La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 10 de noviembre del próximo año 2025 el comienzo del juicio a Jordi Pujol Soley, a sus siete hijos y a otras 16 personas, por delitos que el juez instructor calificó como organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia fija las sesiones de esta vista, que se extenderá hasta abril de 2026, y cuyo tribunal estará formado por las magistradas María Riera, como presidenta, María Fernanda García, como ponente, y Carolina Rius.
El juez instructor Les imputó presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pidió a Jordi Pujol Ferrusola que depositase 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros.
De esta forma, el instructor siguió los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió contra todo el ‘clan’, pidiendo 9 años de cárcel para el patriarca y hasta 29 para su hijo mayor, mientras que la Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, interesando para ellos 25, 17 y cuatro años de prisión, respectivamente.
En el auto con el que puso fin a la instrucción, en el año 2020, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumular un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
39 TESTIGOS ADMITIDOS SI SE LOCALIZAN
En otra resolución, la Sala ha dictado el auto de admisión de prueba en el que acepta la declaración de 39 testigos siempre y cuando las partes faciliten los datos para poder ser localizados. En el caso de otros 50 testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex Director Adjunto Operaitvo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y otros policías, el Tribunal requiere a las partes para que en el plazo de diez días justifiquen la necesidad y utilidad de estas testificales.
El auto judicial da diez días a las partes para que manifiesten datos de algunos de la treintena de testigos propuestos para su localización, ya que con sólo sus nombres no es posible para el juzgado localizarlos. Sobre otros testigos propuestos como varios de los policías que intervinieron en las investigaciones el auto judicial pide a las partes que justifiquen la necesidad de su testimonio.
La juez también descarta de plano la declaración propuesta de Alicia Sánchez Camacho, ex presidenta del PP de Cataluña y actual diputada en la Asamblea de Madrid «al no considerarse necesaria ni útil», de Jaume Ferrer Graupera, «por ser acusado», de Gustavo de la Garza Ortega, «por falta de datos para su citación y no ser justificada su utilidad» y tampoco de varios cargos del banco andorrano ni de la Generalitat de Cataluña «al no ser admitidas las pruebas documentales anticipadas correspondientes».
El juicio se celebrará en Madrid durante los días 10 a 13 de noviembre de 2025 y los días 24 a 27 del mismo mes en la sede de San Fernando de Henares. Luego se reanudará en diciembre, los días 15 a 18 en la sede de la calle García Gutiérrez.
Las vistas para el año 2026 tendrán lugar en enero, febrero, marzo y abril en semanas alternas. Todas las sesiones comenzarán a las 10 de la mañana.
El auto se puede impugnar mediante recurso de reposición durante los tres próximos días.
