El juez que investiga a Begoña Gómez ha aplazado su declaración como investigada al próximo 18 de diciembre a las 10.00 horas, al tiempo que ha descartado retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, como así le habían solicitado las acusaciones populares.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, accede a la solicitud de la defensa de Gómez, que había instado a la modificación de la fecha explicando que estaría de visita oficial en Brasil para asistir a la cumbre del G-20.
El juez asegura que «con independencia de que la asistencia a dicho acto tiene el carácter de voluntaria y la aceptación de la invitación podría haberse excusado, lo cierto es que la investigada tiene una especialísima relevancia social, por su condición de esposa del actual presidente del Gobierno».
«Lo que da lugar a que se le tenga en cuenta para que sea objeto de consideración, con especiales privilegios, que la distinguen de cualquier ciudadano en quien no concurren dichas circunstancias, y por tanto, debe considerarse justificada su asistencia a dicho acto oficial y consecuentemente excusársele de la comparecencia en la sede de este juzgado el próximo día 18 de noviembre», argumenta Peinado.
Además, el magistrado ha acordado que el Letrado de la Administración de Justicia de su juzgado, acompañado de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia, «se desplacen» al Palacio de la Moncloa el próximo 21 de noviembre para hacerle «entrega personal de la querella admitida a trámite» por la presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo profesional
En cuanto a la retirada del pasaporte, el magistrado considera «innecesaria y desproporcionada» la medida porque, a su juicio, «es difícilmente contemplable que pretenda residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo».
Cabe recordar que las acusaciones populares de Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias instaron al juez que prohibiese a Gómez salir del país, le retirase el pasaporte y acordase comparecencias quincenales después de que ésta anunciase que no podía comparecer ante el juez por su asistencia a la cumbre.
El juez indica que la medida cautelar tendente a la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte «viene siendo adoptada, aunque con alguna frecuencia, en personas detenidas previamente, con prudencia, y cuando de personas investigadas, se trata, de quienes presenten claros indicios de que, si se ausentaren del territorio nacional, las probabilidades de que no regresaran a España».
El instructor incide en que se trata de una medida para investigados que traten de «eludir la acción de la justicia». En el caso de Gómez, apunta, disfruta «de una situación y condiciones superiores a los de la media de cualquier ciudadano residente en España».
Eso hace, desde su punto de vista, que sea «difícilmente contemplable que pretenda residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo, lo que hace innecesaria, y desproporcionada la adopción de la medida cautelar solicitada».
