El informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las investigaciones en torno a los tentáculos del Caso Koldo no se queda solo en el Ministerio de Fomento de Ábalos y llega a Baleares, Canarias y también, a La Rioja. Los investigadores encontraron una serie de mensajes de teléfono móvil entre Concha Andreu, anterior presidenta de La Rioja y actual senadora socialista y Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos durante la pandemia del Covid 19. En ellos Koldo logra contactar con Sara Alba, ex consejera de Salud riojana, para que los socios de Aldama intentasen vender pruebas de Covid a ese organismo. Para ello escribió a la presidenta de La Rioja, que le contestó el 30 de octubre de 2020: «Ya me han dicho desde Salud (Seris) que adelantaron la información y hablan con Nacho. Contestarán muy pronto».
Los agentes de la Guardia Civil detectaron que Víctor de Aldama, empresario en el centro de la trama Koldo, quería vender el negocio de sus socios de Megalab y Fertinvest Consulting a las comunidades autónomas con la llegada de la pandemia. Igual que habían vendido mascarillas a Puertos del Estado, Adif, Correos, ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares, ahora intentaban vender test o PCR para detectar el Covid 19. Lo lograron con Baleares y Canarias y lo intentaron con La Rioja.
El informe presentado ante el juez Ismael Moreno expone que «el día 16 de octubre de 2020 Koldo consigue el contacto de Sara Alba Corral, consejera de Sanidad de esa comunidad directamente dependiente de la entonces presidenta de La Rioja, Concepción Andreu Rodríguez»,
El día 18 de octubre «Andreu compartía con Koldo a través de Whatasapp el contacto de Sara Alba. Inmediatamente después, éste compartía su contacto con Aldama, quien hacía lo mismo con Tapia (dueño de Megalab) pidiéndole que llamase de parte del «chiquitín». Al día siguiente, Koldo enviaba a Andreu el contacto de Tapia», según el documento. El «chiquitín» es el apodo por el que conocían a Koldo García algunos miembros de la trama.
EL «CHIQUITÍN» ES EL APODO POR EL QUE CONOCÍAN A KOLDO ALGUNOS en LA TRAMA
Tres días más tarde «Tapia recibía un mensaje de WhatsApp de Rubén Vinagre, subdirector General de Salud Pública de La Rioja. Vinagre comunicaba a Tapia que esperaba su llamada. Seguidamente Tapia remitía la presentación del proyecto del grupo Eurofins Megalal y Fertinvest Consulting para La Rioja»
Otra fecha importante para los investigadores es la de 30 de octubre de 2020 cuando «Andreu escribía a Koldo y le comunicaba que el Servicio Riojano de Salud iba a hablar con Tapia y contestar muy pronto».
UNA ADJUDICACIÓN EN ABRIL DE 2020
La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge en aquel año sólo una adjudicación del Servicio de Salud de La Rioja a Eurofins Megalab, de 4 de abril de 2020, por 116.160 euros, dentro de un «Acuerdo para la tramitación de emergencia de la adquisición de material sanitario (Laboratorio) en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», que compartió con otras tres empresas que por ello se repartieron 733.687,16 euros entre todas.
Los agentes de la Guardia Civil no recogieron contratos otorgados por La Rioja tras esas conversaciones. La actual senadora Andreu, antes presidenta de aquella comunidad, debió de sospechar algo, pues al igual que con las mascarillas rechazó comprar las pruebas PCR que le ofrecían a través de Koldo García. En marzo de 2020 La Rioja declinó comprar las mascarillas de Soluciones de Gestión porque no estaban catalogadas como FFP2.
En su informe la UCO señala que Koldo García intercedió en beneficio de Aldama valiéndose de su puesto como asesor del ministro de Transportes. Aldama se habría introducido en el negocio de las mascarillas gracias a la información que le habría proporcionado Koldo García al principio de la pandemia.
Los investigadores afirman que además del beneficio de 6,7 millones obtenidos como comisión en la venta de mascarillas, Víctor de Aldama se lucró también con los tests PCR. Para llevar a cabo este negocio se asoció con Ignacio Díaz Tapia, propietario de Megalab, Javier Serrano y César Moreno, constituyendo la empresa Fertinvest Consulting y Eurofins Megalab.
ABALOS AL BORDE DE LA IMPUTACIÓN
Mientras tanto, este último informe ya ha provocado que el ex ministro José Luis Ábalos se encuentre al borde de su imputación en la trama Koldo y más después de que la Fiscalía Anticorrupción haya enviado un informe al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso n el que insta a que se pida al Tribunal Supremo que investigue al exministro José Luis Ábalos al apreciar indicios delictivos. De esta manera, la Fiscalía informa favorablemente al juez Moreno para que pida la retirada del aforamiento de Ábalos, actualmente diputado en el Grupo Mixto del Congreso.
Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el ‘Caso Koldo‘ pedía el pasado jueves al presidente de la Audiencia Nacional que solicite a su vez a la presidenta del Congreso que certifique si el ex ministro socialista de Fomento José Luis Ábalos goza en la actualidad de la «condición de diputado». En un nuevo informe, los agentes de la UCO de Guardia Civil inciden en que «la enumeración lógica de inicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García), (Víctor) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último».
La UCO sostiene que «se debería investigar qué relación tendría el exministro» con la «organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada».
La petición del juez Ismael Moreno tiene lugar después de que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 recibiera el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de este pasado 9 de octubre donde se refleja que Ábalos habría usado teléfonos seguros proporcionados por la trama de las mascarillas, en concreto por Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil que habría recibidos pagos del empresario Víctor Gonzalo de Aldama.
El juez también lo hizo después de tomar declaración a tres de los detenidos en el caso Hidrocarburos, entre ellos Víctor Aldama, uno de los cabecillas de la trama Koldo, que logró vender mascarillas al Estado por 53 millones de euros. Junto a Aldama fueron detenidos el empresario Carlos Rivas y su hermana María Luisa Rivas. Aldama y Rivas pasaron a prisión.
La actuación del juez Ismael Moreno suponía un paso previo a una eventual imputación, dado que para proceder penalmente contra un diputado primero hay que consultar su condición al Congreso y, tras recibir respuesta, tendría que redactar una exposición de motivos para enviarla al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar a un diputado.
Ahora, tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción, el juez puede solicitar que se le retire el aforamiento a Ábalos y llamarle a declarar como imputado tras redactar una exposición de motivos y elevarla al Tribunal Supremo.
En la providencia judicial que se dictó el pasado jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 da traslado al Ministerio Público del oficio de la UCO fechado a 8 de octubre «para su conocimiento» y para que «informe lo que estime procedente en Derecho».
A su vez, el juez -a través de la Presidencia de la Audiencia Nacional- solicitaba a la Presidencia del Congreso de los Diputados «que expida certificación acreditativa, en su caso, de la condición de diputado de José Luis Ábalos Meco en la actualidad», lo que se leyó como un paso previo a su imputación.
