La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desata una guerra interna en el seno del Ministerio Público. Las principales asociaciones de fiscales exigen la dimisión inmediata tras el durísimo escrito del Tribunal Supremo contra su jefe, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha salido en tromba a defenderle, generando un «profundo malestar» por la imagen dejada y anteriormente tocada tras el sonoro varapalo a la hora de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos, a pesar del manifiesto conflicto de interés al ser la esposa del exjuez Baltasar Garzón, que se encarga de esa misma competencia como abogado.
La imputación de García Ortiz ha generado una lluvia de críticas contra el fiscal general por no abandonar su puesto, más cuando afecta directamente a la credibilidad de la institución. «A Ábalos le cesaron sin estar imputado», recuerda un fiscal consultado por este medio. En este mismo sentido, se han posicionado varias asociaciones, como la Asociación de Fiscales, la mayoritaria del sector. La imputación hunde la «credibilidad» del resto de fiscales, «es necesaria su dimisión», afirma el fiscal.
LA FISCALÍA Y SU ESCASA CREDIBILIDAD TRAS LA IMPUTACIÓN DE GARCÍA ORTIZ
La situación es «lamentable», afirman desde la Asociación de Fiscales. Para la Asociación Francisco de Vitoria considera que es «un día triste la para justicia de nuestro país porque por primera vez en la historia tenemos a un Fiscal General del Estado con la condición de investigado en un proceso penal». Todas las fuentes señalan que es necesario defender la «independencia del Ministerio Fiscal» y para ello exigen la cabeza de García Ortiz, quien se niega ahora a dimitir.
García Ortiz está ahora imputado por unos hechos que ocurrieron en la noche del 13 de marzo, en pleno movimiento del PSOE y del Gobierno para tratar de acorralar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, quien está imputado por fraude fiscal y falsedad documental y llegó a un pacto con la Fiscalía Provincial de Madrid para cerrar el asunto. No obstante, la Fiscalía General se negó en rotundo y se inmiscuyó directamente, hasta el punto de desvelar información a la que solo tenían acceso la defensa de González y el propio Ministerio Fiscal.
El enfrentamiento entre la Fiscalía Provincial y la Fiscalía General del Estado acabó con una filtración interesada a los medios de comunicación con datos relevantes y personales del imputado González. El Supremo no solo indaga en la nota de prensa difundida, sino en quién dio la orden directa para que los medios pudieran conocer datos personales y protegidos de un acusado. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar y contraatacó señalando directamente a Álvaro García Ortiz como el artífice de que sus datos fueran difundidos por las redacciones.
24 HORAS DE INFARTO POR UN ANÓNIMO
Hasta ese momento, la Fiscalía Provincial de Madrid había tratado de cerrar el pacto con la asunción de González de haber cometido dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental, unos hechos que hubieran conllevado el pago de una sanción y un periodo de cárcel inferior a dos años. Tras conocerse esta posibilidad, la Fiscalía General trató de frenar a la Fiscalía Provincial de Madrid y se exigieron las conversaciones que se mantuvieron para alcanzar dicho acuerdo.
Los nervios afloraron entre los fiscales encargados del caso, las llamadas a sus jefes se repitieron a lo largo de aquella noche, mientras que desde la Fiscalía General se presionaba para tener toda la documentación disponible. El fiscal encargado de negociar con la defensa del novio de Ayuso, Julián Salto, tuvo que salir de un partido de fútbol de Champions para reenviar esos correos electrónicos, según publicó El Mundo, junto con un detallado informe sobre los hitos procesales.
Tras el envío de dicha documentación a sus superiores, la Ser daba la información sobre el acuerdo y afirmó que «la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas». Ese comunicado se escribe desde la Fiscalía General, pero aportando datos de la defensa de González, un hecho por el que la Fiscalía Superior de Madrid se niega a hacer pública dicha nota de prensa. Asimismo, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid se negó a ser partícipe de estos actos inusuales y rechazó facilitar una negociación con una persona completamente anónima.
Ante el rechazo desde Madrid a las órdenes de la Fiscalía General, el propio García Ortiz dio la orden de dar la nota a los medios con los datos contenidos en los mails, asegurando que ese escrito estaba pactado con la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por la imputada Pilar
Rodríguez.
GARCÍA ORTIZ PUDO VULNERAR EL DERECHO DE DEFENSA DE LA PAREJA DE AYUSO
Las prisas acorralaron a García Ortiz, quien exigió a la Fiscalía de Madrid facilitar las cosas y asumiendo él mismo «la responsabilidad última». El Fiscal dio la orden y exigió a Almudena Lastra publicarla con un mensaje: «Es imperativo sacarla», según detalló El Mundo.
«Nos están dejando como mentirosos», afirmó García Ortiz a su interlocutura, que le hizo el vacío más absoluto al no cogerle el teléfono. «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla», afirmó. Apenas una hora más tarde, se difundió toda la información sensible sobre González y se envió desde la Fiscalía General a la Fiscalía Superior de Madrid.
Con esta maniobra, el Tribunal Supremo ha abierto la investigación por una presunta vulneración del derecho de defensa y revelación de secretos, una figura inédita hasta ahora en democracia contra una fiscal general del Estado y que ha sentado como un jarro de agua fría entre sus subordinados.
