La defensa del ex jefe de Personal de Adif (Renfe), Michaux Miranda Paniagua, ha enviado al juez central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que investiga el llamado caso Koldo una serie de documentos con los que busca «acreditar que la actuación» que llevó a cabo en la compra de material sanitario «se ajustó a la normativa de excepción aplicable al tiempo de los hechos», en plena pandemia del COVID-19. Parte de esa documentación ya la presentó la Guardia Civil ante el juez en sus informes y son conversaciones de mail y facturas encontradas en los registros de la sede de ADIF y no dejan en buen lugar al entonces jefe de Personal de Adif, imputado en la causa por la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.
En un escrito presentado ante el juez Ismael Moreno el ex directivo pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que pida a Adif a informar sobre las causas de resolución de un contrato con Innjoo Technology para el suministro de un millón de mascarillas, máxime cuando la oferta de esta última empresa era más barata que la de Soluciones de Gestión, a la que se le dio el contrato y que ahora está en el centro de la investigación de todo el caso Koldo. Lo cierto es que Innjoo facturó en una ocasión al menos en abril de 2020 con Adif, independientemente de la compra realizada a la otra empresa en medio del Caso Koldo.
La primera de estas facturas con Innjoo supuso 511.795,52 euros para 201.415 mascarillas FFP2 y lleva fecha de 2 de abril de 2020. La misma empresa pasó un presupuesto después, el 12 de abril del mismo año, consistente en otras 189.760 mascarillas protectoras FFP2 y 240.000 guantes de nitrilo.
Michaux Miranda también solicita al juez que se pida a Adif que informe sobre la documentación facilitada a la Subdirección General de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el marco de la auditoría encargada por el actual titular de Transportes, Óscar Puente. En concreto, añade: «Con expresa referencia sobre si se facilitó la información relativa a la resolución del contrato suscrito con Innjoo Technology».
EL IMPUTADO QUIERE SABER SI «SE FACILITÓ INFORMACIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO CON INNJOO TECHNOLOGY»
Además, Michaux Miranda pide al juez que Adif aporte certificación de las actas correspondientes a las reuniones del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2020 y de 28 de abril de 2020, en todo lo relativo a las declaraciones de emergencia relacionadas con la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, con la propia Injoo Technology y con la mercantil Raminatrans, que se habría encargado de la distribución de las mascarillas, así como la certificación del acta de la reunión del comité de contratación de 21 de abril de 2020 en todo lo relativo a las tres empresas.
El juez Ismael Moreno acordó la citación como imputado de Michaux Miranda después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción apoyándose en que tanto él como los también investigados «podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas», según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
ADIF TENÍA DOS OFERTAS
El fiscal, en su petición, explicaba que estas presiones se dieron «sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión».
«En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ellos situaciones materiales de indefensión, se considera procedente que se ha de proceder a su toma declaración en calidad de investigados», añadía Anticorrupción.
Cuando llegó la pandemia Adif solo disponía de dos ofertas encima de la masa para repartir cinco millones de mascarillas. Por un lado, se encontraba la oferta más cara, la de Soluciones de Gestión, controlada por los mayores beneficiados de la trama Koldo, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, mientras que Innjoo Technology, con una oferta más ventajosa, también ofreció sus servicios. «Era la oferta más ventajosa», destacó el director general Financiero y Control de Gestión de Adif, Manuel Fresno Castro, en su declaración recogida en una auditoría que encargó el actual ministro de Fomento, Óscar Puente.
De hecho, el 27 de marzo de 2020 Guillermo Martínez de Simón, abogado del Estado y entonces Secretario General de Adif, escribía a Manuel Fresno con informes comparativos entre Innjoo y Soluciones de Gestión. Recogía que la solvencia de la primera era de 5 sobre 10 y la segunda de 3 sobre 10. Luego también escribía que «os confirmo que el ministerio de Interior hizo ese encargo al Innjoo, he hablado con el subdirector que hizo el encargo, este fin de semana llega la primera parte del suministro (luego son muy rápidos), y esa empresa también lo realiza para la comunidad autónoma de Baleares y Melilla». Esos mismos correos Michaux Miranda se los reenviaba a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif. Es decir, que Miranda no va a poder alegar desconocimiento de esa otra oferta.
Para tomar una decisión final, los jefes de Adif realizaron una reunión a través de la plataforma Teams, ampliamente utilizada durante la pandemia para poder mantenerse al día de las actividades. «En esos momentos se valoró dividir el encargo en 2 lotes de mascarillas, y dar más cantidad a Innjoo Technology, porque su oferta era más económica», apuntaba la misma auditoría.
«Todos los participantes en las reuniones estuvieron de acuerdo en que era mejor diversificar. De hecho, en la documentación aportada en esa auditoría consta que llegó a haber una Propuesta de Declaración de Emergencia en este sentido», según aseguró Castro y recoge el polémico informe.
«Finalmente, los entrevistados coinciden en indicar que el día 27 de marzo, tras una reunión por Teams convocada por el Director General de Gestión de Personas y fijada, según consta en la documentación aportada, a las 13:00 h., se adjudicó la totalidad del suministro de 5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión», apunta la auditoría.
El director general Financiero y de Control de Gestión de Adif afirmó que no fue una reunión «de debate», tal y como había afirmado el entonces director general de Gestión de Personas, Michaux Miranda Paniagua, sino en todo caso «de traslado de la decisión». Es decir, según el informe, Miranda Paniagua habría dado la orden de dar el encargo a la empresa en la que se cierne el caso Koldo porque «garantizaba mejor el suministro».
«El hecho de que finalmente se contratara con Soluciones de Gestión el encargo de los cinco millones, cree que se debió a que lo dijo el MITMA, ya que cree recordar que el director general de Gestión de Personas hablaba con el el subsecretario, con el Gabinete de Ministro y con la SGT», afirma el informe.
El entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, afirmó que fue el ministro Ábalos quien le dio la orden de realizar una compra de mascarillas a fin de asegurar el abastecimiento y el transporte esencial en un contexto de estado de alarma, pero en ningún caso hay constancia de que fuera a una empresa en concreto.
De hecho, Ábalos, en conversación con MONCLOA, negó que hubiera irregularidad alguna, ni en el precio ni tampoco en un presunto amaño en el contrato. «La malversación era la principal preocupación. Fuimos el único Ministerio que bloqueó el pago hasta la recepción de la mercancía», destaca el ahora diputado en el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, cometer un delito era el verdadero quebradero de cabeza, además del precio. «Hubo proveedores, de todo tipo, que no entregaron el pedido y se les adelantó el 50% del dinero sin garantía alguna. Nosotros no. En mi Ministerio, no», recalca. De hecho, tanto Puertos del Estado como Adif tenían la orden de bloquear el dinero. Esa orden puso en evidencia la solvencia de las empresas. «Quienes disponían del dinero y de los contactos pudieron realizar el contrato», destaca. «A ninguna empresa que contrató Transportes se le facilitó un adelanto», ha apuntado.
DECISIÓN ADOPTADA EN EL MINISTERIO
Según la declaración judicial de Jesús Manuel Gómez, «la decisión se adoptó desde el Ministerio, desde el Gabinete del Ministro». Extremo que Ábalos pone en duda, más cuando la auditora no descolgó el teléfono para conocer ni la versión del exministro de Transportes ni de su Gabinete, según han apuntado a este medio.
«Por su parte, el Director General de Gestión de Personas indica que el entonces DGOI le
envió un correo electrónico en el que le comunicaba que aterrizaba un avión el fin de
semana con las primeras mascarillas que había contratado Puertos del Estado con la empresa Soluciones de Gestión, y que esto para él era una garantía escrita que le hacía fiable el suministro, ya que la información del Ministerio del Interior según la cual el avión de Injoo aterrizaba también ese fin de semana era telefónica, y por tanto no tan fiable como la del entonces director general de Organización, que es por escrito», señala la auditoría realizada por Puente.
