Andalucía amplía las zonas declaradas como desastre natural tras el impacto de la DANA. El Consejo de Gobierno andaluz, en su reunión vespertina del martes, aprobará la ampliación de la declaración de desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario. Esta decisión, vital para el sector, se produce tras el paso de la Depresión Atmosférica en Niveles Altos (DANA) entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2024, y amplía las ayudas a los municipios afectados inicialmente mediante el Acuerdo del 5 de noviembre de 2024.
Ampliación de las zonas afectadas por la DANA en Andalucía
La reunión del Consejo de Gobierno, programada excepcionalmente para las 17:30h por motivos de agenda institucional del presidente Juanma Moreno, abordará la ampliación de la declaración de desastre natural. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, adelantó la inclusión de 23 nuevos municipios en la lista de zonas afectadas, elevando el total a 92. Esta medida permitirá a los agricultores y ganaderos de estas localidades acceder a ayudas y subvenciones para paliar los daños sufridos en sus explotaciones e infraestructuras.
Las consecuencias de la DANA en el sector agrario andaluz han sido devastadoras. Inundaciones de cultivos, pérdidas de cosechas, daños en invernaderos y en la infraestructura de riego son solo algunas de las consecuencias que han mermado la producción y la rentabilidad de las explotaciones. La ampliación de la declaración de desastre natural supone un respiro para los afectados, que podrán acceder a ayudas para la recuperación de sus explotaciones y la reanudación de su actividad. Estas ayudas, gestionadas a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, incluirán subvenciones directas, préstamos bonificados y exenciones fiscales, entre otras medidas.
Además de las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, la declaración de desastre natural también contempla medidas para la reparación de infraestructuras hidráulicas dañadas, la limpieza de cauces y la restauración de caminos rurales. Estas actuaciones son fundamentales para garantizar la seguridad de las zonas afectadas y prevenir futuras inundaciones.
Medidas adicionales y gestión ambiental en Andalucía
La gestión ambiental también ocupa un lugar destacado en la agenda del Consejo de Gobierno. Se iniciará la tramitación del Anteproyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía. Esta nueva legislación busca modernizar y optimizar la gestión ambiental en la región, estableciendo un marco normativo más eficiente y adaptado a las nuevas necesidades. Se espera que la nueva ley aborde cuestiones clave como la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la gestión de residuos y la calidad del aire y del agua.
En el ámbito económico, el Consejo de Gobierno autorizará la concertación de operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 378.750.000 euros. Esta medida permitirá a la Junta de Andalucía financiar proyectos estratégicos en áreas como infraestructuras, sanidad, educación e innovación. La gestión responsable de la deuda pública es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la inversión en áreas prioritarias para el desarrollo de la región.
Otro punto importante en el orden del día es la ampliación de la plantilla presupuestaria de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Esta ampliación, que afecta a puestos de personal funcionario de los Servicios Comunes, busca reforzar la capacidad de gestión de la Consejería en un sector clave para la economía andaluza. El turismo, como motor económico de la región, requiere una administración eficiente y ágil que pueda responder a las demandas del sector y promover el desarrollo turístico sostenible.
Finalmente, el Consejo de Gobierno abordará la prórroga y modificación del contrato del seguro de responsabilidad civil profesional y responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta prórroga, por un plazo de doce meses y un importe total de 31.500.000,00 euros IVA exento, garantiza la cobertura ante posibles reclamaciones por negligencia médica u otros incidentes, protegiendo tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes.
