La batalla por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) llega a su punto álgido en estos días. El Partido Popular (PP) y Vox van a tener unos días curiosos por la disputa que ambas formaciones conservadoras mantienen por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central. El PP defiende su aplicación y Vox lucha por abolirla por «atentar contra las libertades de los madrileños y el resto de españoles que quieran venir a la capital».
El pasado 17 de septiembre el consistorio madrileño dirigido por José Luis Martínez-Almeida recibía un duro varapalo judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El organismo judicial anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tras una demanda interpuesta por Vox, principal agitador para acabar con estas medidas medio ambientales. El partido de extrema derecha señaló en su día que presentó el recurso al advertir una «insuficiencia» relativa al informe de impacto económico en la ordenanza municipal de Movilidad Sostenible.
La sentencia del TSJM se justificó entonces incidiendo especialmente en el hecho que las medidas restrictivas adoptadas por la Ordenanza afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica y generalizan una distorsión social.
ACELERÓN DE VOX CONTRA ZBE
En este sentido, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha TSJM para solicitar la ejecución provisional del fallo judicial de este mismo órgano que anulaba las ZBE, un paso que dan para evitar «multas diarias de entre 300 y 600 euros» y ante la maniobra «dilatoria» del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con la que pretende «ganar uno, dos, tres, cuatro años hasta que resuelva el Supremo».
El portavoz municipal de Vox cargó contra el recurso presentado ante el Supremo por el Gobierno municipal. Respecto a ello, Smith comentó que es un recurso «absolutamente dilatorio» y más «cuando el alcalde sabe perfectamente que no lo van a estimar, que no tiene ninguna razón» dado que la sentencia que dictó el TSJM «se basa en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo».
Además, Smith insistió en remarcar que «Almeida recurre de manera dilatoria para ganar uno, dos, tres, cuatro años hasta que resuelva el Tribunal Supremo y, mientras tanto, su terrible maquinaria de recaudación sigue avanzando, sigue prohibiendo circular, sigue coartando las libertades y sigue recaudando dinero y perjudicando a los más vulnerables«.
«Uno de cada tres vehículos de España, 12 millones de vehículos que no tienen etiqueta ambiental, que suponen el 32% del parque móvil y que no podrán entrar en la capital» a partir del próximo 1 de enero por esta normativa una discriminación para Vox.
Es una ordenanza absolutamente desproporcionada, que no daba ninguna alternativa, que no entendía la necesidad de una justa transición para que aquel que no tenía recursos a lo largo de los años para ir cambiando su vehículo y que especialmente hacía un terrible daño en la economía de los más vulnerables», argumentó Smith, en referencia a «los autónomos o las personas con menores recursos, a las que esta ordenanza directamente priva no solo de su libertad, sino también de su modus vivendi.
ALMEIDA SE DEFIENDE CON LA CALIDAD DEL AIRE
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se ha quedado callado ante el ataque de Vox y se se defiende de las acusaciones de Vox dando prioridad a la calidad del aire ha explicado que sus medidas son «eficaces y sensatas» contra la contaminación. Y ha subrayado que no se trata de «suerte» sino de «políticas reales».
«Tendrá que explicar Javier Ortega por qué en Madrid se respira muy bien y por qué se ha bajado la contaminación un 35%. Esto no ha pasado por casualidad (…) Si Javier Ortega hubiera estado en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, no hubiera hecho nada«, respondió el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
«Hay políticas que permiten reducir la contaminación y aumentar la actividad económica. Y eso es lo que hemos hecho desde este Gobierno, con un modelo propio y que no está influido ni por Vox ni por la izquierda, sino que está influido por buscar lo mejor para los madrileños», continuó afirmando el alcalde de Madrid.
Almeida tampoco ha querido dejar sin responder las acusaciones de Smith de su supuesta estrategia dilatoria con el recurso al Tribunal Supremo. El edil comentó en tono irónico que Ortega Smith como jurista debería saber que hay un sistema de recursos en un Estado de Derecho y que el Ayuntamiento ha presentado recurso de casación porque los servicios jurídicos así lo han considerado.
Por ello, Almeida pidió «respeto» a los servicios jurídicos ya que no se trata de un «discurso político». «Será, en su caso, Vox quien deba instar la ejecución provisional de la sentencia», finalizó el alcalde. La guerra comenzó hace unos meses pero su punto álgido se acerca y parece que de momento a espera de recursos las ZBE pueden quedar suspendidas de manera cautelar. Discriminación y salud en una guerra que parece que será larga.
