Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha rechazado la reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el viernes 25 de octubre. La decisión, comunicada oficialmente por el Gobierno madrileño, se fundamenta en dos razones principales: la difamación que considera haber sufrido por parte de Sánchez y el pacto fiscal alcanzado con los partidos independentistas catalanes, que califica de «ruptura de la Hacienda común«.
La «difamación» de Sánchez y la «campaña» del Gobierno
El comunicado del Gobierno madrileño subraya la inconveniencia de la reunión tras las declaraciones de Sánchez en Bruselas, apenas 24 horas antes de la convocatoria. Ayuso considera estas declaraciones como una grave difamación, en línea con las intervenciones previas del presidente en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo madrileño denuncia una «campaña inaceptable e impropia» orquestada desde el Gobierno central, con ministros repitiendo las acusaciones contra la presidenta regional.
Esta estrategia, según el comunicado, representa un «deterioro institucional sin precedentes» que no se puede ignorar. La gravedad de las acusaciones, sin especificar su contenido, se presenta como un obstáculo insalvable para el diálogo. El Gobierno regional insiste en la necesidad de respeto institucional y considera que la actitud del Gobierno central socava las bases de la convivencia democrática. La acumulación de ataques y la falta de rectificación, según la versión de la Comunidad de Madrid, han creado un clima de desconfianza que imposibilita una reunión productiva.
El pacto fiscal con los independentistas
La segunda razón esgrimida por Ayuso para declinar la reunión es el pacto fiscal alcanzado entre el Gobierno central y los partidos independentistas catalanes. El Ejecutivo madrileño califica este acuerdo como una «ruptura de la Hacienda común de todos los españoles» y un «pacto letal» para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones. Se critica la falta de consulta con los presidentes autonómicos y la ausencia de este asunto en el programa electoral.
El Gobierno madrileño considera que este pacto crea un precedente peligroso, al ceder a las presiones de partidos que buscan la ruptura del Estado. Se argumenta que este tipo de acuerdos debilitan la cohesión territorial y generan desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. Además, se cuestiona la sostenibilidad del sistema de financiación autonómica tras este pacto, alertando sobre las posibles consecuencias negativas para el conjunto del país. Se insta al Gobierno central a reconsiderar su estrategia y a buscar soluciones que fortalezcan la unidad y la solidaridad entre todos los españoles.
En lugar de asistir a la reunión con Sánchez, Ayuso mantendrá su compromiso con un evento previamente programado en Porriño (Galicia) junto a varias instituciones.
