Activación de fondos de la UE para la emergencia migratoria en Canarias
El Gobierno canario ha hecho hincapié en la necesidad de activar los mecanismos de ayuda de emergencia disponibles en la Unión Europea (UE) para abordar la preocupación creciente sobre la emergencia migratoria que afecta al archipiélago. La situación demanda no solo una respuesta inmediata, sino también la movilización de recursos adecuados para asegurar la atención necesaria.
Mecanismos de ayuda de la Unión Europea
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que hay «muchos mecanismos» europeos que no han sido activados y que podrían contribuir a gestionar la situación crítica. En una reciente rueda de prensa, reiteró la importancia de que el Estado español realice las solicitudes necesarias para acceder a los fondos de asilo, migración e integración que la UE pone a disposición.
Cabello mencionó que se han enviado tres escritos a diferentes ministerios como el de Interior y el de Juventud e Infancia, solicitando la movilización de recursos destinados a los menores migrantes. La insistencia en la solicitud de estos fondos se vuelve crucial, ya que la Comisión Europea ha expresado la posibilidad de activar recursos de emergencia en beneficio de Canarias, pero la gestión recae en el Ejecutivo central.
Situación actual: desbordamiento en Canarias
A medida que la crisis migratoria se intensifica, el Gobierno canario estima que los costes derivados de la atención a los menores migrantes podrían alcanzar hasta 160 millones de euros. Aunque la vicepresidenta del Gobierno español ha confirmado la disponibilidad de 100 millones, la diferencia resalta la creciente necesidad de recursos adicionales para hacer frente a las complejidades de la situación.
Durante los últimos 14 meses, Canarias ha estado lidiando con este desafío, que exige no solo atención humanitaria sino también un enfoque estructural para mejorar la gestión de la migración. La falta de activación de los mecanismos propuestos por la UE ha dejado a la región en una posición vulnerable.
Demandas de colaboración de la UE
Cabello ha hecho un llamado para que la Unión Europea adopte un rol más activo en la gestión de esta crisis. Activar recursos económicos, técnicos y humanos se convierte en una necesidad urgente para ofrecer una respuesta integral a la situación. “Lo que estamos pidiendo es activar todos los recursos posibles”, afirmó Cabello, enfatizando que se requiere una reunión específica para evaluar la colaboración de la Comisión Europea en este contexto.
La realidad actual destaca la necesidad de un enfoque coordinado que garantice que los recursos ofrecidos por la UE sean efectivamente movilizados. La inacción en este sentido representa una barrera adicional para abordar las crecientes necesidades de atención y apoyo a los migrantes en Canarias.
Modificación de la Ley de Extranjería
El Gobierno canario no solo aboga por la activación de fondos, sino que también se centra en la modificación de la Ley de Extranjería como parte de su estrategia para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados. Esta modificación se presenta como un «plan A» para el Ejecutivo regional, que busca establecer una respuesta estructural que alivie la carga que actualmente soporta el archipiélago.
La propuesta de cambiar el artículo 35 de la Ley de Extranjería se ha convertido en un tema crucial en el debate político. La insistencia en esta modificación es un reflejo de la urgencia de encontrar soluciones que permitan un manejo más efectivo de la migración y la atención a los niños y niñas que llegan solos a las islas.
La necesidad de un enfoque solidario y colaborativo
Cabello ha subrayado la importancia de dejar de lado debates estériles sobre competencias y conflictos políticos relacionados con la situación de los menores migrantes. Según él, es crucial englobar a toda España en una respuesta solidaria que permita a Canarias obtener el apoyo necesario para gestionar la crisis migratoria.
El Gobierno de Canarias ha mostrado su disposición a colaborar y convocar a diferentes actores, incluyendo el Gobierno central y el Partido Popular, para discutir y buscar soluciones conjuntas. Esta iniciativa podría suponer un paso significativo hacia la implementación de políticas más efectivas que beneficien a los grupos más vulnerables.
