La Audiencia Nacional se prepara para un juicio de alto perfil que examinará las presuntas prácticas de acoso y cohecho orquestadas por el empresario Javier López Madrid contra la doctora María Elisa Pinto. El juicio, que dará comienzo el lunes, también sentará en el banquillo al excomisario José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo, acusados de participar en el entramado delictivo. La vista oral se extenderá previsiblemente hasta el jueves, día en el que se espera el veredicto.
El caso, una pieza separada del extenso «caso Villarejo», pone el foco en la presunta contratación del excomisario por parte de López Madrid para acosar a la doctora Pinto, con quien mantenía un conflicto personal. La trama se complica con la acusación de cohecho, un delito que la Fiscalía Anticorrupción inicialmente no consideró suficientemente probado para llevar a juicio a los acusados. Sin embargo, el juez instructor, atendiendo a la petición de la acusación particular ejercida por la defensa de la doctora Pinto, decidió seguir adelante con el proceso, solicitando penas de seis años de cárcel para López Madrid y Villarejo, y cuatro para Redondo.
La defensa de la doctora Pinto argumenta que López Madrid contrató los servicios de Villarejo para silenciar y desacreditar a la doctora, utilizando para ello métodos ilegales y abusando de su posición de poder. La acusación particular sostiene que Villarejo, valiéndose de sus contactos policiales y recursos, sometió a Pinto a un acoso sistemático, incluyendo seguimientos, acceso ilegal a su información privada e incluso intentos de interferir en la investigación policial.
El desarrollo del acoso
La cronología de los hechos, según el auto del juez instructor, se remonta a septiembre de 2013, momento en que López Madrid presuntamente contacta con Villarejo para resolver su «asunto personal» con la doctora Pinto. En diciembre de ese mismo año, López Madrid, acompañado de Redondo, quien actuaba como abogado bajo las órdenes de Villarejo, se presentó en la consulta de la doctora para intimidarla y advertirle de las consecuencias de sus acciones.
A partir de 2014, Villarejo, siguiendo el presunto encargo de López Madrid, habría iniciado una campaña de hostigamiento contra la doctora Pinto. El excomisario, haciendo uso de sus «medios policiales», habría realizado seguimientos, accedido ilegalmente a su información privada y tratado de obstruir la investigación policial en su contra. El juez instructor destaca la gravedad de estas acciones, que no solo vulneraron la privacidad de la doctora, sino que también pusieron en entredicho la integridad del proceso judicial.
La investigación judicial ha revelado la existencia de comunicaciones entre Villarejo y López Madrid, así como contactos del excomisario con otros agentes de policía implicados en la investigación de la denuncia de Pinto. Entre estos contactos, destacan las comunicaciones con el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño, y el inspector Alberto Carba, quien estaba a cargo de la investigación de la denuncia de Pinto. Estas comunicaciones, según el juez, evidencian la intención de Villarejo de manipular la investigación y proteger los intereses de López Madrid.
El auto del juez también recoge una conversación de Villarejo en la que este manifiesta su intención de reclamar a López Madrid una compensación económica por su participación en el «asunto personal» con la doctora Pinto. Esta conversación, grabada en 2017, refuerza la tesis de la acusación particular sobre la existencia de un acuerdo económico entre López Madrid y Villarejo para llevar a cabo el acoso a la doctora Pinto.
