Dos dirigentes de la organización terrorista Resistencia Galega se enfrentan a 15 años de prisión por ordenar y facilitar el material para un atentado contra el Ayuntamiento de Baralla (Lugo) en 2014. El juicio, que comienza esta semana en la Audiencia Nacional, se centra en la autoría mediata de los acusados en un delito de estragos terroristas que causó cuantiosos daños materiales.
La acusación de la Fiscalía
La Fiscalía solicita para Antonio García Matos y Asunción Losada Camba 15 años de prisión por delito de estragos terroristas en grado de autoría mediata. Se les acusa de dar las órdenes y proporcionar el explosivo a Raúl Agulleiro Cartoy, quien ya fue condenado por colocar y detonar la bomba en el Ayuntamiento de Baralla la madrugada del 1 de octubre de 2014. El Ministerio Público sostiene que los acusados planearon y dirigieron la operación, utilizando a Agulleiro Cartoy como ejecutor material del atentado. Esta estrategia de autoría mediata es común en organizaciones terroristas, donde los líderes evitan la acción directa para dificultar su persecución y mantener el control de la organización.
La acusación se basa en la conexión probada entre los acusados y Agulleiro Cartoy, así como en las evidencias que demuestran la planificación y suministro del material explosivo. La Fiscalía considera que existen suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad de García Matos y Losada Camba en la autoría intelectual y material del atentado. El juicio se presenta como una oportunidad para esclarecer completamente los hechos y depurar las responsabilidades de todos los implicados en este acto terrorista.
El atentado de Baralla
El atentado contra el Ayuntamiento de Baralla causó importantes daños materiales, valorados en más de 222.000 euros. La explosión, ocurrida sobre las 4:45 de la madrugada, provocó la destrucción total de la puerta de entrada, arrancamiento de material de la fachada, grietas en columnas y soportal, derribos en el interior, rotura de ventanas, caída de falsos techos y daños en el mobiliario. Más allá de las pérdidas económicas, el atentado generó una gran conmoción en la localidad gallega y en toda España, recordando la amenaza del terrorismo y la necesidad de una firme respuesta por parte del Estado de Derecho.
El atentado se enmarca en la trayectoria violenta de Resistencia Galega, una organización terrorista que perpetró numerosos ataques en Galicia, principalmente contra objetivos relacionados con el Estado, infraestructuras y empresas.
