones, aparecen pagos realizados a Joseba por una tal Arancha, entregas de dinero a el legionario» e incluso dijo que había entregado dinero en el propio ministerio.
Allí era Arancha, una trabajadora de Aldama, quien le daba los sobres de dinero a Joseba, que en el grupo era «el legionario», por su pasado militar en esta unidad del ejército de Tierra. De hecho, una conversación entre Joseba García, hermano de Koldo, y Arancha, empleada de Aldama en Santo Domingo, fue recogida en uno de los informes de la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil para el juez Ismael Moreno, que instruye la causa en la Audiencia Nacional.
La secuencia del interrogatorio del abogado de Aldama a su propio cliente fue la siguiente:
Abogado: ¿Estas entregas tuvieron lugar fuera de España?
Aldama: Sí, en Santo Domingo.
Abogado: Al señor Joseba, hermano del señor Koldo, ¿se le ha entregado dinero en efectivo en República Dominicana?
Aldama: Sí.
Abogado: ¿Y viajaba a tal fin?
Aldama: Sí, claro.
Abogado: ¿Pero sólo viajaba para eso, no tenía otra razón?
Aldama: No
Abogado: ¿Cuántos viajes realizó?
Aldama: Si no me equivoco, tres.
Abogado: ¿Y era sólo para Koldo o en el paquete iba el señor Ábalos?
Aldama: Repartía con Ábalos todo lo que le daba. Siempre que lo recibía me mandaba un whatsapp y me decía que estaba todo OK.
Abogado: A veces era en su propia oficina… e iba el tal Joseba a recoger lo del señor Koldo.
Aldama: El señor Koldo y en alguna ocasión en el propio ministerio.
Abogado: ¿Ha llevado usted dinero al ministerio?
Aldama: Sí.
El rastro de ese dinero en metálico es el que la Guardia Civil quiere seguir desde la República Dominicana a España. Una conversación por whatsapp entre Arancha y Joseba García llamó la atención de los investigadores. La charla, mantenida el 2 de noviembre de 2021, y recogida en el sumario del caso, desvela cómo Arancha queda a la entrada de la urbanización donde reside con Joseba aquel mismo día, «salgo con el coche y te lo doy», le dice Arancha al «legionario».
ALDAMA ASEGURA QUE KOLDO Y ÁBALOS COBRARON
Otra parte importante del interrogatorio fue cuando el propio Víctor de Aldama corrigió a su abogado que hablaba en suposición, «entonces serían unos doscientos mil al señor Ábalos y otros al señor Koldo», y ahí fue interrumpido por Aldama al decir «fueron 250 mil a Ábalos y 100 mil a Koldo».
Por eso la Guardia Civil busca datos de entre otras empresas los de Pronalab SRL en República Dominicana, como sospechosa de pertenecer a la trama Koldo, ya que en ella se juntan varios socios de Aldama, en concreto dos de los participantes en el famoso grupo de whatsapp «4 mosqueteros».
Aunque Pronalab fue constituida en abril de 2021 cambió de gestores y de socios en varias ocasiones, aunque siempre llegó a personas relacionadas con Víctor de Aldama. Para el juez Ismael Moreno y la Guardia es prioridad que se investigue y siga el rastro del dinero cobrado por Aldama gracias a la comisión en la venta de mascarillas por 53 millones de euros.
Pronalab Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) fue constituida el 8 de abril de 2021, aunque la asamblea para su constitución se celebró el 26 de marzo del mismo año. La última asamblea está fechada el 18 de enero de 2022. En ambos casos la dirección es la misma, Avenida de la Independencia, una zona de oficinas al sur de Santo Domingo, apenas a dos manzanas del mar.
La sociedad fue constituida por Ignacio Díaz Tapia, investigado en la causa y uno de los socios de Aldama, junto a un ciudadano Dominicano llamado Roberto Feliz Astacio y la sociedad Global Stratos Investmens SL, representada por el mismo Díaz Tapia. Global Stratos tiene como administrador único a la empresa Fertinvest Consulting, investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y como apoderados a Víctor de Aldama, Javier Serrano y su representante era César Moreno García. Todos están investigados y formaban parte de un chat de whatsapp intervenido por la UCO bautizado con el nombre de «4 mosqueteros» y «Fertinvest», una empresa de César Moreno García que a fecha de hoy cuenta con tres reclamaciones pendientes de la agencia tributaria.
CUATRO GERENTES PARA UNA EMPRESA DOMINICANA
El órgano de gestión de la empresa dominicana de la trama estaba compuesto por cuatro gerentes, Javier Serrano Costumero, investigado por la Audiencia Nacional; Dino Di Anni, un ciudadano italiano que tuvo varios cargos en la española Duro Felguera, el último fue como Gerente de Desarrollo de Negocios; el español Ignacio Díaz Tapia y la dominicana Juana de los Santos Álvarez.
Ignacio Díaz Tapia compró el 10 de noviembre de 2021 un total de mil acciones a Bernardo Castillo Pérez, empresario navarro que aparece también en la trama, a través de la sociedad Global Stratos Investments, otra de las empresas investigadas dentro de la causa Koldo por el juez Ismael Moreno. Este empresario navarro es citado por un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se recogen algunos gastos de Aldama, principal comisionista de la trama de mascarillas, en concreto cuando los agentes escribieron para el juez que «respecto al resto de gastos, los unidos a Cristian y Bernardo (Bernardo Castillo Pérez). Ambos forman parte de su círculo íntimo y de sus negocios relacionados con el suministro de material sanitario (…)». A este empresario Aldama le adjudica en ese documento 20.000 euros.
En una aclaración la UCO explica que «a día de hoy se tiene constancia de que antes de que Aldama hubiera negociado el suministro de mascarillas a la Administración Pública con Soluciones de Gestión, lo habría hecho con la mercantil Transportes Anabel y Berna de Corella, administrada por Bernardo Castillo Pérez». Es decir, que ambos se conocían de antes de formalizar esta relación en República Dominicana.
Bernardo Castillo vendió su participación en Pronalab por 10.000 pesos dominicanos, unos 157 euros y además se obligaba en su condición de vendedor «a no involucrarse o tener participación o interés, directa o indirectamente, individual, conjuntamente o a través de terceras personas, en el desarrollo de negocios similares al negocio de Pronalab SRL, que estén localizados dentro del territorio de la República Dominicana por un período de cinco (5) años que le sigan a la transferencia de las cuotas sociales (acciones)». En el mismo acto Castillo Pérez renunciaba por carta a su cargo de gerente dentro de la compañía
El 30 de noviembre de 2021 un acta de la gerencia de Pronalab a la que ha accedido MONCLOA recoge los apoderamientos de Javier Serrano Costumero, imputado en la causa y del italiano Dino Di Ianni, que está en los informes de la UCO: «Ambos domiciliados en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para que actuando de manera individual, en nombre y representación de la sociedad Pronolab SRL, puedan realizar todas las actividades y firmar los documentos necesarios para abrir, mantener y manejar cuentas bancarias tanto en pesos dominicanos, dólares estadounidenses o cualquier otra divisa que estimen necesaria, certificados de inversión y/o depósitos, apertura de cartas de crédito stand-by o a la vista, realizar inversiones, bonos de deuda, etc., en la forma que consideren convenientes en entidades financieras de la República Dominicana y el extranjero, así como expedir, firmar, endosar y cobrar cheques, giros, transferencias de fondos y otros efectos de comercio, efectuar depósitos de fondos (…)», es decir, que ambos tenían plenos poderes para operar en nombre de esa sociedad.
MÓVIL DE VÍCTOR DE ALDAMA
En agosto de 2021 unos mensajes encontrados en el móvil de Víctor de Aldama servían a la investigación, eran entre Dino Di Ianni y el propio Aldama. «Buongiorno!! Qué tal? Cómo sigues?», escribía Di Ianni a Aldama el 20 de agosto de 2021, éste respondía que «buenos días, señor pues mejor la verdad. Tu sigues en Caracas o estás en Madrid?». Ianni respondía que «Llegué el miércoles, ahora estoy con lo de la construcción de la sociedad en RD e ire una semana de vacaciones con mi familia (…) a Benidorm». RD para los investigadores de la trama Koldo sería República Dominicana.
Javier Serrano, Ignacio Díaz, César Moreno y Víctor de Aldama compartían un grupo de whatsapp denominado «4 mosqueteros» en el que se hablaba supuestamente de traer dinero desde República Dominicana a Madrid. Pronalab era una empresa especializada en realizar pruebas PCR a turistas. Una de sus empleadas que aparece en el sumario del Caso Koldo era la encargada de contabilizar el dinero que se recibía allí para llevarlo a Miami.
César Moreno mandaba un whatsapp el 22 de enero de 2022 a la citada empleada para decirle que él y Javier Serrano «nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno». Por estos mensajes la Guardia Civil cree que parte del dinero todavía puede estar en República Dominicana.
Además de Pronalab los investigadores de la UCO han centrado sus pesquisas en Dominicana en las sociedades Modular HV Corp. y GSI Dominicana. En la primera consta como representante César Moreno y en la segunda Ignacio Díaz Tapia.
