El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la anulación del registro realizado en su despacho. Considera que la medida fue desproporcionada y causó un perjuicio notorio a la institución. El recurso se centra en la intervención de dispositivos electrónicos y el acceso a información sensible, argumentando una falta de justificación adecuada para una medida tan intrusiva.
El registro, llevado a cabo el 30 de octubre, se realizó en el marco de una investigación por presunta revelación de secretos. La Abogacía del Estado respalda la solicitud de anulación, alegando que el registro constituye un perjuicio potencialmente irreparable para la Fiscalía General del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El alcance de la intervención, que incluyó el clonado de dispositivos y el acceso a cuentas de correo electrónico, se considera excesivo.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por Alberto González Amador, en relación con una nota de prensa emitida por la Fiscalía. La nota informaba sobre el intercambio de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso, en el contexto de una negociación para un posible acuerdo. Si bien el Supremo no apreció delito en la nota de prensa en sí, la investigación se centró en posibles filtraciones previas de esos correos a medios de comunicación.
El recurso presentado por la Fiscalía General del Estado argumenta que la magnitud del registro no se corresponde con la naturaleza de los hechos investigados. Se cuestiona la necesidad de clonar dispositivos y acceder a una amplia gama de información, incluyendo correos electrónicos y datos almacenados en servidores. Se argumenta que la medida adoptada vulnera el principio de proporcionalidad, establecido en el derecho procesal, que exige que las medidas de investigación sean adecuadas y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, sin exceder los límites imprescindibles.
La Abogacía del Estado se suma a esta postura, incidiendo en el grave perjuicio causado a la imagen y la credibilidad de la Fiscalía. Señala que la intervención ha generado una sensación de vulnerabilidad y ha puesto en entredicho la confidencialidad de la información que se maneja en la institución. Este argumento refuerza la idea de que el registro fue una medida desproporcionada que podría afectar al funcionamiento normal de la Fiscalía y a la confianza ciudadana en la justicia.
Implicaciones para la independencia de la Fiscalía
Además de la desproporcionalidad, el recurso también plantea la cuestión de la independencia de la Fiscalía. Se argumenta que un registro de esta envergadura, sin una justificación sólida y precisa, puede ser interpretado como una intromisión indebida en la labor de la institución. La independencia de la Fiscalía es fundamental para garantizar la imparcialidad de la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La solicitud de anulación del registro busca, por tanto, proteger no solo la imagen de la Fiscalía, sino también la integridad del sistema judicial. Se pretende establecer un precedente que limite las intervenciones desproporcionadas y salvaguardar la independencia de las instituciones encargadas de la persecución de los delitos. El caso sienta un precedente importante para el futuro, ya que define los límites de la actuación judicial en investigaciones que involucran a altos cargos de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo deberá ahora pronunciarse sobre la validez del registro. Su decisión tendrá implicaciones significativas para la protección de la independencia de la Fiscalía y la garantía de un proceso judicial justo y equitativo.
