La polémica está servida en Burgos. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición PP-Vox, ha decidido no renovar los convenios de atención a inmigrantes en 2025 con las ONG Burgos Acoge, Accem y Atalaya Intercultural. Esta decisión, que elimina 119.000 euros en ayudas, se justifica como una cesión al partido Vox para aprobar los presupuestos municipales. Mientras, se mantiene el convenio con Cáritas por valor de 19.000 euros.
La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP), ha afirmado que su partido «no está de acuerdo con la retirada de estos convenios», reconociendo la importante labor de las tres entidades afectadas en la integración de los inmigrantes en Burgos. Sin embargo, ha justificado la decisión como una consecuencia inevitable de gobernar en coalición. Según Ballesteros, el PP ha tenido que ceder en este punto para garantizar la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. Esta explicación no ha convencido a la oposición, que acusa al equipo de gobierno de priorizar los intereses políticos sobre las necesidades sociales.
Ballesteros ha insistido en que la medida no supone un recorte en servicios sociales, sino una redistribución de fondos. Los 119.000 euros se destinarán a otras partidas dentro de la Gerencia de Servicios Sociales. No obstante, no ha especificado a qué programas irán destinados estos fondos, lo que ha generado desconfianza entre las organizaciones del tercer sector.
La portavoz ha querido destacar que los convenios relacionados con la cooperación al desarrollo se mantienen intactos, con las partidas presupuestarias previstas. Este matiz, según el equipo de gobierno, demuestra que el recorte no se debe a una política de austeridad, sino a una decisión política específica relacionada con la atención a la inmigración. Sin embargo, esta argumentación no ha aplacado las críticas, que señalan la contradicción de recortar ayudas a la integración local mientras se mantienen las destinadas a la cooperación internacional.
Nuevas adjudicaciones y proyectos en Burgos
Más allá de la polémica por los convenios con las ONG, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha abordado otros temas relevantes. Se ha resuelto el contrato del servicio de Escuelas Infantiles Municipales para menores de 0 a 3 años (José Antonio Rodríguez Temiño, Gigantillos, Río Vena y Pequeño Cid). El contrato, con una duración de cuatro años, ha sido adjudicado a Arasti Barca SL por un importe anual de 2.496.000 euros, frente a un presupuesto inicial de licitación de 9.986.584,64 euros y dos licitadores.
Por otro lado, se ha aprobado la segunda y última prórroga del contrato con el Comité Ciudadano Antisida para la gestión de la casa de acogida La Encina, por un importe anual de 231.720 euros. Finalmente, se ha dado luz verde al proyecto del carril bici de la avenida Constitución Española, con un presupuesto de 840.418 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
