El Partido Popular eleva la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación del exministro José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo. La investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación reaviva las exigencias de responsabilidades políticas en el seno del Ejecutivo. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha redoblado la apuesta y ha solicitado la dimisión del propio presidente.
El hecho es que la apertura de una causa contra Ábalos por parte del Tribunal Supremo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos ha vuelto a poner el foco sobre la sombra de la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta investigación, derivada del caso Mediador, se centra en el periodo en el que Ábalos ocupaba la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso elevó la causa al Supremo al apreciar indicios de la participación del exministro, quien como aforado solo puede ser investigado por el alto tribunal.
Para el PP, esta situación es insostenible. Tellado ha recordado que el propio Gobierno exigió la dimisión de Ábalos cuando las sospechas recaían sobre su asesor. Ahora, con el exministro directamente imputado, el portavoz popular considera que la responsabilidad política debe alcanzar al propio presidente del Gobierno. «Ábalos era el número dos de Sánchez», ha recalcado Tellado, insinuando una conexión directa entre ambos y la trama investigada.
El PP exige responsabilidades
El PP insiste en que Sánchez debe comparecer públicamente y dar explicaciones a la ciudadanía. La transparencia y la rendición de cuentas son, según Tellado, pilares fundamentales del sistema democrático, y en este caso se estarían viendo gravemente comprometidas. La exigencia de dimisión de Sánchez no es solo una estrategia política, sino una consecuencia lógica de la gravedad de los hechos, según el argumentario popular.
El caso Ábalos se suma a una serie de controversias que han salpicado al Gobierno en los últimos meses. Esta acumulación de casos, según el PP, erosiona la credibilidad del Ejecutivo y genera una profunda desconfianza en la gestión pública.
El caso se convierte así en un nuevo episodio de la pugna política entre el Gobierno y la oposición, con importantes implicaciones para el futuro del país. El desarrollo de la investigación judicial y las decisiones políticas que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para el panorama político español.
