El PSOE consigue por la puerta trasera el poder absoluto institucional

El PSOE de Pedro Sánchez cambia las reglas del juego establecidas en la normativa para hacerse con el control total de las instituciones públicas del Estado. La última maniobra no deja indiferente a nadie tras romper el consenso establecido para consensuar el consejo de administración de RTVE, que solo podría modificarse con una mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados, para bajarlo ahora a solo una mayoría absoluta.

La estrategia ata de pies y manos al PP en el control de la televisión pública, que estará formado ahora por 15 consejeros en vez de los diez actuales para dar cabida a personas impuestas por el PNV, que ya tiene un sillón, y donde se estrenarían Junts, Sumar, ERC y Bildu. Con este movimiento, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez consigue el poder absoluto en todas las instituciones y por un período más largo de lo que duraría la legislatura natural.

De esta forma, Bildu tendría voz y voto por primera vez. Cabe destacar que el PSOE y el propio Pedro Sánchez negaron cualquier pacto con los herederos de ETA, quienes llevaron a más de 40 condenados por terrorismo como candidatos a las listas electorales, un escándalo del que recularon poco después por el lío montado. Asimismo, tampoco ha sentado bien a la izquierda radical vasca la película ‘La infiltrada’, donde se muestra los años que estuvo una agente de la Policía Nacional en la red de los terroristas de ETA.

EL PSOE CONCEDE UN CONSEJERO A BILDU, ERC Y SUMAR

Pedro Sánchez aseguró que se saltaría el poder legislativo, para después afirmar que esa no era su intención. No obstante, con ayuda de sus socios de investidura y legislatura lo conseguirá, un paso que apuntala el autoritarismo con el que se ha desempeñado esta legislatura al romperse todos los consensos establecidos desde la Transición.

Pedro Sánchez, líder del PSOE, fagocita todas las instituciones públicas y rompiendo el consenso establecido con la Transición
Pedro Sánchez, líder del PSOE, fagocita todas las instituciones públicas y rompiendo el consenso establecido con la Transición

Los consejeros de RTVE están en su puesto por una duración de seis años, pero para su elección era necesario alcanzar un acuerdo entre los dos partidos más importantes de España, evitando así la toma de decisiones unilaterales y obligando a consensuar los cargos dado el plazo de tiempo en el que estarían. El PSOE, no obstante, no está por la labor de hablar con el PP tras pactar con el pleno del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de infructuosas conversaciones.

EL PSOE CONTROLA LOS PRINCIPALES ÓRGANOS

Óscar López, ministro de la Transformación Digital, ha explicado que se trata de «rebajar mayorías» para exponer de nuevo un choque entre las Cámaras que deberían controlar el poder del Ejecutivo. De esta forma, se eliminará el obligado paso por el Senado, relegado a una mera comparsa con este cambio, para escoger a los miembros del Consejo de la Radio y Televisión públicas del Estado. Eliminado el obligado consenso por el Senado, donde el PP ostenta una holgada mayoría absoluta, el PSOE tendrá la puerta abierta para hacer y deshacer en programas e informativos de la cadena pública, controlando absolutamente todos los puestos.

De esta forma, el PSOE controlaría la presidencia de RTVE siempre y cuando los socios apoyen la jugada de intercambiar el voto por asientos en el consejo, una de las instituciones que faltaba por controlar tras hacerse con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con José Félix Tezanos al frente; la agencia Efe; la Fiscalía General del Estado, con el imputado Álvaro García Ortiz por la presunta revelación de secretos; y lograr el control tanto en el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, donde se han introducido a miembros del Gobierno y del PSOE, como Cándido Conde-Pumpido o Juan Carlos Campo, quien se ha inhibido en la votación de la amnistía.

Asimismo, algunos de estos cambios han llegado a los tribunales por las irregularidades cometidas, como ocurrió con la esposa del exjuez Baltasar Garzón y exministra de Justicia, Dolores Delgado, quien iba a estar como fiscal de Memoria Democrática. Un hecho similar ocurrió con el nombramiento de Magdalena Valerio, cuyo nombramiento como presidenta del Consejo de Estado fue tumbado también por el Supremo. En su lugar se colocó a la exministra Carmen Calvo.

Los puestos en empresas públicas también se han sucedido como pago por el trabajo realizado. El exdirigente en el PSC Maurici Lucena fue de los primeros en aterrizar para recalar en la cúspide de Aena, mientras que se ha colocado en Correos a Juanma Serrano. No son los únicos, a Víctor Francos se le nombró presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

De esta forma, el Gobierno controlará dos de los buques insignia de la comunicación en España, pero tiene ahora el favor de un tercero, el grupo Godó. Por un lado, controla Prisa, mientras Godó, entregado al separatismo y a CiU ha hecho un hueco al PSC y al PSOE, llegando a elogiar a Salvador Illa. Con RTVE, Pedro Sánchez tendrá un trío insuperable en cuanto a tapar los casos de corrupción que acechan sobre su familia, como el caso Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, así como los entresijos del caso Koldo para tratar de taponar la hemorragia que se cierne sobre el PSOE.

EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE RTVE, EN CONTRA

La medida, además, llega a espaldas del consejo de informativos de RTVE. El órgano interno de los trabajadores de los servicios informativos de la corporación pública rechaza el real decreto y exige mantener un «concurso de méritos» para la elección de los consejeros.

En un comunicado, los trabajadores de RTVE han denunciado que el decreto «abre la puerta a rebajar la mayoría necesaria para nombrar» a los nuevos consejeros. «Desde el Consejo de Informativos de TVE insistimos en la necesidad de establecer mayorías cualificadas para garantizar la pluralidad y máxima representatividad en el órgano de Gobierno de la radiotelevisión pública», han criticado.

Por último, han reclamado a los partidos políticos a «alcanzar acuerdos amplios» y «mantener el concurso de méritos» como «mecanismo para garantizar la idoneidad y capacitación de los consejeros».