El PSC ha escogido el séptimo aniversario de la manifestación del 😯 para pedir la expulsión de la Policía Nacional de la Jefatura de Via Laietana, conocida por los agentes del cuerpo como ‘El Álamo’ por la defensa que se hizo del edificio en 2019, cuando tres agentes tuvieron que jubilarse por las heridas sufridas en el asedio de Urquinaona.
El PSC ha pedido formalmente convertir la comisaría en un centro de «memoria», una petición que ha exigido ERC y la CUP desde hace años y que ahora se hace realidad. El Ayuntamiento de Barcelona ha maniobrado en varias ocasiones en este sentido, pero el Gobierno central lo ha impedido, hasta ahora. Y es que, quien lo pide es el PSC, socio del PSOE en Cataluña y liderado por Salvador Illa.
El PSC de Salvador Illa se sumó a los Comuns de Jéssica Albiach para transaccionar la propuesta de resolución que insta a la Generalitat a negociar el traslado de la Policía Nacional de Barcelona, una expulsión que ya se advertía desde antes de las pasadas elecciones autonómicas y que los socialistas negaron durante la campaña electoral. El PSC de Barcelona, liderado por el alcalde Jaume Collboni, afirmó que habría que buscar otro lugar a la Policía Nacional. No obstante, el Gobierno ha paralizado todo intento debido al revuelo levantado.
EL DESAHUCIO DE VÍA LAIETANA SIGNIFICA LA EXPULSIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
En este cambio, la comisaría de Vía Laietana será un «espacio de memoria» al haberse utilizado como un centro de la dictadura franquista. ERC llegó a asegurar que fue un centro de tortura. Esta petición forma parte del documento acordado entre los socialistas y los morados dentro del debate de política general de la Cámara catalana. El plazo para proceder a la negociación que inicie la expulsión de la Policía Nacional de Barcelona expira el próximo 31 de diciembre.
Ante esta nueva afrenta contra la Policía Nacional ha movilizado a los sindicatos del cuerpo. Los agentes no sólo han defendido su permanencia en la Jefatura de Vía Laietana, sino también declarar a Cataluña como una zona de Especial Singularidad debido a la tensión política contra los agentes -en Girona se ha prohibido vestir de uniforme a los agentes homenajeados por los Mossos d’Esquadra sin que el PSC haya movido un dedo en contra- así como por los altos índices de inseguridad que se registran en la comunidad autónoma, con ataques a comisarías, como ha ocurrido en Reus y otros centros.
El nuevo pacto entre PSC y los Comuns también se acordó entre el PSOE, ERC y Junts el pasado año y que supone de facto la salida de los agentes de Cataluña. «Sólo va a quedar para realizar la tarea administrativa, como la renovación del DNI y el pasaporte», según aseguran fuentes policiales a tenor del incremento de efectivos de los Mossos d’Esquadra y las exigencias de Junts, según apuntan fuentes independentistas a MONCLOA.
POLICÍA NACIONAL PARA HACER DNI EN CATALUÑA
Desde Junts insisten en la petición de eliminar el cuartel del Bruc, así como el cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, ambos en Barcelona. Se trata de una exigencia «histórica» de los independentistas y una realidad más que posible al materializarse los recursos entregados a los Mossos, que obtienen cada año más competencias a pesar de la exclusividad que ostenta por el momento la Guardia Civil en Cataluña.
Las fuentes policiales consideran que se trata de un nuevo «atropello» del Estado a sus propios derechos, al verse relegados a un segundo plano en el día a día, mientras recuerdan que fueron ellos quienes dieron y dan la cara cuando se producen graves altercados. Cabe señalar que los Mosssos tienen prohibido el uso de bolas de goma para dispersar a multitudes y elementos hostiles en las concentraciones, mientras que la Policía Nacional y Guardia Civil pueden usarlas en Cataluña, como pasó durante la celebración del referéndum del 1-O y las sucesivas batallas campales en distintos municipios catalanes, especialmente en la Ciudad Condal.
«Los independentistas lograrían su objetivo de desalojar a la Policía Nacional de Vía Laietana», ha asegurado Jupol en un comunicado. Esta pretensión fue publicada por MONCLOA a principios de octubre, como parte del pacto oculto entre ERC y el PSOE.
El inmueble, conocido como ‘El Álamo‘ por los graves disturbios de la semana posterior a la sentencia del Tribunal Supremo a los políticos presos por la sentencia del 1-O, fue objeto de discusión en el pasado. En 2021, el Gobierno afirmó que Vía Laietana 43 fue un «centro de tortura» y con esta premisa se está montando un relato para eliminar su actual función y expulsar la Jefatura de la Policía Nacional de allí.
Jupol ha pedido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, una garantía por escrito y de forma inmediata la «permanencia de todos los trabajadores de la Policía Nacional en Cataluña y que muestre su apoyo a los agentes allí destinados». No obstante, la respuesta viene en forma de presión a Interior y con el apoyo de un socio imprescindible para Pedro Sánchez.
