La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado un recurso de apelación en el TS contra los registros efectuados el pasado miércoles en los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Fiscalía ha informado en una comunicación interna a la carrera fiscal de que Sánchez Conde ha presentado un recurso de apelación en el marco de las pesquisas que lleva a cabo el TS por la presunta revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un recurso contra los autos de entrada y registro dictados por el instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, que se materializaron el pasado 30 de octubre.
En el caso del despacho de García Ortiz, fueron más de diez horas de registro -desde las 12.30 y hasta las 23.00- que culminaron con un volcado del contenido íntegro de sus dos teléfonos –el personal y el oficial–, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y multitud de USB.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
En el auto referido a García Ortiz, el instructor acordó incautar sus dispositivos electrónicos y el volcado de sus cuentas de correo electrónico desde el 8 de marzo y hasta ese 30 de octubre, autorizando únicamente el acceso al material relacionado con la presunta revelación de secretos.
La fecha del 8 de marzo es clave porque, según señaló el propio Tribunal Supremo cuando encausó a García Ortiz, el fiscal del caso contra el novio de Díaz Ayuso, Julián Salto, declaró que ese día fue cuando Rodríguez le informó de que el investigado por presuntos delitos fiscales era la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y «le pidió copia de la denuncia ya visada».
Además, el Ministerio Público ha anunciado a través de un ‘infofiscalía’ que García Ortiz ha hecho extensible al TS la abstención que ya acordó para este caso cuando estaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid.
Esto supone que Sánchez Conde, que es su ‘número dos’, estará exenta de recibir órdenes de García Ortiz y de rendirle cuentas en lo relativo a este caso, garantizando así la independencia de la teniente fiscal en la toma de decisiones en este procedimiento judicial.
Cabe recordar que dos acusaciones populares –las ejercidas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias– han solicitado a Hurtado que suspenda cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, precisamente, por la dependencia jerárquica de Sánchez Conde.
En concreto, con esta abstención se dejan sin efecto las previsiones del apartado segundo del artículo 25 y el artículo 26 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
«Se cumplimenta así lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 17 del EOMF, conforme al cual la teniente fiscal del TS sustituirá al fiscal general del Estado en caso de ausencia, imposibilidad o vacante, una vez que este último se abstuvo de intervenir desde su inicio en la dación de cuenta o en cualesquiera otras actuaciones» de este caso.
INVESTIGACIÓN AL FISCAL GENERAL
El Supremo abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas, entre otros, por González Amador, y a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y Salto para negociar un acuerdo.
El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos ‘emails’ a los medios de comunicación.
