El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que tiene rango de Secretario de Estado reconoció el pasado miércoles que se encuentra en una situación «rara» cuando tiene que decidir si eleva o no denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) porque él no tiene «criterio» ni puede «entrar a fondo en el asunto» por lo que le resulta complejo decidir cuando lo hace ante un organismo que «actúa con absoluta autonomía», aunque «a veces» no entienda alguna de sus decisiones. Rodríguez Uribes parece olvidar así, el propósito en este asunto del CSD que preside que no es otro que conocer de la denuncia y elevarla al órgano judicial correspondiente, que en su caso es el TAD, tal y como ya advirtió en una sentencia la Audiencia Nacional el pasado año.
En el mismo acto donde hizo estas declaraciones, un desayuno informativo de Europa Press, el presidente del CSD reconoció que «no entra en el fondo de asunto, o eleva la denuncia o no, y en los dos casos siempre hay el principio de sospecha». Pero luego se metió en asuntos de Justicia, no de su ministerio, y dijo que «hay que trabajar en un protocolo» para dotar a este tribunal «de racionalidad y de sentido», y que también hay que se pueda tratar que «cuando haya una denuncia se favorezca la mediación y si no funciona, elevarla», es decir, que el Ejecutivo al que pertenece el organismo que preside pueda inferir en un poder independiente, a pesar de lo que cuatro de sus siete miembros están elegidos por el CSD.
Todas las decisiones del TAD son de tipo administrativo y por tanto recurribles ante la Justicia ordinaria y los tribunales de lo contencioso-administrativo y sus miembros son elegidos durante seis años y no pueden ser reelegidos.
EL FILTRO DE RODRÍGUEZ URIBES
El problema de implantar ese supuesto filtro lo dejó claro el propio Rodríguez Uribes ya que «el problema no es tanto el TAD, es que el presidente del CSD se ve en esa tesitura de elevar denuncias, cuando además yo no tengo que entrar en el fondo. Entonces es una cosa como un poco rara, porque si no tengo criterio, ¿cómo decido cuándo la elevo y cuándo no?», se preguntó.
«Por eso he lanzado esta reflexión de que quizá deberíamos explorar, para dotar de mayores garantías y de mayor objetividad, esa vía de la mediación previa como un paso necesario antes de elevarla al TAD», sentenció Uribes.
Sin embargo, para Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia en el Deporte y uno de los que más acuden al TAD «el CSD no puede establecer filtros ni mediadores cuando recibe denuncias de particulares contra dirigentes deportivos, no puede actuar de cortafuegos, debe enviar por imperativo legal las denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte, lo deja bien claro la sentencia de la Audiencia Nacional 128/2023. La medida correcta sería que las denuncias fueran directamente al TAD y no al CSD, eso sí los miembros del TAD tendrían que tener de dedicación exclusiva y habría que dotar de más medios a dicho organismo».
OTRA DENUNCIA ANTE EL TAD
De momento, el último en acudir al TAD no ha sido Galán sino el abogado Javier González Calvo, que todavía no es candidato oficial a presidir la RFEF pero ya se ha postulado como uno de los candidatos. El abogado cordobés ha pedido anular el proceso electoral porque es «contrario el acto de convocatoria conforme el artículo 47 de la LPACAP ya que han sido acordadas y aprobadas por una persona que carece de competencia para acordarlo, al amparo de lo establecido en el artículo 11.1 de la Orden de 2024, y el artículo 4.1 del Reglamento Electoral de la RFEF».
Es decir, que la actual vicepresidenta de la RFEF, María Ángeles García, Yaye, no tiene derecho a iniciar el proceso electoral «al amparo del artículo 31.7 de los Estatutos de la RFEF, que es el artículo referido en la propia convocatoria como base de legitimación de su competencia para la aprobación del acto impugnado», en la opinión del abogado denunciante.
Las elecciones están convocadas para el 16 de diciembre, una fecha elegida después de que precisamente el TAD anulara el proceso electoral que comenzó el 7 de octubre y con la que la RFEF pretendía hacerlo antes de que finalice este 2024.
Además, añadió que las elecciones para conformar una nueva Asamblea General, donde se eligen miembros compromisarios que eligen al presidente, se celebrarán el lunes 25 de noviembre. Todo ello para terminar el proceso electoral antes de que termine el año 2024 y así cumplir con la ley que obliga a celebrar elecciones en año olímpico.
