El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, niega la mayor al asegurar que no está ni investigado ni imputado por el Tribunal Supremo, pero lo cierto es que sí está formalmente bajo la lupa judicial por vulnerar el derecho de defensa de Alberto González por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más por falsedad documental.
García Ortiz y la izquierda dentro de la Fiscalía se han movilizado para mantener el sillón en lo más alto de la cúpula, pero el Consejo Fiscal, órgano independiente de las garras políticas al estar integrado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector jefe y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías, ha dado la espalda a quien fuera designado a dedo por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Por una clara mayoría, los elegidos por los propios fiscales han pedido la renuncia inmediata a García Ortiz, que se aferra al cargo vertiendo amenazas veladas sobre la oposición.
«Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera», aseguró en una entrevista en RTVE el mismo día en el que se conocía su imputación en el Tribunal Supremo. En concreto, siete fiscales de los nueve que conforman el Consejo Fiscal han votado favorablemente al dictamen que exige la dimisión inmediata de su jefe de filas para evitar la sombra de la sospecha sobre el resto de la institución. «Es una degradación más de la institución», apuntan fuentes conocedoras de la reunión.
GARCÍA ORTIZ PIERDE APOYOS EN EL MINISTERIO FISCAL
García Ortiz ha perdido importantes apoyos, pero logra unificar a los progresistas ante lo que consideran un «ataque político sin precedentes», a pesar de que el auto del Supremo es claro y unánime, con una ponente del ámbito progresista por si había dudas. García Ortiz ha asegurado ante sus compañeros de carrera que se mantenía para fortalecer al Ministerio Público porque su marcha significaría una muestra de debilidad, pero también un trofeo para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que volvería a anotarse un tanto ante los furibundos y continuos ataques del PSOE y del Gobierno.
García Ortiz afirma ahora que no filtró ningún correo, pero el Supremo no le imputa por ese hecho, sino por la difusión de datos considerados secretos sobre un posible pacto entre la Fiscalía Provincial de Madrid y González, que entonces no era pareja de Ayuso. Según defiende el fiscal general del Estado, no filtró ningún correo sobre dicha negociación, pero la cadena Ser adelantó una noticia en el que se manifestaba el pacto secreto al detalle.
De todas las asociaciones que conforman el Consejo Fiscal, tan solo la Unión Progresista de Fiscales (UOF) ha defendido a García Ortiz para continuar al frente del Ministerio Fiscal, mientras que la AF y la APIF exigen su cese.
La imputación del fiscal general del Estado, la primera vez que se da este escenario judicial en España durante la democracia, no solo es un perjuicio contra el Ministerio Fiscal, sino que «supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúa bajo la jefatura superior del investigado en este proceso», apunta la Asociación de Fiscales.
EL FISCAL GENERAL, IMPUTADO POR REVELACIÓN DE SECRETOS
Por su parte, la junta de fiscales de sala ha mostrado una brecha importante a la hora de respaldar a García Ortiz. Ni mucho menos el respaldo es mayoritario, más cuando al menos nueve de los veinte fiscales que la conforman se han mostrado muy críticos con la gestión y la continuidad de García Ortiz en un asunto turbio. En caso de que el Tribunal Supremo concluya con una sentencia desfavorable para García Ortiz, éste se enfrentaría a una multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Es decir, si Pedro Sánchez no le cesa, el Supremo podría expulsarle de la propia carrera judicial.
En su auto, recoge que, de la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid de un delito de revelación de secretos, como consecuencia de la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular.
El tribunal precisa que la cuestión primordial es determinar si la conducta atribuida por los querellantes, y que se detalla en la exposición razonada, al aforado, puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
